El fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila ya dio su postura: trasladar efectivo en valijas, aunque sean millones de pesos de las arcas del Estado, no es delito. Sin embargo, el abogado Oscar López, autor de la denuncia por el presunto uso irregular de fondos de la Legislatura, considera que la Justicia debe poner la lupa no en el transporte del dinero, sino en el destino que se le dio esa plata.

“Más allá del manejo del patrimonio público como algo privado, hay varios puntos que están claros: una distribución no bancarizada de millones de pesos; el reparto del dinero a cambio de la firma en un simple recibo; la habilitación a autoridades de la Cámara y legisladores para gastar esos recursos en lo que ellos quieran; y el destino que se les da a esos fondos, que no van para ‘ayudas sociales’, sino que lo vuelcan en sí mismos, sobre todo”, resumió el ex candidato a legislador. Y agregó: “evidentemente, el tema de las valijas es la demostración de la obscenidad con la que se maneja el patrimonio público; pero esa no es la cuestión principal, como lo plantea el fiscal, sino el saqueo de $ 490 millones del erario”.

López realizó la demanda hace 11 días. El miércoles se presentó en Tribunales para ratificar y ampliar su presentación. “He pedido que se soliciten informes al Banco Tucumán-Grupo Macro para que brinde detalles sobre cada cheque que haya retirado la Legislatura entre enero y octubre de 2015, con el número y el monto. Requerí además que la Cámara especifique en qué fecha fueron cobrados esos documentos, cómo fueron distribuidos, cuánto le correspondía a cada legislador y cómo es el control interno para estos movimientos”, explicó López.

Navarro Dávila recibió el escrito del peronista disidente. El fiscal sin embargo no encabezará la pesquisa, ya que la demanda de López apunta, entre otros, contra el ex presidente de la Legislatura, el actual gobernador Juan Manzur, el ex secretario Juan Ruiz Olivares -hoy parlamentario oficialista-, y el tesorero de la Cámara, Claudio Antonio Pérez. Estos funcionarios públicos gozan de inmunidad y, para que sean procesados, deben ser sometidos a una investigación jurisdiccional. La eventual pesquisa estará a cargo de un juez de Instrucción.

López formuló la demanda sobre la base de una serie de publicaciones que realizó LA GACETA. Mediante fotos, y otros documentos, este diario reconstruyó la ruta de la valija con el efectivo de la Legislatura. El traslado del dinero comenzaba en la sede de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. Allí un empleado de Tesorería de la Cámara presentaba cheques y retiraba la plata. Según informes bancarios, de la cuenta N° N° 200 98043/8, denominada Honorable Legislatura, fueron extraídos entre junio, julio y agosto -mes de las elecciones- unos $ 190 millones. Las valijas eran llevadas en una camioneta oficial hasta la sede del Poder Legislativo.

El presupuesto de la Cámara para este año -de ejecución en curso- asciende a $ 1.529 millones. De ese monto, $ 505,6 millones están destinados a esas erogaciones discrecionales, conocidas como gastos sociales. En esa “caja”, a fines de septiembre, quedaban $ 15,5 millones. López, mediante la pesquisa penal, pidió que se divulgue a qué fueron destinados esos $ 490 millones. Esa información, hasta ahora, es un secreto bien guardado en el edificio de Muñecas 951.

Sigue la incertidumbre en la legislatura, y Jaldo hablaría hoy con los empleados

La Secretaría de la Legislatura sigue vacante. Se trata de un rol clave dentro del cuerpo colegiado, ya que, además de ser el fedatario de todos los actos de la Cámara, supervisa el manejo del dinero y tiene influencia en funcionamiento del edificio de Muñecas 951. El cargo quedó vacante con la asunción del ex secretario Juan Antonio Ruiz Olivares como legislador, mediante el acople oficialista Acción Regional. Uno de los candidatos a suceder al dirigente monterizo es el actual tesorero general, Claudio Pérez. Aunque también se menciona al senador oficialista Sergio Mansilla como alternativa. Debido al escándalo de las valijas, hay incertidumbre en la Cámara. Hoy a las 12, el vicegobernador Osvaldo Jaldo dialogará con los trabajadores legislativos en el hall del edificio.

Otro caso en el fuero penal

El ciudadano Carlos Duguech solicitó ante la Fiscalía de Instrucción de la VII Nominación que se reabra una causa que había iniciado por el presunto uso irregular de los fondos de la Legislatura. Este año, Duguech había solicitado mediante nota al Tribunal de Cuentas que indicara cuál es el detalle de los gastos denominados “ayudas sociales a personas”. El ente de control le respondió que las facturas que sustentan esas erogaciones estaban en la propia Legislatura, y que no se podía acceder a los montos discriminados. Duguech había hecho primero una denuncia policial, que luego ratificó ante la Justicia. Considerando que no había elementos de prueba suficientes, el fiscal Arnaldo Suasnábar había cerrado el caso.

Los legisladores nuevos continúan sin fondos para ayudas sociales y sin designar asesores

No se divulgan datos sobre las finanzas de la Legislatura, pero todo indica que las arcas del edificio de Muñecas 951 no están pasando por su mejor momento. Según pudo constatar LA GACETA, entre enero y septiembre fueron desembolsados unos $ 490 millones de la partida “ayudas sociales a personas”. Así, en esa caja quedaron $ 15,5 millones. Si bien el cuerpo puede reasignar partidas, entre los nuevos legisladores hay incertidumbre por el estado de las finanzas. Según confiaron parlamentarios a este diario, aún no percibieron fondos para gastos sociales. Además, no se formalizaron las designaciones de asesores, y les anticiparon que como máximo podrán tener 20 empleados. Les aclararon que ese tope regirá hasta enero, cuando comience a ejecutarse el Presupuesto 2016.

El fiscal, en desacuerdo con un título

El fiscal Washington Navarro Dávila se comunicó con este diario para expresar su desacuerdo con el título de la edición de ayer: “el fiscal dice que trasladar dinero en valijas es legal”. “Dije que había que analizar el tema, porque trasladar el dinero en valijas será un riesgo, pero no delito. No hablé de que fuera legal, o no”, afirmó.