Quieren suspender un aporte minero

Se trata del Fondo Especial de Desarrollo Minero y la iniciativa es de las mismas cámaras que lo crearon.
El sector de empresarios mineros ha pedido al gobierno "que se deje de lado" el pago del Fondo Especial para el Desarrollo Minero, creado por ley el año pasado, y por el cual las mineras grandes les deben retener el cuatro por mil (0,004) de la facturación mensual a sus empresas contratistas de bienes y servicios.

El expediente con este pedido es analizado hoy por la Secretaría de Minería y finalmente será el gobernador quien se expida sobre el mantenimiento del fondo o no, según explicó el diputado Daniel Tomas, quien presentó el proyecto de ley que creó el fondo.

Este fondo debía ser destinado a fomentar y difundir el beneficio de la minería, capacitar, educar y hasta ayudar a entidades culturales y sociales o a clubes deportivos que compitan en torneos. Y la idea de su creación surgió de las mismas entidades que hoy quieren que se suspenda, con el argumento de la situación de inestabilidad que dejó la crisis económica mundial.

"Cuando se habló de crear este fondo, la economía estaba en otro momento, pero hoy en día, como están las cosas con el decreciente nivel de actividad en el sector, creemos que no es tiempo para aplicar la ley", dijo Fabrizio Benedetti, presidente de la Cámara se Servicios Mineros (CASEMI).

Agregó que el destino de los fondos es muy bueno y está justificado, pero que los tiempos cambian y hoy las empresas están analizando como bajar costos. "No es un tema para pelearnos, estamos hablando pero los políticos deben ser como los empresarios y saber adaptarse a estos cambios de situación", dijo Benedetti.

En el pedido de suspensión del fondo participaron, la Cámara Minera de San Juan, la CASEMI y el Grupo de Empresas Exploradoras de la Argentina (GEMERA).

En un tono más conciliador, el presidente de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, señaló que hay una reunión pendiente con el gobernador Gioja para tratar este tema, "hoy tenemos posibilidades diferentes y veremos como se puede hacer para repercutir lo mínimo posible en los proyectos mineros y en la percepción de los inversores, donde no haya lugar a que se cambien las reglas del juego", dijo.

La ley, Nº 7.909, fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial, por lo tanto tiene plena vigencia; pero según dijo Tomas, no se está recaudando porque los empresarios argumentan que el procedimiento no es claro, "a pesar de que hicimos todos los cambios que habían pedido", señaló el diputado.

Aunque cuando se sancionó la ley, en julio de 2008, se estimaba que se recaudarían unos $3,5 millones por año, ayer Tomas dijo que se trata de apenas $320.000.

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