"No quieren tratar la solución a los problemas que aquejan a la población"

Caleta Olivia (Agencia) Esta semana se esperaba que el Senado de la Nación logre abrir el debate sobre el decreto 20267/2008 que tras el impulso del Gobierno Nacional, crea un fondo fiduciario para la importación del gas. La medida denunciada como inconstitucional por diferentes referentes políticos, no pudo abordarse en el Congreso debido a la ausencia de los senadores del Kirchnerismo que no otorgaron quórum.
Al respecto la Legisladora de EC, Gabriela Mestelán, remarcó que "es evidente que las mayorías que dicen interpretar las necesidades de la ciudadanía, no quieren tratar la solución a los problemas que verdaderamente aquejan a la población en su conjunto, de manera particular a los más desfavorecidos, que son los que siempre siguen esperando".

Fundamentando dicho planteo, Mestelán sostuvo que "la falta de representatividad de los intereses de la ciudadanía la presenciamos con lo sucedido con los senadores del F.V.S, que votaron en contra del tratamiento sobre tablas del tema del gas en la última sesión de Senadores".

Aunque los porcentajes oficiales indican que la tarifa aplicada sólo incide sobre el 15% de la población, los números reales rondarían el 25% de afectados con aumentos de hasta el 400% en las últimas facturaciones de gas. "La derogación es la determinación que debe tomarse en representación de las necesidades y dificultades que este aumento inexplicable significa para los grupos familiares, a la vez –agregó Mestelán-, es escaso y falaz sostener semejante medida tras el argumento de que sólo abarca al 15% de la población".

En lo que refiere a las categorías implementadas en el Decreto 20267, respecto a quienes más consumen hasta 1.000 metros cúbicos de gas al año y los que superan esa cifra, la representante de EC manifestó que "se distorsiona la realidad cuando se habla de los que más consumen, ya que también consume mucho gas una familia numerosa, consume mucho gas una familia de escasos recursos que tiene artefactos precarios para calefaccionarse, consume mucho gas una fundación que atiende personas en situación de vulnerabilidad social. Por lo tanto hasta el argumento esgrimido refuerza la injusticia de este cargo fijo".

De esta manera, la Legisladora explicó su rechazo a la distinción entre aquellos usuarios considerados no pudientes, como pudientes según el análisis del Gobierno Nacional. "En base a tales categorías, se está añadiendo el sistema de castigos y que gradualmente va incrementándose, por eso vemos subas que llegan al 400%, se está pagando un impuesto a la importación del recurso que lo sufren y afrontan los usuarios".

Seguidamente, y bajo la misma línea de análisis, la diputada provincial amplió los argumentos planteados explicando que "se suma a esto que este anunciado logro del 30% de las regalías gasíferas es también falaz ya que se subsidia a las operadoras con fondos del fideicomiso al que aportamos todos los usuarios con el pago de nuestras facturas, por lo tanto nosotros pagamos ese 30%, esto es: se aplica una transferencia de la totalidad de los habitantes sin distinción de ingresos a las operadoras multinacionales que en los últimos años han obtenido ganancias extraordinarias".

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