Luego de la apertura de la cuarentena estricta y del paulatino pero sostenido aumento de casos de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires, el escenario se proyecta cuesta arriba para los intendentes. Saben que la cosa se va a poner cada vez más dura. Esta semana, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, hizo principal hincapié en el aumento de los casos en el AMBA y apeló más que nunca a la “responsabilidad individual”. Vizzotti se convirtió en la cara visible del Ministerio de Salud de la Nación y en la principal referencia mediática sobre los avances y retrocesos que tiene la pandemia. Su transparencia marca la preocupación y el ritmo cardíaco de las principales figuras políticas. "Estamos día a día atravesando una situación inédita”, sostuvo Vizzotti en una de las conferencias diarias y se refirió a la “transmisión comunitaria intensa en el AMBA” de esta semana. Los casos ya rondan los 4000 diarios en la provincia de Buenos Aires: 3.801, 4.300, 3.790 en los últimos días.

Sin embargo, la atención de estos mensajes llega al corazón de los intendentes del conurbano por su impacto de la crisis económica. Su preocupación es sanitaria, pero fundamentalmente social y productiva. “Desde que se levanta hasta que se acuesta está pendiente de las camas disponibles y del número de recuperados en el municipio”, sostienen cerca del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. “No sabemos dónde se va a detener el impacto de la pandemia. Aparecen siempre nuevas demandas”, agregaron.

Sucede que desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), una cantidad de problemas emergentes o agravados desbordaron los 1800 barrios populares del conurbano. No todo está atado a lo sanitario. Cuestiones íntimamente ligadas a la discontinuidad de ingresos laborales y económicos en los hogares, la dificultad de acceder a una alimentación básica y estable y la caída de la recaudación representan las principales preocupaciones de los intendentes.

 

Una radiografía necesaria

En la Matanza, la situación sanitaria está siendo “bastante controlada”, responde una voz cercana al intendente. De los 2.400.000 matanceros, los casos positivos de Covid-19 superan por poco los 12.000, pero se mantienen debajo de la media provincial por cantidad de habitantes. “Ahora estamos muy lejos del desborde, pero ningún intendente te puede decir que hoy controla la situación” destaca ante la consulta de Diagonales. La matanza tiene 350 de terapia intensiva, pero el partido mantiene un promedio del 60% de ocupación. Además, cuenta con 4000 camas de aislamiento, aunque por ahora están prácticamente vacías.  

Sin embargo, la preocupación cerca del intendente viene por el crecimiento en la ayuda social y la situación alimentaria. “Las necesidades básicas se han incrementado muchísimo, pasamos de una asistencia de 100 mil familias a más de 300 mil”. Además de esa asistencia, el municipio brinda bolsones de alimentos cada 15 días, 50.000 raciones diarias de comida caliente que se cocinan en cocinas de campaña, y cerca de 170 mil viandas que proviene del Servicio Alimentario Escolar y se entrega en las escuelas.

Por su parte, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, sostuvo a Diagonales que es “inédito el apoyo que se están dando desde el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios”. Resaltó que es “un esfuerzo conjunto increíble para atender la situación sanitaria y social provocada por la pandemia”. Si bien el sistema de salud se fortaleció en estos meses “como nunca”, en boca del intendente, la asistencia alimentaria y productiva es lo más preocupante. “Se pusieron en marcha el Ingreso Familiar de Emergencia, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y los créditos a tasa cero para el sector productivo. Gracias a la decisión del Presidente y del gobernador vemos una foto distinta a la del resto del mundo”, remarcó Zabaleta.

Hurlingham tiene el 22% de ocupación de camas en el sistema de salud vinculadas al Covid-19. Hay 1137 contagios, casi el 60% recuperado. Cuenta con un centro de emergencias para la pandemia, el Hospital Modular, uno de los ocho que construyó el Gobierno Nacional en el conurbano y uno de los doce que se encuentran en todo el país, donde hay 76 camas. De éstas, 26 son de terapia intensiva y 50 de internación leve. En internación leve hay 16 vecinos en buen estado de salud, y en terapia intensiva 4 vecinos: uno solo conectado a respirador y 3 con una situación estable.

