Radiodifusión: ya gastaron más de 15 millones en propaganda

Los métodos van desde avisos publicitarios, carteles en vía pública, sitios y enlaces en Internet, hasta suplementos, folletos, charlas y spots en recitales. También se sumó el pago a barrabravas para exhibir banderas a favor de la nueva ley.
Por qué el Estado gasta los fondos de todos para montar una propaladora mediática en favor de la sanción de una ley?

Todavía no ingresó al Congreso para su correspondiente debate parlamentario, pero la estrategia oficial para publicitar el anteproyecto de la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya se desplegó con una amplia y costosa parafernalia propagandística. Los métodos para difundir la iniciativa van desde campañas publicitarias en diarios, radio, TV y vía pública, hasta la creación y financiamiento de sitios web, algunos reconocidos como oficiales y otros no.

También herramientas poco ortodoxas, como campañas de mails a usuarios de medios digitales sin autorización de sus editores, promociones en eventos musicales o la reiterada difusión de cables noticiosos de agencias estatales. Incluso se apeló al más controvertido de los recursos: la contratación de barrabravas para exhibir en la cancha banderas a favor de la nueva ley. En el mercado publicitario se calcula que la movida oficial ya habría demandado entre 15 y 20 millones.

La maquinaria se puso en marcha el 18 de marzo, cuando la Presidenta presentó en sociedad, en un acto partidario en La Plata, el citado anteproyecto. Según datos proporcionados por el Monitor de Medios Publicitarios, en diarios, radio y televisión, la campaña publicitaria demandó, sólo hasta principios de mayo, unos 11.086.472 pesos. Si se suman los medios no auditados -varios de ellos grandes receptores de pauta oficial- el costo ascendería no menos que un 35%, acercándolo a los 15 millones de pesos. Más modesta, la campaña de afiches y gigantografías firmada por el INCAA habría tenido un costo, en marzo, de unos 63.647 pesos.

Además de difundirse ampliamente en los medios de comunicación estatales (la agencia Télam, Canal 7, Radio Nacional), la secretaría de Medios, que maneja Enrique Albistur -investigado por beneficiar a empresas familiares con publicidad oficial- contrató la publicación de costosos suplementos especiales en diarios gratuitos y populares ligados al oficialismo. Los argumentos a favor del anteproyecto se repiten también en varios sitios de Internet que fueron lanzados recientemente. Se calcula que crear y mantener por mes cada sitio cuesta entre 35 y 65 mil pesos.

La ofensiva en la Web presenta una vuelta más: la publicidad de estos mismos sitios, a través de un sistema creado por Google que redirecciona al usuario cuando se encuentra leyendo otros medios. Cuando estos "enlaces patrocinados" se insertan, por ejemplo, debajo de una nota de Clarín o La Nación vinculada a la radiodifusión, muchos creen que ese enlace es la continuación de la noticia, cuando en realidad se está desviando la lectura a un sitio de propaganda. Se calcula que una campaña de este tipo cuesta alrededor de 50 mil pesos. A esto hay que sumarle los más tradicionales "banners", que aparecieron en las versiones digitales de diarios y revistas, cuyo costo mensual oscila entre 10 y 50 mil pesos en cada medio.

Con mucha polémica, el anteproyecto también llegó a la cancha. Un repudio generalizado cosechó la estrategia K de pagar a barrabravas para que desplieguen en el último partido Boca-River consignas contra Clarín y a favor de la nueva ley. El extraño acuerdo entre las barras y la agrupación La Cámpora (cuyo referente es Máximo, el hijo mayor de los Kirchner) también incluyó el reparto de volantes sobre el mismo tema. Los jefes de los grupos violentos habrían cobrado cada uno entre 75 y 100 mil pesos, y el dinero habría salido de una oficina de la Casa Rosada. En entrevistas radiales, jóvenes de la JP Evita y La Cámpora no desmintieron los pagos efectuados. También en la cancha hubo otro tipo de publicidad: la proyección de spots en recitales; el 22 de marzo en el de Peter Gabriel, o los del Quilmes Rock. Eso cuesta cerca de 50 mil pesos.

Otra iniciativa polémica fue una orden oficial apelando al artículo 72 de la ley de radiodifusión actual. El mismo reserva segundos de aire en canales de TV y radios privadas para avisos de "bien público". El Comfer pretendió emitir, en su lugar, avisos sobre el anteproyecto.

El oficialismo también quiso estar presente en las aulas. Por una iniciativa que la oposición catalogó de "adoctrinamiento": más de 20 mil alumnos bonaerenses participaron de clases especiales, a cargos de estudiantes y docentes de la Universidad de Lomas de Zamora. La idea se concretó mediante un acuerdo entre el Comfer, el Ministerio de Educación y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

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