La quinta de los judiciales, hipotecada por una deuda que involucra a 4 gremialistas

Uno es riocuartense, y el fiscal Rubén Caro, de Córdoba, los acusó de administración fraudulenta. Habrían pedido un préstamo de 260 mil dólares con el predio de Río Cuarto como garantía.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) está al borde de la bancarrota. La nueva conducción, elegida el 10 de octubre del año pasado, denunció un sinfín de irregularidades administrativas de sus predecesores, cuyo máximo hecho fue la toma de un crédito por 260 mil dólares cuyo destino se desconoce hasta aquí y que incluyó la hipoteca de la quinta de judiciales en la ciudad de Río Cuarto.

La actual secretaria general de la asociación, Irina Santesteban, explicó ayer a PUNTAL que “además el crédito tiene tasas usurarias porque se fijó un interés del 1,75% mensual y además con una hipoteca como garantía, cuando casi no hay una garantía tan segura y rápida de ejecutar como esa. En dólares, la tasa debería ser como máximo del 8% anual”, explicó la dirigente gremial.

Sumado a esto, cuando se sacó el crédito, el valor del dólar se ubicaba en $3,02. Actualmente el préstamo se paga con una cotización de $3,57.

La actual conducción desconoce cuál fue el destino de esa suma de dinero, aunque sospechan que sirvió para pagar otras deudas importantes contraídas con anterioridad. Esto implicaría la toma de créditos para el pago de otros préstamos.

Las irregularidades fueron recopiladas y luego llevadas a la Justicia el 22 de diciembre. El fiscal Rubén Caro, que ya habría ordenado varios allanamientos, se hizo cargo de la causa y esta semana imputó a cuatro ex directivos de la AGEPJ: el ex secretario General, Martín Carabajal; la riocuartense Ana María Alaniz, quien fuera secretaria administrativa; Daniel Cribello, ex secretario adjunto; y Dardo Rizzo, ex tesorero. A los cuatro los acusa de administración fraudulenta de fondos.

“La situación es parte de un proceso de decadencia que comenzó hace mucho tiempo con caída de afiliados, servicios que fueron recortados, una defensa deficiente de nuestros derechos, y también con sospechas de préstamos e hipotecas como la del predio de Villa Rivera Indarte en Córdoba”, indicó Santesteban.

En un principio la AGEPJ tenía su propia caja de préstamos, pero luego, por supuesta mala administración, terminó desfinanciada y debió cerrarse. Allí, los afiliados que necesitaban un crédito muchas veces recurrían al gremio, que a su vez operaba con compañías financieras. El sindicato hacía de agente de retención de las cuotas crediticias de sus afiliados y luego debía desembolsar a las financieras el dinero de los judiciales. Pero esto, según denunciaron los actuales directivos de la Asociación, muchas veces no ocurría o sucedía de manera parcial. Esto es: retenían 10 y pagaban 4, y las deudas comenzaron a generar elevados intereses.

“Además, hay muchos juicios perdidos con abogados que ahora vienen a reclamar sumas de dinero importantes. Y por otro lado hay cinco juicios en sede federal por falta de pago de contribuciones de empleados del sindicato”, señaló Santesteban.

En total, la dirigente estimó que el sindicato tiene una deuda de 2 millones de pesos y “un profundo desorden administrativo que aún hoy no logramos revertir y casi todos los meses nos queda alguien sin pagar”, admitió.

Según los datos presentados ante la Justicia, en 2006 el sindicato tenía una deuda de 800 mil pesos y a partir de ahí hubo un incremento en la cuota sindical que debería haber permitido reducir esa cifra. Sumado a esto también aumentaron los ingresos por el incremento de los salarios, ya que la cuota mensual de aporte de los afiliados se fija a partir del básico. “Sin embargo, en vez de reducirse esa deuda, nos encontramos con 2 millones de pesos, lo que demuestra una irregularidad muy grande en el manejo de la administración”, denunció la secretaria general del sindicato de los judiciales.

-¿Hay otros directivos de Río Cuarto que pudieran estar implicados en esta causa?, le preguntó este diario a la dirigente gremial.

-Hasta acá, por lo actuado, no habría relación directa de otros directivos, pero la Justicia sigue investigando y nosotros estamos completando una auditoría que podría modificar esto.

-¿El hecho de hipotecar la quinta de Río Cuarto no supone el conocimiento de directivos locales del sindicato?

-Ese préstamo se votó en Córdoba en Comisión Directiva y si bien los representantes de Río Cuarto formaban parte de esa comisión no hay constancias de nada que los involucre por ahora. El fiscal imputó a los cuatro que aparecen con su firma en el préstamo.

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