Quieren que se les niegue la asistencia a mapuches usurpadores

Un abogado presentó un proyecto de ley por el cual Seguridad dictaminará si se merecen la ayuda colectiva.
Un abogado particular de Zapala presentó ayer en la Legislatura provincial un proyecto de ley para que sea la Secretaría de Seguridad la que intervenga cuando el Estado tenga que asistir a las comunidades indígenas o grupos sociales que reclamen mediante el corte de ruta o usurpación.

El letrado, Julián Álvarez, pertenece a un estudio jurídico denominado "Consultores Legales Asociados (Colegas)".

La iniciativa estipula que la cartera de Seguridad deberá emitir un dictamen favorable o negativo que determinará la prestación de la ayuda colectiva. La asistencia a la comunidad será negada si alguno de sus integrantes estuviera involucrado en hechos de usurpación, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad, desobediencia a una orden judicial, intimidación pública, apología del crimen u otros atentados contra el orden público.

En ese caso, la ayuda podrá ser proporcionada en forma individual al jefe de cada familia, quien deberá acreditar buena conducta mediante certificación policial de antecedentes.

El proyecto ingresó el martes y tomará estado parlamentario en la próxima sesión. Ahí será girado a las comisiones correspondientes y será tratado si los diputados lo deciden.

La iniciativa se suma a la fuerte polémica que se generó en el último tiempo acerca de las medidas que el Estado tiene que tomar ante los cortes de ruta y los reclamos de ciertos sectores de la sociedad.

La propuesta de Álvarez establece que en caso de no haber pronunciamiento de la autoridad judicial sobre la forma de prestación, será la propia secretaría quien resuelva el encuadramiento legal de los hechos que se estén investigando mediante el requerimiento de dictamen al fiscal interviniente. Además, si se constata conducta delictiva en algún integrante de la comunidad con bienes entregados, permisos o prestación gratuita de servicios, la Fiscalía de Estado procederá a denunciar los contratos y recuperar los bienes.

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