Quieren intensificar controles ambientales mediante una ley

Es para las áreas afectadas por la actividad hidrocarburífica. Crea un régimen sancionatorio y pide a las operadoras remediar y reparar el medioambiente; también, presentar mediante declaración jurada la denuncia de los pasivos ambientales y hacer un plan anual.

En la última sesión de la Cámara de Diputados tomó estado parlamentario un proyecto que pide crear en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, el "Programa de Saneamiento Ambiental" destinado a las áreas afectadas por la exploración y explotación de hidrocarburos y otras actividades conexas dentro de la jurisdicción provincial.

La misma pide a las operadoras determinar los costos de la remediación y reparación de las zonas impactadas y hasta presentar, mediante declaración jurada, la denuncia de los pasivos ambientales debiendo elaborar un plan anual de trabajo y su correspondiente cronograma de inversiones. También fija una serie de requisitos para recuperar el medioambiente.

No es la primera iniciativa parlamentaria que fue presentada este año en la legislatura santacruceña, que apunta a las operadoras petroleras. Semanas atrás, el diputado Rubén Contreras elevó un proyecto de ley por el cual se cobrará impuestos a los pozos inactivos.

Los objetivos

El proyecto establece que en cumplimiento del "Programa" las operadoras deberán cuantificar los daños y pasivos causados por la exploración y explotación de hidrocarburos al medio ambiente, a la salud de la población, debiendo determinar los potenciales costos de remediación y reparación que pudieran suscitarse como consecuencia del cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Limpieza general de la superficie de los yacimientos.

b) Saneamiento del subsuelo por derrames de petróleo y de piletas mal remediadas de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación.

c) Repoblamiento vegetal y forestal de las zonas desertificadas, con especies autóctonas-nativas del tipo molle, algarrobillo, calafate, lenga, mata negra, entre otros, adquiridas exclusivamente en los viveros públicos y privados existentes en la Provincia de Santa Cruz. En función de lo establecido en el presente inciso, será condición necesaria la presentación del certificado de origen que indique la adquisición.

d) Tapado de piletas de petróleo y canteras de áridos.

e) Construcción de recintos para depositar desechos de la actividad.

f) Saneamiento y preservación de fuentes naturales de agua potable.

g) Recuperación de cañerías soterradas de oleoductos y gasoductos fuera de servicio y en desuso.

h) Limitación y racionalización de los accesos a pozos, baterías y plantas hidrocarburíferas.

Declaración jurada

La iniciativa estipula que el Programa tendrá por finalidad la formulación de un diagnóstico de la situación medioambiental y la estimación de las consecuencias que conlleva la continuidad de las operaciones.

En su Artículo 3, indica que a los fines de la presente ley, la Autoridad de Aplicación dispondrá la realización de estudios de relevamiento con el propósito de evaluar los efectos ambientales que la actividad hidrocarburíferas ha producido en todo el territorio provincial. A tal efecto podrá requerir el concurso de expertos, consultoras o instituciones de carácter público o privado, nacionales o extranjeros con reconocida trayectoria en la ejecución de tareas similares.

En tanto, en su artículo 4, las operadoras deberán presentar mediante declaración jurada la denuncia de los pasivos ambientales de cada concesión en los plazos que fije la Autoridad de Aplicación debiendo elaborar un plan anual de trabajo y su correspondiente cronograma de inversiones.

Penalidades

Por su parte, el proyecto firmado por los diputados Francisco Anglesio, Eugenio Quiroga, Horacio Miguel y Roberto Fernández, sostiene que toda infracción a las disposiciones de la ley y de la reglamentación que en su consecuencia se dicte, será pasible de las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:

a) Apercibimiento.

b) Multa desde el monto equivalente a quinientos (500) litros de gasoil según valor en el Automóvil Club Argentino de Río Gallegos, hasta mil quinientas (1.500) veces esa suma.

Asimismo, las sanciones se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa y deberán graduarse de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieren corresponder.

Modificación

El Proyecto de Ley establece que será Autoridad de Aplicación la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, o el organismo que en el futuro la reemplace.

También, pide derogar la Ley 2.689, creadora del "Programa de Saneamiento Ambiental" fue sancionada en el año 2004 con el objetivo de recuperar aquellas áreas afectadas por la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio de la Provincia de Santa Cruz.

Dicho programa contempla la cuantificación de daños y pasivos ambientales generados durante la actividad, exigiendo a las operadoras los planes de trabajo necesarios para la remediación de estos pasivos, con sus correspondientes cronogramas de inversión. El Poder Ejecutivo Provincial en función de lo establecido en el texto de la norma y en relación a su criterio sobre la aplicabilidad de la Ley, "tomó la decisión de vetar los artículos 3 y 5 del texto original e introdujo modificaciones proponiendo al Poder Legislativo el texto alternativo del artículo Nº 6, que fuera finalmente aprobado por Resolución Nº 88/2004".

Según la argumentación de la norma presentada, pretende establecer un orden en el marco jurídico a partir del cual se desarrollará el Programa de Saneamiento Ambiental, readecuando su texto a las exigencias de la actualidad introduciendo modificaciones de relevancia para una correcta y mas eficiente aplicación de la normativa.

A través de las modificaciones se designa expresamente como Autoridad de Aplicación a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, o al organismo que en el futuro la reemplace. De esta manera, la ejecución del Programa de Saneamiento Ambiental contará con el respaldo imprescindible de una dependencia con pleno conocimiento y capacidad técnica-operativa sobre la temática.

Asimismo, la creación de un régimen sancionatorio específico para la norma, facultando a la autoridad de aplicación para labrar apercibimientos y multas, constituye un importante paso para el control de aquellas actividades con potencial de impactar sobre el recurso natural.

Por su parte, la obligatoriedad de la denuncia de los pasivos ambientales de cada concesión mediante declaración jurada, "será un avance sustancial en el proceso de monitoreo y control para las actividades relacionadas a la recuperación de las áreas afectadas por la exploración y explotación de hidrocarburos", sostiene.

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