Según interpreta el diputado Mariano Mansilla, del Bloque de diputados FPN-UNE, se evalúa “denunciar penalmente” a Sapag por “abuso de autoridad”, por la firma de los Decretos 2399 y 2400, del 4 de diciembre de 2015.

“Los Decretos de Sapag crean un estado paralelo, transfieren tierras fiscales a Fiduciaria Neuquina S.A. y le da todas  facultades para recaudar y llevar adelante toda la obra pública de educación y la infraestructura vial para el petróleo”, afirmó Mansilla.

De acuerdo con la interpretación del legislador, “se desvían fondos del Estado hacia una sociedad anónima que va a decidir qué obra hacer y qué obra no, cuando eso son facultades de organismos estatales y de la Legislatura en lo referente a la asignación de fondos”.

Mansilla destacó que se contrataría sin control estatal, y que ese modus operandi “ya fue realizado por Sapag a con la Fundación Alejandría, sobre la cual la Justicia le tiene puesta la lupa”.

“Pienso que la Legislatura tiene que derogar estos decretos, y por eso presentamos un Proyecto de Ley a tal fin, sin perjuicio de que iniciaremos acciones legales contra los decretos para que sean declarados inconstitucionales”, sostuvo Mansilla, quien deslizó la sugerencia de que (el gobernador Omar) Gutiérrez “los derogara ante nuestro planteo, que es lo que debería hacer”.