En esta etapa una pinchadura -autorizada o ilegal- no se le niega a nadie, tampoco su divulgación. Charlas particulares entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli fueron venteadas por el periodismo in the pendiente, Diputadas de la Coalición Cívica se valen de escuchas a teléfonos de la cárcel para empiojar la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla. “Nadie” se rasgó las vestiduras, el ministro de Justicia Germán Garavano permaneció impertérrito, la Corte Suprema miró para otro lado.
En Ciudad Gótica, el Gobierno promueve juicio político contra Ramos Padilla por su intervención en el Congreso. Los cargos son imprecisos y falsos a la vez. El magistrado difundió pruebas incorporadas a un expediente que es público. Todos lo son, en principio. Lo estatal es público, suena a redundancia quizá porque lo sea.
Además, el secreto del sumario cesó. Por añadidura, es potestad del juez determinar su comienzo, prórroga y fin. No hay ahí falla alguna.
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La “falta de imparcialidad” es un cargo opinable que tiene reparación durante el proceso. Es causal de recusación, las partes están facultadas a interponerla. El Estado argentino no es parte en el pleito, a menos que se cuele (tácitamente) en nombre de agentes de servicios de inteligencia, “de planta” o informales. Como escribió el colega Martín Rodríguez tiempo ha: en la Argentina es más fácil separar a la Iglesia del Estado que al periodismo de la SIDE. La SIDE se llama ahora AFI, solo eso cambió.
Parece difícil que el juicio político avance. Los jueces que integran el Consejo de la Magistratura deberían oponerse por mínimo respeto a su labor y apego a la ley. También el representante de los abogados Juan Pablo Mas Vélez cuya condición de radical no debería perturbarlo.
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Los canales de la cadena privada de propaganda macrista produjeron un apagón televisivo durante la sesión, a costa de perder rating. No les alcanza porque sobreviven medios críticos que la hacen conocer.
El periodista Edi Zunino publica en Perfil una columna lapidaria sobre su ex compañero en Animales Sueltos, Daniel Santoro. Lo sindica como “coronel” del periodismo de guerra, no es poco.
La desesperación oficialista da cuenta de la credibilidad del material incorporado al expediente, obtenido e informado de modo legal. La judicialización de la política por una vez se les hizo búmeran a las huestes del presidente Mauricio Macri. La degradación institucional crece día tras día. El pedido de juicio político guarda plena coherencia con el contexto, mientras lo agrava.
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