Quieren saber dónde fue el dinero del Fondo de Desocupados

El Fondo Solidario de Desocupados distribuyó algo más de 1,5 millón de pesos en el 2008. La oposición legislativa reclamó información del destino de esas asignaciones, constituidas por la quita salarial a empleados y funcionarios que perciben haberes de activos y también jubilación.
El año pasado, la ejecución del Fondo Solidario superó 1,5 millón mientras que en el 2007 rondó los 900 mil pesos. Esos recursos se deben destinar a proyectos de desocupados.

La legisladora Silvia Horne, acompañada por sus pares del PJ, requirió información de lo recaudado por el Fondo en los últimos cinco años, con detalles de las reparticiones responsables. Pidió que se precise las nóminas de los jubilados en actividad que brindan sus aportes, con detalle del lugar de trabajo y montos descontados por mes.

Otro punto busca conocer el "destino de lo recaudado", con "cantidad y lugar de ubicación de los convenios firmados". Insistió en el listado de "convenios de colaboración y cooperación con áreas gubernamentales y no gubernamentales en vigencia; especificando en cada caso los parámetros y/o criterios utilizados para la adjudicación". Solicitó que se "indique las personas que integran la Comisión de Administración del Fondo Solidario y la Unidad de Comercialización y Gestión de Negocios".

La ley original fue la 3239 aunque en 2005 fue modificada por la 4035.

El Fondo se conforma con "el aporte obligatorio de los agentes públicos en actividad que, a su vez, se encuentren percibiendo beneficios previsionales o de retiro", "exceptuados los que sólo perciban beneficio de pensión".

"El otorgamiento de asistencia" estará orientado a los habitantes de Río Negro que, "teniendo preferentemente carga de familia, no cuenten con un puesto de trabajo remunerado y desarrollen proyectos productivos bajo esquemas de microemprendimientos asociativos, individuales, familiares y/o solidarios".

El aporte obligatorio al Fondo se calcula sobre el monto bruto del menor haber, comenzando con una retención de un 20 por ciento y llegando al 50 por ciento cuando cada uno de los haberes brutos, excluyendo las asignaciones familiares, superen los 3.000 pesos. La quita llega al 30 por ciento si sólo una remuneración supera ese monto.

El ministerio de Familia es la autoridad de aplicación, previéndose una Comisión de Administración que debe "evaluar, tramitar y asignar los beneficiarios", con tareas de "control de gestión", y "la aplicación de sistemas de seguimientos y evolución de los proyectos aprobados".

La Unidad de Comercialización y Gestión de Negocios se integra con el secretario de Familia, el subsecretario de Desarrollo Social, el director general de Administración y el director de Desarrollo Social Productivo, para "asesorar, fiscalizar, representar y comercializar en su caso los productos elaborados y/o servicios brindados por los beneficiarios".

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