La contratación por parte de la Municipalidad de Yerba Buena de la consultora Reale Dalla Torre, que habría consignado un domicilio inexistente para ser fichada, se hizo a través de una contratación directa. El régimen de ese municipio establece que a ese mecanismo se puede recurrir si el monto de la operación no supera los $ 14.999. Sin embargo, en este caso el precio asciende a $ 223.000.

¿Cómo hicieron, entonces? La ordenanza número 1.299, que establece las contrataciones, prevé excepciones. Una de esas distinciones fija -en su artículo séptimo, inciso cuarto- que también puede emplearse de forma directa a artistas, técnicos o científicos. Y a ese párrafo acudió el intendente de esa ciudad, el radical Mariano Campero, para firmar un contrato de locación de servicios con Reale Dalla Torre Consultores S.A. (RDT).

A decir suyo, lo requerido a la firma se encuadra dentro de una prestación científica. “Acá no hay rarezas. Me hago cargo. No tengo nada que esconder; al contrario. El eje de mi gestión es la transparencia. En menos de un mes, la empresa presentará su informe”, añade.

- ¿Cuántas otras contrataciones directas ha hecho en lo que va de gobierno?

- Estos convenios tienen que ver con un espíritu profesional. Se hacen cuando se requieren expertos. El consultor colombiano Gustavo Restrepo, por ejemplo, ha sido convocado de este modo. También se acordó con el estudio “Marchese, Grandi, Mesón & Asociados” un servicio de reorganización del área de compras. Y los músicos del dúo Coplanacu y del grupo Los Huayra fueron contratados bajo esta modalidad.

Un error

El caso de RDT ocupa estas páginas desde hace unas semanas, luego de que un empleado municipal del área de Despacho no pudiera entregar una notificación en una de las sedes establecidas por la compañía, en la calle Paraguay al 1.200 de ese distrito, porque el domicilio era inexistente -según consignó ese agente-. 

Sobre eso, el jefe de Gabinete, Manuel Courel, argumentó, en esa ocasión, que se trató de un “error administrativo”, debido a que, por una disposición interna, los contratistas deben tener domicilio en esa ciudad. 

En el contrato, Reale Dalla Torre consignó dos direcciones: Primitivo de la Reta 1.010, quinto piso, departamento “A”, en la capital de Mendoza; y el “domicilio especial” de la calle Paraguay. 

Al cabo, RDT volvió a ser noticia, pues dos de sus dueños figuran entre los aportantes de la campaña electoral del presidente, Mauricio Macri, según la rendición de cuentas que hizo Cambiemos. Esa curiosidad surge del informe financiero que esa alianza político le entregó a la Cámara Nacional Electoral, para dar a conocer sus gastos en las elecciones primarias, abiertas y simultáneas del año pasado. En esa lista de donantes aparecen los empresarios mendocinos Adrián Dalla Torre y Jorge Reale -dueños de la consultora-, con un aporte de $ 95.000 cada uno.

Ante eso, se le pregunta a Campero cómo estableció vínculo con los cuyanos. “Necesitábamos un estudio profesional. Pedimos en Buenos Aires un listado de consultoras que hicieran este tipo de trabajo. Evaluamos las ofrecidas y optamos por la que nos parecía adecuada”, dice.

Denuncias 

Y es en el ámbito nacional -justamente- donde por estos días se han escrito otros artículos sobre los publicistas. Según publicó el diario “Página 12”, y reprodujeron otros medios, como “Ambito”, la agencia ha sido denunciada por su manejo de la publicidad porteña. El año pasado se abrió una causa por el presunto desvío de fondos de propaganda que debían ir a medios comunitarios, pero -denunciaron algunos de los dueños de esas radios y canales- el dinero no llegó (o obtuvieron un monto menor). 

De acuerdo a “Página 12”, una radio de La Pampa y otra de General Pico, por ejemplo, dijeron que había recibido unos $ 160.000 menos de lo que figuraba en los registros porteños, y que la intermediaria había sido Reale Dalla Torre.

El contrato entre la firma y el municipio yerbabuenense fue firmado el 25 de agosto. A grandes rasgos, a la consultora se le encargó un análisis sobre la “situación político, social y económica”. En cuanto a la duración de la tarea, se fijó un período máximo de 45 días, a contar desde la fecha de suscripción. 

Así las cosas, han transcurrido más de 50 días corridos y casi unos 40 días hábiles. En cuanto al pago de esos $ 223.000, se acordó un primer desembolso de casi $ 112.000 al momento de la aprobación del expediente, y el saldo al finalizar. La erogación -se lee en el contrato- se imputará en la Partida Principal 12 del presupuesto municipal, como honorarios y retribuciones a terceros. 

En su página web, RDT se describe como una agencia de publicidad, marketing político y planificación de medios. Muchos de sus proyectos -indican- están relacionados a la comunicación política y a la gestión pública.

En abril de 2016, mientras el intendente, Mariano Campero, estaba de viaje debido a su casamiento, el concejal Javier Jantus, quien -en consecuencia- había quedado al frente de la Municipalidad ejerciendo el cargo en forma interina, modificó la ordenanza número 1.299, que establece el régimen de contrataciones. 

La normativa original data de 2003. El edil consideró que, habiendo pasado varios años desde la sanción, era necesario imponer una actualización de los valores asignados a las licitaciones, concursos de precios y contrataciones directas.

Cuando se le pregunta porqué, Jantus explica que los montos ya habían quedado retrasados. Así las cosas, se fijaron los siguientes valores de acuerdo al acto administrativo que se trate:

- Licitación pública: cuando el monto de la compra, contratación sobre trabajo o suministro, locación, arrendamiento o servicio exceda los $ 125.000.

- Licitación privada: si el monto de la operación oscila entre los $ 62.000 y $ 124.999.

- Concurso de precios: cuando el monto varía entre los $ 61.999 y los $ 15.000.

- Contratación directa: cuando el monto no supere los $ 14.999.