Quieren echar a edil opositora

Hoy viernes y según la convocatoria realizada por la presidencia del Concejo Deliberante, el oficialismo pejotista busca concretar la suspensión como concejal de la oposición Patricia Miño
La edil desde 2006 cobra una pensión nacional por discapacidad, ya que padece de enfermedades coronarias, pero es considerada incompatible con la dieta legislativa. Sin embargo, ayer por la tarde el conjunto de bloques opositores (CC, Intregración Vecinal, Hacer por Buenos Aires y FPV barrionuevista) se hallaban reunidos para decidir su no concurrencia al recinto, frustrando el quorum necesario de dos tercios para el desarrollo de la sesión.

El tema tomó estado público en julio, cuando Claudia Liliana Martínez envió una carta documento a la presidenta del cuerpo, Hilda López, en la que denuncia un presunto «delito» de Miño, al percibir «una pensión del ANSES por carecer de recursos», simultáneamente al cobro de su dieta como concejal. «Pido a la Sra. López –prosigue la carta– la denuncie ante la Justicia y expulse del recinto a la concejal mencionada». La pensión cuestionada asciende a 483 pesos.

Luego se produjeron una serie de acusaciones cruzadas que derivaron en la conformación de una comisión investigadora integrada por nueve concejales: cinco del PJ y cuatro opositores. A principios de este mes, un dictamen de la mayoría oficialista pidió la suspensión de Miño y la correspondiente denuncia penal por «haber incurrido en faltas graves tales como transgresiones a normas nacionales y provinciales así como negligencias y mendacidades». Mientras tanto, el dictamen de minoría pidió desestimar la denuncia.

Cabe destacar que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorgó la pensión, ratificó que la misma «reune los requisitos reglamentarios», con un certificado de incapacidad otorgando por el Hospital Municipal de Hurlingham, aunque el primer día de octubre procedió a «suspender preventivamente» los pagos, pedido realizado por la propia Miño.

Mientras tanto y aún antes de que se formara la comisión investigadora, desde la presidencia del Concejo se había realizado la denuncia penal ante el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, «atenta la posibilidad de delito.

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