Como ya lo dijo en varias ocasiones Zaffaroni, la iniciativa tiene el fin primordial de “armonizar” el Código tras sucesivos “parches” incorporados en los últimos años. Los más notorios fueron realizados por el propio kirchnerismo, cuando sacó una serie de leyes para endurecer las penas como consecuencia de los reclamos ciudadanos que acompañaron al padre de Axel Blumberg, el chico secuestrado y asesinado en el segundo año de gobierno de Néstor Kirchner.

“Se eliminaron leyes sin ninguna conexidad”, explicó una fuente que trabajó junto con la comisión. El cuerpo estuvo presidido por Zaffaroni y por el ex ministro de Justicia León Arslanián (en representación del PJ oficialista), el ex juez y ex diputado Ricardo Gil Lavedra (por el radicalismo), la ex diputada y también abogada María Elena Barbagelata (por el socialismo, Frente Amplio Progresista), y el diputado Federico Pinedo (PRO).

Pero la reforma también propone cambios significativos, como eliminar la prisión perpetua. Esto es porque varios jueces han dicho en sus fallos que es contraria a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina y con rango constitucional.

Además, se crea una categoría de “delitos gravísimos”, que serían el homicidio, el secuestro y la violación, con una pena máxima de prisión de 30 años. Actualmente la máxima para el homicidio es de 25 años.

Otra polémica incorporación sería la eliminación de la reincidencia como un agravante forzoso para la imposición de una pena en caso de un segundo delito.

Además, la iniciativa ajusta el Código a la jurisprudencia de la Corte en materia de abortos y tenencia de drogas para consumo personal sin afectación a terceros. Así, el aborto dejaría de ser punible si es que el embarazo fue producto de una violación. Y a quien le encuentren un cigarrillo de marihuana sin que afecte a otras personas tampoco se lo penaría.

De acuerdo con fuentes legislativas hubo disidencias parciales de Barbagelata, en el tema del aborto, y de Pinedo, en cuanto al tema de la eliminación de la reincidencia como agravante para la imposición de una pena. Este legislador también se opuso a la eliminación de la prisión perpetua y propuso que una vez concluidos los 30 años de prisión (o los dos tercios), el condenado liberado sean monitoreado más eficazmente por el Estado.

Luego de la convocatoria del Gobierno, los integrantes de la comisión redactora trabajaron durante un año y medio con reuniones semanales en oficinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ayer fueron recibidos por la Presidenta junto con el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez, flamante representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Así como el año pasado lo hizo con la reforma al Código Civil y Comercial (en este caso la comisión fue presidida por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti), la Presidenta anunciaría el envío al Congreso del proyecto el 1 de marzo, en la apertura de sesiones