Un sector del radicalismo expresó ayer su rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) rubricado por el gobernador, Juan Manzur, mediante el cual sustituyó a la ley N° 7.960 y duplicó el monto máximo para las compras sin licitación en las obras de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU).

Además de haber elevado el tope a $ 300.000, el mandatario amplió ese régimen excepcional de contratación a la Dirección Provincial de Agua (DPA) y la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares (DMCE).

“Manzur ha sido tan buen alumno de (el ex gobernador, José) Alperovich que, en ocasiones, supera a su maestro. Hacer un decreto como este parece recrear una versión actualizada de la ‘causa DAU’. ¿Aparecerá un nuevo Miguel Ángel Brito en el gobierno de Manzur?”, ironizó el jefe del bloque UCR, José María Canelada. Recordó a la vez que, junto a los radicales Adela Estofán y Eudoro Aráoz, presentó un proyecto de ley en diciembre pasado para derogar la ley N° 7.960, que faculta a la Dirección de Arquitectura a efectuar compras directas por hasta $ 150.000, en casos de obras públicas que revistan carácter de urgentes y prioritarias. “Tucumán vive en un estado permanente de leyes de emergencia. Sin embargo, las comisarías evidencian un grave deterioro; los hospitales se inundan con cada tormenta y no pueden controlar los problemas de salubridad. Es decir que estos regímenes de emergencia son mecanismos que sólo están pensados para facilitar y extender la práctica corrupta”, aseveró Canelada.

Desde el viernes pasado

El DNU 6/3 (ME), firmado por Manzur el 28 de octubre, ingresó a mesa de entradas de la Legislatura el viernes pasado. Si se cumplen 20 días hábiles sin tratamiento, por disposición constitucional, pasará a tener fuerza de ley. El texto ya está a disposición de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, a cargo del peronista Juan Antonio Ruiz Olivares, y de Obras Públicas y Transporte, que preside el oficialista LuisMorghenstein.

El radical Canelada recordó que fue el propio Manzur quien, en 2007, presentó en carácter de vicegobernador el proyecto para la ley 7.960, posteriormente conocida como “Ley Brito”.

Entre 2008 y 2011, según una auditoría del Tribunal de Cuentas, el ex director de la DAU, Brito, llevó a cabo más de 500 expedientes de obras públicas con ese régimen de excepción; según los contadores fiscales, en 89 de esos casos había irregularidades. Ese informe del TC es clave en la causa contra el ingeniero, que podría convertirse en el primer ex funcionario alperovichista ser juzgado en un caso de presunta corrupción

La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), quien había formulado la denuncia contra Brito junto al también radical Ariel García, aseguró que “la DAU es el símbolo más obsceno de la corrupción en la provincia”. “Ya conocemos de qué manera termina el permitir que manejen el dinero de los tucumanos para realizar contrataciones de forma directa. ¿Qué choripanero se convertirá en nuevo empresario? ¿Cuáles serán los domicilios de las nuevas empresas fantasmas? ¿Cuáles obras se pagarán y nunca serán realizadas?”, advirtió la referente radical. Y en alusión a una nota reciente de LA GACETA sobre presuntas anomalías en un trámite del Ministerio de Educación, aseveró: “el fin de semana vimos cómo las empresas fantasmas no se han acabado en Tucumán. La oscuridad y la falta de transparencia del anterior Gobierno siguen más vigentes que nunca”.