Radicales quieren que Durán sea interpelado por los módulos Mejor Vivir

Radicales quieren que Durán sea interpelado por los módulos Mejor Vivir

El interventor de la Vivienda reconoció que el listado de beneficiarios pasaba por políticos, lo que consideró natural. Eso fue lo que develó una auditoría de la Nación y es por esto que desde el radicalismo tucumano piden que Gustavo Durán explique la situación. Otros quieren que renuncie.

El resultado parcial de una auditoría formulada en mayo por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación sobre el programa “Mejor Vivir II” en Tucumán reveló el supuesto uso político de los mejoramientos habitacionales financiados con fondos federales. El informe, despertó interrogantes entre legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR). 

Ariel García, Fernando Valdez y Raúl Albarracín solicitaron la interpelación del interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu o IPV), el ingeniero Gustavo Durán. La intención de los radicales es que la Legislatura convoque al funcionario en agosto para realizarle un cuestionario de al menos 10 preguntas. Entre ellas, que exprese su opinión sobre los resultados de la auditoría que formuló la repartición a cargo de Domingo Amaya; que indique si para la entrega de módulos habitacionales se siguieron las pautas establecidas en la normativa o se utilizaron “preferencias electorales”; que explique cuál es la función del Área Social del IPV; y que señale su valoración sobre los dichos de la auditoría con respecto a que “el programa Mejor Vivir II no responde a una demanda previa y puntual de beneficiarios debidamente identificados y localizados por el Instituto Provincial de la Vivienda”. Además, instaron al ingeniero a que adjunte “nombre y apellido de cada intendente, concejal y comisionado rural que ha participado en la confección de las listas de distribución de módulos, como así la nómina de las empresas constructoras, con monto asignado a cada una y grado de avance de la obra”. “Los tucumanos quieren saber de una vez cómo se adjudican las casas del IPV”, señaló García, vicepresidente 2° de la Legislatura.

El cuestionario también incluye consignas referidas al nuevo barrio de Las Talitas, que tendrá 500 viviendas divididas en dos sectores: la Asociación del Personal de Tribunales de Cuenta de la República Argentina (Apectra) aportó los terrenos para 250 casas, que serán ejecutadas por Armengol; y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata) donó los predios para las restantes 250 viviendas, que serán construidas por Falivene.

Los radicales quieren que Durán indique, entre otros puntos, “los montos a abonar en concepto de pago de lote (en Las Talitas) y cantidad de cuotas restantes a abonar por la vivienda”. Formularon consultas similares referidas a Lomas de Tafí.

“Clientelismo”

El legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A) afirmó que la auditoría nacional sobre el plan federal “Vivir Mejor” reveló que Durán “siguió los pasos del (ex funcionario k) José López, montando un aparato de clientelismo y manejos oscuros”. Y agregó: “en el reparto de viviendas, el IPV dejó de lado el criterio de escasez de recursos, reemplazándolo por amiguismo y pertenencia partidaria”. Indicó que en un barrio edificado en Aguilares “se adjudicaron casas a parientes de funcionarios y de concejales”. Brodersen relativizó luego el resultado del informe de la Secretaría de Vivienda de la Nación, y vinculó al titular, Domingo Amaya, con Durán. “La auditoría que se autorealizó su amigo Amaya tiene grandes diferencias con las realizadas por la Sigen y por el propio Tribunal de Cuentas. Esta circunstancia generó malestar y desconfianza en el Gobierno nacional, y me obliga a pensar en que debiera realizarse una auditoría sobre la obra pública en la capital en la gestión de Amaya”, remarcó el macrista.

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