Quieren simplificar la adopción de chicos

La espera máxima sería de dos años
Hay esperas cargadas de esperanza. Otras, llenas de ansiedad. Las hay atravesadas por la angustia y la impotencia. Y hay una, en particular, que condensa a todas: la espera de un hijo adoptivo, que en la Argentina, en la mayoría de los casos, casi nunca es inferior a los 5 años, según estimaciones de especialistas y padres adoptivos.

Un proyecto de ley de la diputada nacional Cynthia Hotton busca reducir estos tiempos, ya que establece un período máximo de dos años para que el niño permanezca en un hogar o instituto. Pasado ese lapso, los jueces deberán encontrarle una familia.

Hoy, la realidad muestra a jueces de familia que deben decidir sobre la condición de adoptabilidad de chicos que, en muchos casos, cargan con una historia familiar muy complicada; a gente que omite la vía judicial y hace entregas directas a conocidos que carecen de validez legal; personas desesperadas que pagan por un hijo por fuera de la ley y más adultos dispuestos a adoptar que chicos en condición de ser adoptados son algunas de las causas que alargan los tiempos, según los especialistas.

El proyecto de la diputada macrista Hotton (Capital), inspirado en la norma recientemente sancionada en Brasil, hace foco en acortar los tiempos de institucionalización. "Hoy hay chicos que pasan más de 10 años en hogares del Estado. Para ellos es toda su infancia", dijo la legisladora.

Según explicó, este período máximo de dos años podrá cumplirse gracias a otra modificación de tiempos: el lapso que transcurre un menor sin recibir visitas de sus progenitores biológicos u otros familiares para entrar en estado de adoptabilidad.

"Hoy, un chico que recibe, al menos una vez al año, la visita de un familiar, no puede entrar en estado de adopción porque se interpreta que el vínculo con su familia biológica no está roto. Esta situación puede repetirse indefinidamente hasta que cumpla los 18 años, con lo que se le impide tener una familia", dijo Hotton. Para evitar estas situaciones, el proyecto contempla un máximo de seis meses para recibir visitas y, si después del tercer contacto el menor no es llevado por sus progenitores, puede entrar en estado de adoptabilidad.

Hasta el momento, en el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay 1863 postulantes, entre matrimonios y personas solteras o viudas, según informó a LA NACION Federica Otero, directora del Ruaga.

Pero, en realidad, son muchas más las personas que buscan adoptar, ya que a este registro adhirieron pocas provincias. Esto motivó su reemplazo por una Red de Registros locales interconectados, que impulse la cooperación entre jurisdicciones. Este decreto, reglamentado este mes, fue redactado por una comisión de especialistas, entre los que figura la psicóloga y asistente social Eva Giberti.

En el país no existen estadísticas oficiales sobre cuántos menores están en condiciones de ser adoptados. Precisamente, un proyecto de la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), insta, entre otras cosas, a que se informen la cantidad de niños y adolescentes en estado de adoptabilidad en las instituciones del país y la razón por la que todavía no han egresado de esos hogares.

Un informe realizado en 2005 por la oficina local de Unicef y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hablaba de 16.600 chicos institucionalizados, pero no discriminaba entre los que estaban allí por cuestiones vinculadas con hechos delictivos de los que permanecían institucionalizados por causas asistenciales.

Pocos niños

Según el ex juez de familia Eduardo Cárdenas, fundador de Retoño, una ONG que brinda asesoramiento a familias en crisis, en la Argentina los tiempos de adopción son muy largos porque, contrariamente a lo que se cree, hay pocos niños para adoptar.

"En el país se ha extendido la entrega directa a conocidos, lo que repercute en la cantidad de niños en condiciones de ser adoptados a través del sistema formal. Si bien la entrega directa no está penada por la ley, no tiene validez jurídica, es decir, no genera derecho a adopción. Por eso, muchos padres después de la entrega directa buscan que un juez les dé la guarda y, después, la adopción definitiva".

Antes se reconocía la entrega directa mediante una escritura pública, pero luego se decretó su invalidez. "Se temía que la madre estuviera presionada. Y también se hizo para evitar la venta de niños. Pero esto, en lugar de mejorar los tiempos, los empeoró, porque la gente que va a entregar a un niño no lo hace en la Justicia", comentó Cárdenas.

De hecho, uno de los puntos más polémicos del proyecto Hotton es la posibilidad de que la madre elija a quién dar en adopción al bebe. "Estamos muy seguros de este punto porque siempre estará la mediación de un juez. La madre debe esgrimir argumentos sólidos (no puede decir que es porque no lo puede mantener) para que no haya un arreglo económico detrás. Por ejemplo, su elección puede tener que ver con criterios raciales o religiosos", explicó la diputada.

En la Capital los tiempos de espera suelen ser más largos que en las provincias del Norte, donde hay mayor cantidad de niños en condiciones de ser adoptados. "En Buenos Aires la espera puede ser de muchos años", estimó Cárdenas. Por eso, varios postulantes, además de inscribirse en el registro que les corresponde por residencia, lo hacen en aquellos que permiten adoptantes de otros lugares, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Corrientes, Entre Rios y Misiones.

Esperas muy largas

El abogado especialista en cuestiones de familia y niñez Alejandro Molina consideró que en el país las esperas son muy largas. "Pero es muy importante dejar de hablar de los tiempos de espera de los postulantes y de empezar a hablar de los tiempos de espera de los menores", dijo.

Molina, además, se refirió a la necesidad de distinguir entre estado de abandono y estado de semiabandono. "Un buen criterio para decretar el estado de abandono es observar la capacidad de ahijamiento o maternaje de un padre biológico. Hay que evaluar la actitud humana hacia el menor. Esto es lo que observa un juez para decretar el estado de adoptabilidad."

Pero un juez no toma esta decisión solo, sino basado en informes de equipos técnicos compuestos por psicólogos, médicos y asistentes sociales. "Lo que ocurre es que, lamentablemente, en muchos de estos equipos aparecen fundamentalismos del tipo «lo primero es la sangre» o «hay que darles a los progenitores otra oportunidad». Yo he llegado a ver chicos muertos por estos fundamentalismos", explicó el ex defensor de menores de Cámara.

Otras veces, la propia historia de abusos y maltratos sufridos por el niño perjudica sus posibilidades de crecer dentro de una familia. "Cuando se trabaja con chicos muy dañados, cuesta mucho encontrarles un hogar", comentó Molina.

Además, según Cárdenas, la figura de la adopción es muy compleja y tampoco es la solución para todo chico en estado de abandono.

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