Radiodifusión: especialistas piden un organismo de aplicación más plural

Señalan que el Congreso debería tener mayor protagonismo; los puntos más controvertidos del proyecto oficial y la situación en otros países del mundo
Las acaloradas discusiones que se vivieron esta semana en el Congreso reflejan las tensiones que genera la propuesta gubernamental para modificar la ley de Radiodifusión. Lejos de la negociación política, especialistas en comunicación consultados por lanacion.com analizaron los puntos más polémicos de la iniciativa y explicaron cómo funcionan los sistemas de medios en Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

La creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo que garantizaría la aplicación de la nueva ley, es el punto que genera mayores coincidencias: investigadores y docentes celebraron el posible surgimiento de una institución que reemplace al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que hace décadas funciona bajo la intervención directa del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la composición de esta nueva cartera genera discrepancias. "Es central lograr una buena autoridad de aplicación, porque así se espantarán los fantasmas sobre el control gubernamental, la manipulación y las operaciones políticas", dice Martín Becerra, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Y sugiere modificaciones para que el Congreso tenga más protagonismo dentro del organismo. "Es la clave de la ley", afirma.

La iniciativa presentada por el oficialismo indica que el organismo estaría compuesto por cinco directores: tres serían nombrados por el Ejecutivo y dos, a propuesta de las fuerzas políticas minoritarias del Congreso.

El abogado Federico Vibes, profesor de Derecho de Entretenimiento en la Universidad Austral, critica la actual composición: "Debería ser más plural y representativa, con un equilibrio mayor entre la representación del Ejecutivo y la del Legislativo". Además, advierte que, si el proyecto se aprueba sin modificaciones, la comunicación estará orientada hacia la "manipulación" estatal.

En la misma línea, Mariano Ure, investigador de Ética de la Comunicación en la Universidad Católica Argentina sugiere "revertir los términos" de la iniciativa: "Lo ideal sería la designación de tres miembros por el Congreso y dos por el Ejecutivo. Sería la mayor garantía de pluralidad", explica.

¿Cómo funciona en otros países? En Estados Unidos, la Federal Communications Commission (FCC) está integrada por cinco miembros ( http://www.fcc.gov/commissioners ), todos designados por el presidente y validados por el Senado, aunque sólo tres pueden pertenecer al mismo partido político. El Conseil Supérieur de l´Audiovisuel (CSA) de Francia está compuesto por nueve miembros nombrados, por decreto, por el presidente: el propio primer mandatario aprueba a tres, y los presidentes del Senado y de la Asamblea Nacional francesa designan a tres más cada uno. Es decir, el oficialismo también tiene mayoría en la autoridad de aplicación.

Aire vs. cable. El artículo 38 es tan extenso como polémico. En el inciso 2.C, la propuesta del Gobierno indica que se puede operar "hasta una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta". Es decir, las empresas deberían elegir entre brindar servicios de televisión por cable (con la operación de un canal por suscripción) o administrar un canal de aire.

"En este sentido, el proyecto es excesivo. No veo graves inconvenientes para que, en Buenos Aires, coexistan ambos servicios", afirma Guillermo Mastrini, titular de la cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En cambio, recomienda aplicar esta restricción en las ciudades donde "haya sólo un prestador de cable y sólo un canal de televisión".

La propuesta implementada por el oficialismo no tiene antecedentes en ningún otro sistema de medios del mundo. Sin embargo, la cantidad de abonados a la televisión por cable en la Argentina es muy superior a la de otros países. En Europa, por ejemplo, el fuerte desarrollo de los canales de aire estatales no permitió que el negocio de la televisión por suscripción creciera como en la Argentina.

En defensa del proyecto, Becerra asegura que "son dos actividades de distinta naturaleza, que deben estar separadas". Además, explica: "De esta manera, se evita que una empresa maneje su contenido y que, además, por ser propietaria de una red, puede evitar que circulen otros contenidos".

Compañías telefónicas. La posibilidad de que las empresas que brindan servicios públicos puedan acceder a licencias audiovisuales también enciende el debate. Sin embargo, todos coincidieron en que el desembarco de las compañías telefónicas en el negocio del triple play (teléfono, televisión por cable e Internet) será, de una u otra manera, irreversible.

"No me parece mal que ingresen las telefónicas, porque van a generar mayor competencia. Además, favorece a la pluralidad de contenidos y mejora la calidad del servicio", dice Ure. Aunque aclara que "las condiciones del mercado deben ser parejas".

En la misma línea, Vibes advierte que el ingreso es "inevitable", ya que el triple play avanza en distintos sistemas de medios del mundo. "Debe hacerse una transición ordenada, porque el poder económico de estos grupos es notablemente superior al de los medios, y si no existe regulación pueden ser perjudicial para el rubro", explica.

El artículo 24 de la propuesta aclara que sólo se permite la participación de capital extranjero hasta un máximo del 30%. "En la actualidad, ninguna de las telefónicas cumple los requisitos para entrar al mercado", señala Mastrini. Y sugiere que se podrían incorporar más "restricciones" para controlar su ingreso. "Pensar en impedir la entrada de las telefónicas es no entender la dinámica del mercado. Debemos resolver cómo regularlas para que no arrasen con el mercado", sintetiza.

Licencias. El artículo 38, pero en el inciso E, suma otro eje para la discusión. La iniciativa indica que no se podrá prestar servicios a más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados. Y, en el caso de que supere ese porcentaje, la empresa debería desinvertir en un plazo máximo de un año para acomodarse a la nueva legislación.

"Con cuotas de alcance de mercado, ya no se podrá acceder a la comunicación que cada persona quiera. Si la empresa que deseo contratar ya tiene completa su cobertura, jamás podría utilizar sus servicios", critica Ure. Y agrega: "Es un riesgo, porque la comunicación estará tan fragmentada que ya no tendrá un efecto integrador. Si no se puede llegar a toda la población, los habitantes de Buenos Aires, Córdoba y Jujuy van a consumir distintos tipos de información".

Pese a las críticas, en Estados Unidos, la FCC tampoco permite que las licencias de una compañía superen el 35% del mercado. Y en Inglaterra, el número se reduce al 15%.

Renovación por 10 años. Aunque en algunas intervenciones públicas se hizo referencia a un período de dos años para la renovación de las licencias, el proyecto impulsado por el Gobierno indica la autorización de licencias por diez años, con una única posibilidad de renovación por la misma cantidad de tiempo (artículos 33 y 34). El plazo es similar al de Estados Unidos y Canadá, donde se renuevan cada ocho y siete años respectivamente.

La confusión sobre la renovación de licencias puede generarse porque la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual exige una revisión sobre la cantidad de licencias acumuladas por las empresas cada dos años, aunque ese ejercicio no implicaría la renovación de las mismas.

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