Racconto pide unos días para definir si hace una asamblea legislativa

El vicegobernador Cristian Racconto definirá la semana próxima si llama o no a una asamblea legislativa para sentar una postura política provincial respecto de la ampliación de la promoción industrial en el Presupuesto nacional para provincias vecinas, un pedido realizado por los bloques de diputados y senadores del radicalismo, el cobismo y los demócratas.
Racconto indicó que está esperando un dictamen del secretario legislativo en base al reglamento y a la Constitución para determinar si es posible o no concretar la asamblea, que sería una forma de presionar a los senadores nacionales por Mendoza que ahora deben votar el presupuesto.

"Si es positivo explicaremos por qué llamamos a asamblea y si es negativo también", expresó el Vicegobernador. Sin embargo, el secretario legislativo, Mariano Godoy Lemos, ya sostuvo a este diario el martes pasado que el pedido de asamblea es "jurídicamente improcedente. Tanto por reglamento como por la Constitución".

Mientras tanto, el senador justicialista Vicente Russo, muy allegado últimamente a Racconto, contradijo la postura de Godoy Lemos al señalar que "parece que la asamblea por reglamento se debe convocar y lo que importa es la posición del Partido Justicialista por lo que hay que discutir en el bloque".

Según el sanrafaelino, el justicialismo históricamente, nunca escapó a la discusión de los derechos afectados de Mendoza por la promoción. Como ejemplo de esa postura citó, además de los reclamos con derrames de vinos realizados en San Rafael y San Martín, el hecho de que fue el propio justicialismo, durante la gestión de Arturo Lafalla, el que planteó la demanda por resarcimiento por el impacto fiscal que provocaba la promoción aplicada en las provincias vecinas.

"Y a resultas de ello se hizo un acuerdo entre Julio Cobos y Néstor Kirchner mediante el que la Nación se hizo cargo de la obra del emprendimiento hidroeléctrico de Portezuelo del Viento, por mil millones de pesos", recordó el senador.

Russo sostiene que hay que poner el foco en esos mil millones de pesos que explícitamente están reconocidos políticamente como perjuicio para Mendoza y no en los 148 millones de diferimiento o créditos fiscales a las provincias vecinas que figuran en el presupuesto 2010.

"Ahora caemos en el análisis del artículo 33 del Presupuesto nacional que destina 148 millones de pesos para el pago de certificados de diferimiento fiscal en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan e incluye un saldo de más de 2 millones de pesos de lo que se consiguió en los ´90, en la gestión de Gabrielli, para diferimiento agropecuario. Son certificados que ya están emitidos y que la AFIP no puede tomar", aclaró Russo.

Racconto por su parte indicó que no critica ni pretende "que las provincias que tienen el beneficio lo pierdan, pero Mendoza debe trabajar para estar incluida en esos beneficios y hay que luchar por ello. pero además hay que mirar hacia adelante porque necesitamos estar en

igualdad de condiciones sin críticas ni reproches"

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