Radiografía del deterioro salarial en la Provincia

Radiografía del deterioro salarial en la Provincia
Con una inflación anual cercana al 18% en 2009, y un aumento salarial de sólo 9%, los empleados públicos vieron deteriorar sensiblemente su poder adquisitivo. Hay sectores dentro del Estado bonaerense que resultaron mucho más perjudicados que otros. Las negociaciones que se vienen.
El año 2010 recién está empezando, y el gobierno bonaerense se enfrenta a un problema de difícil solución: recomponer los salarios a empleados estatales y docentes, cuyo poder adquisitivo se vio sensiblemente deteriorado como consecuencia de la inflación real, que en 2009 rondó el 18%.

Así, según datos que manejan gremios estatales, el año que acaba de finalizar fue el peor del último lustro debido a que sólo hubo un aumento de haberes que promedió el 9%, contra un incremento del costo de vida que fue el doble.

En la administración pública bonaerense, uno de los sectores más postergados está encuadrado dentro de la ley 10.430, que agrupa a todos los trabajadores del sector público provincial (empleados de los ministerios, tanto administrativos, técnicos, de maestranza, con excepción de los docentes que se rigen por otro esquema salarial).

Aproximadamente son 110.000 servidores públicos que se encuentran en un mismo escalafón, pero con diferencias enormes en sus remuneraciones, ya que se los puede diferenciar por régimen horario, desde 30 a 48 horas semanales y con diferentes bonificaciones según los ministerios u organismos en los que desarrollan sus tareas.

También se los puede diferenciar en cuanto a otras asignaciones que perciben, fundamentalmente en las sedes centrales de los ministerios y la dirección general de Escuelas, como las Urpes, que originariamente se crearon como compensaciones para premiar la eficiencia y la responsabilidad de los agentes, y posteriormente fueron asignadas en forma discrecional.

Hay números que hablan por sí solos: mientras un auxiliar que sacrifica su mes de vacaciones para asistir a los miles de chicos que diariamente concurren a los comedores escolares a recibir un plato de alimento cobrará un extra de 900 pesos; un empleado de ARBA que realizará inspecciones durante el verano cobrará, aproximadamente, un extra mensual de $ 3.500.

Durante el corriente año se acordaron en paritarias sectoriales la normalización y el blanqueo de Urpes, con mecanismos que alcanzan hasta octubre de 2010. Esto significa que prácticamente todos los trabajadores de las sedes centrales transparentaron, y se unificaron de acuerdo a criterios escalafonarios, los montos a recibir por Urpes. Prácticamente el 80% de estos trabajadores percibirán aproximadamente -pero con los descuentos de ley- lo mismo que recibían en negro, mientras que un 20% se vio beneficiado, ya que hasta el momento no percibían estas Urpes.

"Los grandes perdedores de este proceso de reacomodamiento de los últimos años fueron aquellos trabajadores que desarrollan tareas en las escuelas, es decir, los denominados auxiliares de la educación, que perciben los salarios más reducidos de toda la administración", le dijo a Hoy Alberto Breinlinger, licenciado en Economía y dirigente del gremio Soeme. Y agregó: "Los sectores señalados como mejor remunerados redondean un salario neto de bolsillo promedio de entre 3.000 y 3.500 pesos en las categorías más bajas y de allí para arriba. Los más perjudicados que realizan trabajos de maestranza como porteros, cocineros y administrativos en los miles de colegios de la Provincia perciben un salario neto de entre 1.500 y 1.800 pesos hasta un tope según la antigüedad y su ubicación en el escalafón de $ 2.500".

Breinlinger consideró que, en general, "existen grandes disparidades e injusticias si se analiza la estructura salarial bajo la óptica de igual remuneración para la misma tarea. Sin embargo, la tendencia ha sido que estas diferencias no solamente disminuyan sino que se profundicen".

Otro ejemplo que demuestra esta situación es que existen unos 40 mil trabajadores del régimen de 30 horas que perciben dentro del sueldo neto entre 40 y 300 pesos en negro, es decir que su situación es de suma fragilidad, ya que al jubilarse se le contempla solamente los rubros en blanco.

"La administración pública se debe la tarea de establecer un nuevo escalafón que comience a establecer justicia, fundamentalmente para todos los que perciben menos de $ 2.000 y que representan a más del 60% de los trabajadores estatales. Esta tarea pendiente solamente se logrará con el acuerdo del Estado y las diversas organizaciones que representan a los trabajadores", concluyó Breinlinger.

Piden libertad para negociar sueldos

Las negociaciones para establecer el incremento salarial de este año "serán libres" y cada gremio determinará si acuerda con el sector empresario una suma fija o un porcentaje de aumento, según trascendió ayer desde la CGT.

"Cada sindicato va a negociar por actividad, no se va a imponer ninguna suma o porcentaje fijo", apuntó un dirigente de la CGT en declaraciones a un diario porteño.

Sin embargo, tomando como referencia una inflación prevista superior al 15% para este año, no son pocos los gremios que evalúan sentarse en la mesa de negociaciones con un reclamo promedio del 25% de aumento salarial.

Las primeras paritarias comenzarán a fines de febrero próximo y por eso los líderes sindicales prefieren no anticipar el piso del reclamo.

Pese a ello, abundan los encuentros y ya están previstas las primeras reuniones con el gobierno para mantenerse acorde con la pauta que pida el Ejecutivo.

Gran parte de los gremios estiman una inflación que rondará entre el 17 y el 20% este año, por lo que los pedidos de incremento salarial no bajarían de 20 puntos porcentuales, más allá de los plus salariales que consiguieron varios sindicatos antes

de que finalice 2009.

Un balance "no positivo"

Susana Laburu, dirigente del Soeme y de la Federación de Gremios Estatales y particulares de la Provincia (Fegeppba), afirmó que el balance de 2009 "no fue positivo" para los trabajadores públicos.

Laburu señaló que, entre las demandas que no se pudieron satisfacer, se encuentra el pedido de salir de la garantía salarial de aquellos trabajadores que actualmente cobran "entre 50 y 300 pesos en negro, algo no puede

seguir así. Se debe ir blanqueando la garantía".

También afirmó que otra cuenta pendiente fue que no se actualizaron las asignaciones familiares en la Provincia, algo que si ocurrió a nivel nacional en el mes de octubre. "Ya había un acuerdo paritario que establecía seguir el mismo camino que a nivel nacional con las asignaciones, pero no se cumplió. Incluso aún no se sabe cuándo se cobrará el retroactivo", dijo Laburu.

La dirigente del Soeme consideró que, además, en este año que recién comienza "se va a plantear con toda firmeza la necesidad de que se defina con urgencia una recomposición salarial".

Durante el último congreso de la Fegeppba se emitió una declaración en la que se afirma que los gremios de la administración pública "terminamos el año 2009 con mucha bronca porque el gobierno de la Provincia no nos otorgó la recomposición salarial que habíamos exigido".

También se analizó la situación del IOMA y el Instituto de Previsión Social (IPS). Respecto a la obra social, se señaló que "el gobierno tiene que tomar una decisión de fondo y dejar que sea administrada por los trabajadores".

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