Los auxiliares de la educación se mantienen en alerta ante una disposición del Ministerio de Educación bonaerense que insta a los Municipios a contratar servicios privados de limpieza como respuesta al reclamo de aumento salarial.

El conflicto se inscribe en el rechazo que gremios como ATE y Soeme realizaron a la propuesta paritaria del 15 por ciento efectuada por el gobierno de María Eugenia Vidal a los estatales bonaerenses, aceptada por UPCN.

Ante eso, los trabajadores del sector se sumaron a distintas medidas de fuerza efectuadas en las últimas semanas, la última de ellas entre el jueves y ayer. Lejos de intentar retomar las negociaciones, Provincia respondió con la resolución 142 que propone recurrir a prestaciones privadas, solventadas económicamente por cada Municipio, por fuera de las normativas vigentes en materia de designación de porteros, articuladas a través de los consejos escolares locales.

Si bien en Luján no se registraron dichas contrataciones, la disposición provincial llegó a varias escuelas por intermedio de la Jefatura Distrital. En otros partidos, la intención de sumar trabajadores privados a una actividad netamente estatal generó tensión con los sindicatos que impidieron el ingreso a las escuelas de empresas privadas.

La intransigencia gubernamental se refleja, además, en la decisión de descontar los días de paro. En el caso local, ya se contabilizan una treintena de reclamos por quitas salariales que en la mayoría alcanzan a trabajadores que no se sumaron a las medidas de fuerza.

PREOCUPACIÓN

La junta interna de educación de ATE Luján manifestó su  preocupación ante una medida que “intenta enfrentar trabajadores contra trabajadores”.

“En vez de aceptar lo que dijo el juez (Luis Federico) Arias de abrir nuevamente las paritarias, el gobierno tomó otra medida que significa un choque directo contra los trabajadores. En el caso de los auxiliares, antes de sentarse a la mesa paritaria, prefirieron contratar empresas privadas de limpieza e introducirlas en las escuelas”, explicó Julio García en referencia a la medida cautelar que ordena reabrir las negociaciones.

Por su parte, María Clara Aguirre explicó que “la semana pasada llegó a distintas escuelas una resolución para que la firmen los directivos donde se describe que si hacemos paro se va a contratar a empresas privadas, con la autorización de los Municipios”. La trabajadora marcó que dicha disposición no fue notificada al Consejo Escolar.

Para García, “esto es violatorio del listado oficial de trabajadores que se inscriben año a año en el Consejo Escolar”. Recordó que las designaciones de auxiliares responden también a criterios de puntaje, similar a lo que ocurre con los docentes.

“Están poniendo trabajadores contra trabajadores. Nos quieren privar del derecho a hacer paro, están atentando contra el derecho a huelga. Además decimos que si hay dineros para contratar empresas privadas, lo más fácil hubiese sido sentarse a la mesa y discutir con los trabajadores como corresponde. Pero, en cambio, el gobierno está redoblando la apuesta, con esto quiere demostrar que no van a aflojar en el sometimiento de los trabajadores”, expresaron desde la comisión interna de ATE.

Aguirre enmarcó la situación en otra disposición legal que amplía las arbitrariedades gubernamentales en materia de empleo público. El decreto provincial 203, firmado por Vidal, autoriza a los ministros a “disponer los ceses de personal excluido de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada”. También, les permite “ampliar suspensiones preventivas y disponibilidades relativas, otorgar licencias, disponer ascensos, traslados de agentes dentro de cada jurisdicción y consignar calificaciones del personal”.

Por otra parte, la comisión interna de ATE Luján explicó que “el Poder Ejecutivo presentó un proyecto denominado de emergencia administrativa y tecnológica que prepara jurídicamente el terreno para flexibilizar y precarizar más el Estado provincial”. Por eso, detrás del reclamo salarial se incluye “la defensa de la escuela pública y de los derechos de los trabajadores”.

“Todo esto es una manera de asustar a la gente para que se quede en su casa y no reclame nada, con la precarización laboral correspondiente”, agregó García. 

EN DESACUERDO

En cuanto al tema puntual de los auxiliares de la educación, la presidenta del Consejo Escolar, Viviana Flosi, dijo que “no estamos de acuerdo con esa resolución, porque los problemas salariales se resuelven en paritarias, no lo resuelve un Municipio, y tampoco estamos de acuerdo con contratar personas ajenas al ámbito educativo”.

La consejera explicó que la disposición del Ministerio de Educación “sugiere la contratación de empresas de limpieza para aquellas escuelas donde no se puedan garantizar las condiciones de salubridad y que serán abordadas por medio de los Municipios”.

El mecanismo funciona de la siguiente manera: “El Consejo Escolar informa que existe un servicio educativo donde no hay auxiliares por paro, y solicita a la Municipalidad que contrate una empresa ajena al ámbito educativo y excede el listado que nosotros hacemos anualmente”.

“La situación es compleja, porque con ese criterio en cualquier momento puede salir una disposición mediante la cual si faltan todos los docentes, la Municipalidad va a tener que contratar docentes por fuera del listado. Fue raro el procedimiento. El tema de los auxiliares se regula a través de los Consejos Escolares. Esa disposición fue institucionalizada desde el Ministerio de Educación hacia las Jefaturas Distritales y de ahí a los directores. Como presidenta del Consejo Escolar yo me enteré de manera informal, no hemos tenido notificación oficial del Ministerio de Educación. Evidentemente el camino que tuvo la resolución fue una decisión del ministro, no entiendo por qué”, amplió Flosi.

De todos modos, la presidenta del Consejo aclaró que en Luján no se registraron escuelas con falta total de servicio. Si se da una situación contraria, igualmente la aplicación de la resolución resulta compleja porque “el intendente no puede firmar un decreto de un día para el otro para imputar estos gastos” y recordó que “para nombrar o reemplazar a un auxiliar, hay una normativa vigente que impone varios requisitos y pasos”.

 

“Por el derecho a la educación”

Docentes de escuelas públicas de Luján hicieron llegar a este medio un texto para manifestar su desacuerdo “con el cierre de secciones en establecimientos del distrito”.

“Sabemos que esto supone una reducción presupuestaria en la educación pública, como también la dura realidad de que muchos compañeros deberán ser reubicados y otros tantos perderán su empleo, y por ende la fuente de ingresos”, expresaron.

Por último, repudiaron lo que consideraron una “decisión arbitraria, sin diálogo previo, ni consenso”. El texto hace referencia al cierre de cursos denunciado la semana pasada por el Encuentro Colectivo Docente, enmarcado en una tendencia provincial.