La ley prohíbe en todo en la provincia de Buenos Aires la venta de líneas telefónicas innominadas, ya sea en agencias de telefonía celular o en otros locales comerciales. Cada venta de equipo o línea la empresa se verá obligada a dejar registrada en una base de datos que mantendrán a disposición de cualquier organismo público que pueda solicitarla.

“Lo que buscamos con este proyecto aportar una solución al problema que acarrea, en el esclarecimiento de hechos ilícitos, la utilización libre de las líneas de telefonía móvil, proponiendo un reordenamiento y un nuevo marco regulatorio para el uso de aparatos de telefonía celular, teniendo principalmente en consideración que estos aparatos resultan ser actualmente, una “herramienta de trabajo” para los delincuentes”, contó Lisandro Bonelli.

El proyecto surge a partir de investigaciones llevadas a cabo acerca de los factores que determinan que ciertos delitos no puedan ser esclarecidos, o bien que no se pueda llegar a dar con la identidad de los autores; “durante la elaboración del proyecto dialogamos con fiscales y jueces que reclaman permanentemente mayores herramientas a la hora de esclarecer un delito, ya que en la mayoría de los casos en que se comete un delito organizado y realizado por más de una persona, los autores mantienen comunicaciones telefónicas constantes entre sí, y si bien esas conversaciones son captadas, en muchos casos resulta imposible ubicar a los titulares de esas líneas. Con esta base de datos que buscamos elaborar, toda esta información resultaría de suma utilidad, a riesgo de afirmar que se podría llegar en forma directa a los delincuentes”, agregó el legislador bonaerense.

Respecto a los castigos que promueve para todos aquellos que incumplan con la Ley el diputado “massista” agregó: “Los comercios y empresas que no cumplan serán sancionados con multas que van desde los $5.000 hasta los $200.000. También los organismos de control podrán proceder a la clausura del local comercial de cinco a ciento ochenta días. Serán autoridades de comprobación de las infracciones a la presente Ley las respectivas Municipalidades y el Ministerio de Seguridad, quienes designarán agentes públicos investidos de poder de policía preventivo a fin de hacer cumplir la presente Ley”.

”Pensar en brindarle a nuestros vecinos cada día mayor seguridad es pensar en la vida de la gente. Consideramos que este proyecto es un aporte más para esta lucha tan feroz que tenemos contra la inseguridad. La lucha contra los delincuentes debe ser una prioridad”, concluyó Lisandro Bonelli.