Del mismo modo que La Matanza, la preocupación del intendente de Hurlingham viene de la mano de la economía. Antes de la pandemia, el municipio asistía a casi 6000 familias que retiraban alimentos en forma mensual. Sin embargo, eso tuvo un incremento muy importante en estos meses, se pasó a casi 12.000 familias de forma quincenal, y la cantidad de mercadería que se entrega se cuadriplicó. En Hurlingham hay 5000 familias con tarjetas del programa Alimentar. En cuanto al SAE, se cubre una matrícula de 27.000 chicos y chicas, además de los bolsones que se entregan cada quince días en el marco de la pandemia. “Antes los chicos desayunaban, almorzaban y/o merendaban en la escuela, dependiendo el turno y la necesidad, pero ahora se universalizó la canasta y se entrega la misma ración a todos los chicos”, sostuvo una fuente cercana al municipio de Hurlingham.

 

La experiencia acumulada en valor

Si bien hay grandes diferencias con el escenario de fines de los 90 e inicios de los 2000, el fantasma de la crisis social y económica del 2001 está frente a cada situación adversa que atraviesa la Argentina. También lo están las respuestas económicas e institucionales que provinieron en aquellos años por parte de la política y la acción mayormente mancomunada que se vio a partir de los años 2002 y 2003. Sin embargo, en el espejo de esta situación tan crítica recae la preocupación de los y las intendentes/as del conurbano. No pueden mirar para otro lado.

Dos elementos componen el paralelismo con aquellos años. Las respuestas activas por parte del Estado frente a las demandas de la ciudadanía y las políticas activas de mercado interno frente a una situación económica sumamente preocupante. Tanto la respuesta del Estado como la inyección de dinero por abajo frente a la situación crítica que atraviesa la sociedad son dos cartas de manual con las que hoy cuentan la mayoría de los intendentes. 

En los más de 1800 barrios populares del conurbano, la situación crítica no remite solo a los contagios, a la ocupación de las camas y a los muertos por Coronavirus, sino que el famoso “no es la cuarentena, es la pandemia” afecta particularmente a las zonas atadas a la economía formal e informal con altos índices de desempleo, pobreza e indigencia. Actualmente, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés (cuervo) Larroque, aumentó de 1000 a 2600 millones en los últimos cuatro meses. En su gran mayoría, son viandas y desayunos que se brindan en las escuelas de los municipios de toda la provincia, y le representa al Ministerio de la provincia entre el 75% y el 80% del presupuesto total. Del mismo modo, también existe un Fondo de Emergencia para las demandas que explotan en algunos de los municipios más afectados o incluso, “por una muy mala ejecución”, desliza un trabajador del Ministerio frente a la consulta de Diagonales. “Los canales están abiertos con todas las organizaciones, mucho más si la demanda es por falta de mercadería”, sostuvo una persona que trabaja codo a codo junto al ministro Andrés Larroque, en el marco de una movilización el día viernes con ollas populares de la organización territorial Barrios de Pie tanto en el obelisco como en otras localidades.

Además del SAE,  es preciso agregar las políticas que provienen de Nación, entre ellas: la Tarjeta Alimentar tiene 600 mil beneficiarios y beneficiarias que se otorga a beneficiarias de la AUH con uno/a o más niñes menores de 6 años, y representa un plus de $4.000 -para quien tiene un hijo/a- o $6.000 -para quien tenga dos o más; el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que abarca a cerca de 3.000.000 que cobran los $10.000; y son casi 300.000 los próximos beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que si bien aún está en proceso, representa la suma de Hacemos Futuro y Salario Social Complementario que actualmente abarcan a 580.000 trabajadores y trabajadoras. Potenciar Trabajo se propone: “unidades productivas para que las personas puedan poner en marcha, reactivar, consolidar o mejorar iniciativas individuales o colectivas, urbanas o rurales”, así lo define la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacional.

A eso hay que sumar el anuncio de esta semana que hizo el gobernador Axel Kicillof, de $500 diarios con un máximo de $7000, a las personas que tengan alguna complejidad y tengan que internarse.  Según supieron confirmar a Diagonales, el incentivo monetario “responde a un bajo nivel de internación, se hace para que no funcione como centro de aislamiento, sino como de rehabilitación”.