Hasta el 2012 la venta de medicamentos en la provincia estaba prácticamente desregulada. En muchas ocasiones se desconocía el origen de los medicamentos y cómo había sido el camino que habían recorrido para llegar a las farmacias o a los efectores públicos de salud antes de ser entregados a los pacientes.El entonces ministro de Salud, Miguel Cappiello, recuerda que una vez tuvo en sus manos una factura de una droguería con domicilio en La Rioja.

Paralelamente, a nivel nacional, estallaba el escándalo por la mafia de los medicamentos truchos que llevaba a juicio al extitular del gremio La Bancaria, Juan José Zanola –proceso que hoy está en suspenso por falta de pruebas.Por la ley 6.312 de los Samco y la ley 10.608 –que dicta las normas de funcionamiento de los establecimientos asistenciales con internación–, los hospitales y Samco de la provincia tienen cierta autonomía en la compra de medicamentos.

"Lo que hicimos fue derogar esa disposición y con una resolución prohibimos en todo el territorio provincial la venta entre droguerías. Esa resolución tuvo tanto en Diputados como en el Senado una declaración avalándola", recordó quien hoy es senador por Rosario e intenta darle fuerza de ley a esa decisión.

Los resultados no serían menores. Según Cappiello, con esto se garantiza que no haya medicamentos truchos, que no haya precios inflados ya que se achica el camino del medicamento desde su producción hasta el paciente. También que no haya en el mercado legal medicamentos robados por los piratas del asfalto, ya que se exige que el código de barras sea el mismo que salió del laboratorio.

"Todo eso hoy está perfectamente controlado. Pero si está por ley, da mayores garantías porque hay que cumplirla con mayor seriedad", argumentó.El ejemplo más cercano en el tiempo fue el caso de los medicamentos que había comprado la provincia al laboratorio Klonal, que eran de distribución gratuita y que fueron decomisados por la Aduana cuando estaban por ser enviados a Venezuela en un cargamento valuado en cientos de millones de pesos.Para Cappiello, ese asunto quedó aclarado cuando el laboratorio asumió su error y desligó a la provincia, pero "como va pasando el tiempo, se puso todo esto en la balanza y se decidió presentar un proyecto" de ley.

"De esa manera una resolución, que puede ser cambiada por una simple resolución de un ministro, ahora pasará –en el caso de ser aprobada– a ser una ley. Y si bien puede ser cambiada por otra ley, eso ya tiene otra dificultad", aseguró.El proyecto de ley tiene el mismo contenido que la resolución firmada en 2012 y agrega algunos requisitos más, como el de contar con la trazabilidad del medicamento. "Desde el laboratorio productor, la droguería que lo vende hasta la farmacia cuando llega al consumidor. Mientras que cuando compra el Estado, a través de licitación, viene a través del laboratorio, droguería y se sabe de dónde viene, porque tiene garantizada la trazabilidad y las que tienen cadena de frío también tienen garantizada la cadena de frío", explicó.Esta ley alcanza tanto a los laboratorios como a las droguerías.

"Los laboratorios le tienen que vender a una droguería y tienen que tener todos los papeles. Eso lo establece la ley nacional que fija la trazabilidad. A nosotros nos interesa el que entrega el medicamento, que es la droguería", sostuvo y amplió: "Esto generó muchos problemas. Nos decían que se iban a fundir las droguerías chicas, entre otras cosas, y nada de eso pasó. Ahora lo que queremos es darle mayor seguridad jurídica y seguridad de que el medicamento que va a recibir un ciudadano tenga garantizadas las condiciones óptimas de producción, almacenamiento y de colocación".Cappiello tomó como ejemplo el caso de la insulina que tiene cadena de frío y si eso se pierde, se inactiva la insulina. "Pero el paciente no lo va a saber. Por eso el Estado tiene que garantizar eso. La insulina viene en un envase con una temperatura determinada, que no es de congelación y está garantizada porque uno saca el termómetro interno y sabe qué temperatura tiene. Y así tiene que ser derivado a las 1700 farmacias del sector privado, desde Florencia hasta Rufino. Por otro lado, lo que compren los hospitales públicos tienen que tener las mismas condiciones", remarcó.Esta norma alcanzaría solo a los medicamentos terminados, no a las drogas que se utilizan para la elaboración de los fármacos, algo que está bajo el control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y regulado por las leyes nacionales.Pero al mismo tiempo el legislador recordó que esta iniciativa también se quiso hacer a nivel nacional y no prosperó. El proyecto era de la diputada socialista Alicia Ciciliani y tenía este contenido, pero perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación.