“Estoy muy dolida porque la Corte no resolvió lo mío y sigo esperando que salga la resolución, para que se sepa mi inocencia”, dijo ayer a PáginaI12 Belén, la joven que estuvo más de dos años presa, tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. El viernes se cumplió el plazo de 90 días hábiles que tenía el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán para expedirse en su causa y resolver la apelación presentada por su abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir, en la que solicitó la anulación de la condena a 8 años de cárcel que recibió Belén, en un proceso judicial plagado de arbitrariedades y disposiciones ilegales. “La corte tucumana está en mora. Nos sorprende porque evidencia que no ha tomado nota de la importancia que tiene el caso de Belén a nivel nacional e internacional, por las repercusiones que ha tenido”, apuntó Deza.

Belén espera con ansiedad el pronunciamiento del máximo tribunal de la provincia. Ayer rompió el silencio que mantuvo luego de recuperar su libertad a mediados de agosto, cuando la misma corte tucumana hizo lugar al pedido de cese de la prisión preventiva, que le había negado en su momento la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán,  tribunal que la sentenció por homicidio agravado por el vínculo y alevosía. “Mi vida no es la misma. El viernes me agarró un ataque de nervios porque no sabía qué iban a resolver ellos (por los jueces del Superior Tribunal) y al ver que no resolvían nada me partió el alma porque estoy esperando que digan que no hice lo que me culpan, lo que me señalaron con el dedo. Deseo que se haga justicia lo antes posible para poder volver a mi vida de antes y conseguir un trabajo. Tengo que estar haciendo peluches, tengo que estar yendo a la casa de mis tías que me ayudan. No es justo que esté viviendo así mientras ellos (por los jueces) como si nada en su casa. Yo tengo que estar mendigando un trabajo, una ayuda. No es justo. El 21 de marzo se van a cumplir tres años”, dijo Belén. La fecha se refiere al día en que empezó su tormento, al ir por dolores abdominales a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda, de la capital tucumana.

En diálogo con este diario, su abogada consideró “bastante paradigmático” que el órgano guardián de la legalidad en la provincia viole los plazos procesales. “Sobre todo teniendo en cuenta que el derecho a obtener un pronunciamiento rápido está incluido en el derecho de defensa ante lo cual sostenemos que esta demora es una forma más de profundizar las violencias que Belén sufrió de parte del Poder Judicial”, agregó. La defensa está en “una encerrona” porque no tiene herramientas legales para instar al máximo tribunal a que resuelva. 

A la espera de la sentencia, nueve organizaciones que se presentaron como amicus curia ante el Superior Tribunal –entre ellas el CELS y Amnistía Internacional– exigieron el viernes que la joven, de 27 años, sea absuelta y su condena anulada.

"Vale la pena merituar que la Corte tucumana y el Poder Judicial conviven de manera pacífica en la mora en sus pronunciamientos judiciales. Pero no hay que perder de vista que el caso de Belén no es usual. Como movimiento de mujeres estamos en estado de alerta y movilización porque consideramos que su inocencia es tan importante como su libertad. Necesitamos que el mismo Poder Judicial que la condenó sin fundamentos desarticule ese mensaje disciplinador que puede disuadir a las mujeres de dejar de buscar atención sanitaria por temor de enfrentarse a la cárcel. Vamos a seguir peleando por la absolución de Belén”, advirtió la abogada de CDD.

Belén es hoy un caso paradigmático de cómo la criminalización del aborto recae de manera desigual y discriminatoria sobre las mujeres pobres y jóvenes, y cómo la política penal cercena su derecho a la salud. La joven llegó a la guardia del hospital sin saber que estaba embarazada. Tuvo un “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”, como anotó el médico que la atendió en su historia clínica.

Pero luego la denunció y salió del hospital hacia la cárcel, en la que estuvo más de dos años con prisión preventiva. A fines de abril de 2016 fue condenada a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo y alevosía”, con atenuantes. El fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán basó parte de sus argumentos en que la defensora oficial de Belén no cuestionó los hechos que se le imputaron, antes que afirmarse en la existencia de pruebas.

Ni siquiera se hizo un ADN para corroborar el vínculo filial con el feto que le adjudicaron. “La Corte tucumana, con su decisión, puede sentar las bases para que no existan otros casos como el de Belén y dar un mensaje claro a los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas, a quienes integran los servicios de salud y al sistema de justicia, para que el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres sean centrales en sus acciones. También puede convocar a modificar las prácticas que son contrarias a los derechos humanos.

Ese mensaje ayudaría a que las mujeres, niñas y adolescentes confíen en los servicios de salud y no sean sometidas a decidir entre la vida o la cárcel”, señalaron en un comunicado la APDH, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asociación Pensamiento Penal, AI, CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres  (Cladem Argentina), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) Innocence Project Argentina, Diputados del Partido Obrero - Bloque Frente de Izquierda y APEL.