Quieren que la Corte cierre el caso de la reforma

El Colegio de Abogados pretende un pronunciamiento sobre los recursos extraordinarios deducidos contra la sentencia del 8 de setiembre. Los letrados demandan saber si el alto tribunal de la Nación podrá revisar el fallo que impide que el PE organice el CAM. Hipótesis.
Las autoridades del Colegio de Abogados están interesadas en que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se expida con urgencia acerca de si corresponde (o no) que el máximo tribunal del país revise la histórica sentencia pronunciada el 8 de setiembre. Ese día la Corte de la provincia declaró nulas e inconstitucionales varias disposiciones de la Constitución reformada en 2006; entre ellas, la potestad que se había conferido al Poder Ejecutivo para que organizara discrecionalmente -por decreto- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), órgano previsto para la selección de los jueces inferiores.

La institución profesional formulará mañana un pedido de pronto despacho. La finalidad es que la Corte se pronuncie sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios deducidos por el Colegio (sólo respecto de un punto de la sentencia) y, fundamentalmente, por el Gobierno, en el afán de que la Corte de la Nación revea el fallo del 8 de setiembre.

El presidente de la entidad que agrupa a los letrados, Antonio Bustamante, explicó el por qué de la medida. “La decisión de la Corte sobre los recursos extraordinarios clarificará el panorama jurídico y tendrá relevancia para la situación planteada respecto de la Ley 8.136, que permite que el gobernador designe jueces interinos a dedo”, manifestó.

Alternativas

La alusión de Bustamante a la Ley 8.136 es porque, si la Corte denegara el recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno, seguiría en pie la doctrina sentada en la sentencia por la mayoría del tribunal respecto del CAM. Los vocales Antonio Gandur y René Mario Goane, y la camarista Ebe López Piossek (debió integrar el tribunal) concluyeron que sólo fue declarada nula la potestad de que el PE organizara discrecionalmente el CAM, pero no el procedimiento de selección de los jueces, que exige -entre otras cosas- la celebración de concursos públicos de interesados.

La futura resolución de la Corte sobre los recursos tiene importancia, porque la Ley 8.136, en los artículos 1 y 7, establece que los jueces interinos se desempeñarán hasta que se establezca el procedimiento de selección de los jueces titulares, lo que da a entender que en estos momentos no hay un sistema en la provincia.

En la hipótesis de que no le fuera concedido el recurso extraordinario, al Gobierno le quedaría insistir con una queja, pero esta salida procesal no suspendería el cumplimiento de la sentencia de la Corte de la provincia.

Respecto de los recursos ya se habrían pronunciado Goane, Gandur y Alberto Brito (en el fallo votó en disidencia respecto del CAM), y López Piossek los estaría estudiando. En la hipótesis de que hubiera un empate entre los criterios sostenidos, la Corte deberá ser integrada con otro vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que desempate.

Comentá la nota