Las raíces de la mala onda empresaria

Por Néstor O. Scibona

Aunque la recesión vaya quedando atrás, cuesta encontrar empresarios francamente optimistas fuera del decreciente elenco habitué de los actos oficiales. Tampoco este artificial microclima indica mucho: en esa clase de actos, hasta jubilados que cobran la mínima elogian a Cristina Kirchner y cuestionan a sus pares que se quejan pese al medio aguinaldo extra que cobrarán en diciembre. Allí nunca se habla de inflación, desempleo o inseguridad.

En la vereda de enfrente hay desconfianza y mala onda con todo lo que tenga procedencia K, pero difícilmente este clima microeconómico pueda ser atribuido a una conspiración mediática. Hay razones más objetivas que lo justifican.

La raíz de este divorcio entre el mundo oficial y el mundo real puede estar en que el Estado se ocupa menos de lo que debiera (educación, seguridad, narcotráfico, desarmaderos clandestinos, mafias, arbitraje de conflictos, fortalecimiento de instituciones) que de lo que no debería (intervenir y dividir a sectores económicos y empresas entre aliados o enemigos). En este último caso, con el agravante de que las reglas parecen ser la excepción y viceversa. Todo se hace o se deshace en función de la discrecionalidad, la concentración de poder y el espíritu de confrontación política del matrimonio Kirchner.

Cada caso en particular se transforma en un riesgo general. Así como ante cada inexplicable asesinato para robar un auto buena parte de la sociedad siente que puede ser la próxima víctima, en el mundo empresario cada arbitrario ataque oficial a una compañía hace que muchos sientan que pueda sucederles algo similar, aunque no lo digan públicamente. El "enemigo" es hoy el Grupo Clarín (no lo era hace dos años), pero en cualquier momento, y por cualquier razón, cualquier empresa puede quedar en el centro del blanco y sin muchas posibilidades de defensa.

No hace falta ser accionista de Papel Prensa para advertir que en la filosofía K el fin justifica cualquier medio y que las formas son lo de menos. Nadie cree tampoco que Guillermo Moreno actúe por su propia cuenta y orden. Los relevos de los titulares de la CNV (Eduardo Hecker) y de la Sigen (Carlos Pacios) son un indicador preocupante, no sólo de la creciente politización de los organismos técnicos del Estado, sino de un verticalismo cercano a la militarización. Ya ocurrió lo mismo en el pasado con el Indec, la AFIP y la Oncca: quien no se cuadra ante las órdenes de Olivos, se va. De poco vale el apego a la legalidad o a las normas de procedimiento.

El verticalismo político también comprende a los entes reguladores de servicios públicos, donde ningún titular fue elegido por concurso como marca la ley. Aquí, algunas ideas reñidas con el sentido común sólo sirven para demostrar que el gobierno K actúa como juez y parte.

Las facturas de gas, por ejemplo, son acompañadas por una hoja que explica que quienes consumen gas en garrafas (los sectores más pobres) pagan cinco veces más que los subsidiados usuarios de redes. Pero esa aclaración oculta que tal brecha no es decisión de las empresas distribuidoras ni de sus clientes sino una distorsión tarifaria creada y mantenida por el propio Gobierno. También podría indicar que llenar un tanque con GNC apenas equivale a dos horas en cualquier playa de estacionamiento porteña. Otro tanto ocurre con el cartel que exhiben desde hace algunas semanas los colectivos del área metropolitana, cuyos pasajeros -pobres o ricos-, al igual que los de los trenes suburbanos o los subtes porteños, son subsidiados por el Estado (o sea, los contribuyentes de todo el país) para que paguen un boleto equivalente a la mitad de lo que cuesta una vuelta en calesita. En el caso de la electricidad, el sello rojo que recuerda los subsidios no hace hincapié en que más del 50% del monto de las facturas está constituido por impuestos, que se aplican a todos los consumidores y no bajarán aunque se reduzcan los subsidios. Tampoco se aclara en esas comunicaciones oficiosas que, como producto de estas políticas, las reservas de gas alcanzan ahora para sólo ocho años; que los productores locales perciben precios cuatro a seis veces inferiores a lo que cuesta importar gas; que los transportistas de pasajeros reciben del Estado más del 70% de sus ingresos; que los recortes de subsidios ya dispuestos para los mayores consumidores de luz y gas apenas equivalen a una quinta parte del total; y que llevará muchos años corregir con cierta razonabilidad todas estas distorsiones.

La ley de emergencia económica, que acaba de ser prorrogada por dos años, rige desde hace casi siete sin que haya permitido resolver mínimamente algunas de ellas. Pero en cambio se utiliza para intervenir empresas que caen en default (Ausol, TGN) por los precios que fija o congela el Gobierno o los subsidios que demora en pagar, sin que ello les asegure salir del paso. Emgasud, por el contrario, eludió ese riesgo al lograr un acuerdo voluntario con sus acreedores para reprogramar un próximo vencimiento. En este marco de incertidumbre, Metrogas duda entre seguir esta vía o demorar el pago de una obligación de US$ 15 millones ante la escasez de ingresos y de señales oficiales.

En la otra vereda hay sectores beneficiados con disposiciones confeccionadas a medida (AFA; electrónicos fueguinos; sectores con alta protección frente a importaciones; farmacéuticos que vuelven a monopolizar los medicamentos de venta libre; puestos de diarios, lo mismo con medios impresos), que les permiten reconstruir antiguas "quintas". De ahí que no extrañe que hayan aparecido carteles en las calles de Buenos Aires pidiendo la prohibición de instalar nuevos shoppings, en lugar de una regulación por consenso.

Un párrafo aparte merece la alianza entre el Gobierno y Hugo Moyano, que no sólo se limita al manejo de los enormes fondos de obras sociales sin rendir cuentas. Muchos empresarios están cada vez más alarmados por el contenido y las formas de los reclamos de los gremios cegetistas. Algunos distribuidores de diarios vieron armas sobre sus escritorios cuando el sindicato de Pablo Moyano les exigió el traspaso de los choferes de sus flotas. La aérea LAN, a su vez, se enfrenta a un conflicto con los gremios aeronáuticos por un reclamo de ajustes salariales de 40%. El arbitraje del Ministerio de Trabajo sólo se limita en estos casos a dictar conciliaciones obligatorias.

Estos elementos son un contrapeso para las expectativas empresarias. Lo mismo que la reaparición de Moreno con nuevos acuerdos de precios y exigencias de tornar compulsivos los descuentos voluntarios que permitieron amortiguar la caída del consumo. O el apoyo de punteros K a barrabravas de clubes subsidiados por el Estado, a cambio de favores políticos.

La división empresaria entre el universo K y anti K tiene, como no podría ser de otra manera, su correlato en la economía y las decisiones de inversión: a pesar de la incipiente reactivación, nadie piensa en la vuelta al crecimiento a tasas chinas (8,5% promedio en el período 2003/2008), sino más bien a la mitad.

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