Los miembros kirchneristas y radicales del Consejo de la Magistratura llegaron a un acuerdo: es necesario revertir la imagen del cuerpo que integran y, para eso, transparentar y acelerar los demoradísimos concursos para elegir jueces sería una buena señal. Con esta lógica, acaban de presentar un proyecto común de reforma del Reglamento de Selección de Magistrados.

La iniciativa propone acortar los plazos, prohibir prórrogas y cambiar la forma de valorar los antecedentes de los candidatos. Además, prevé que los exámenes escritos dejen de ser anónimos y que los concursantes deban pasar una prueba oral ante el jurado evaluador que quede filmada.

Este proyecto común no implica que oficialistas y opositores coincidan en su visión del Consejo. Para nada. Mientras los radicales quieren volver a modificar la ley que lo rige, los kirchneristas se niegan: defienden a ultranza la reforma que impulsó Cristina Kirchner, que les dio un enorme poder. Hoy, ningún juez puede ser elegido ni removido sin el voto de al menos uno de los consejeros oficialistas.

La iniciativa es una reacción interna del Consejo a las críticas, cada vez más duras, a su funcionamiento. Sobre todo, a las de la Corte, que cayeron muy mal a los representantes políticos en el organismo.

Hoy, los concursos ya tienen plazo: 90 días hábiles desde el examen. Sin embargo, suelen tardar mucho más. Entre las demoras del Poder Ejecutivo y las del Consejo, en la actualidad hay 187 juzgados vacantes, más del 20% de los tribunales nacionales.

Un ejemplo de violación de los plazos es el proceso para cubrir cuatro juzgados federales porteños, donde están las principales causas de corrupción. Hoy, dos de esos juzgados están en manos de subrogantes, jueces que la Corte declaró inconstitucionales (ver aparte).

Primeras críticas

El nuevo proyecto de selección no cuenta con el apoyo de los jueces. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, dijo a LA NACION que tiene "deficiencias graves", sobre todo porque termina con el anonimato, una "garantía de imparcialidad", según Recondo, y porque sigue dando a los consejeros potestad para cambiar el dictamen de los jurados. "Pueden seguir poniendo primero a quien salió noveno", advirtió.

Sus autores, en cambio, sostienen que con oralidad y publicidad se minimiza el riesgo de corrupción en los concursos.

Para Luis Cabral, representante de los jueces en el Consejo, el proyecto tiene aciertos y desaciertos. "Hay que estudiarlo. Está bien acelerar los concursos, pero también es importante que la gente confíe en que no hay manipulación", advirtió.

Los lineamientos generales del proyecto fueron acordados en una reunión extraoficial realizada en el Congreso hace diez días. Estaban los dos consejeros radicales, el senador Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad, y cuatro de los cinco oficialistas, la diputada Diana Conti, los senadores Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes, y Marcela Losardo, que hasta la semana pasada representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo. Sólo faltó Carlos Kunkel.

Según Sanz, hoy los concursos "no son del todo confiables" y, por eso, hay que hacerlos más parecidos a los exámenes de doctorado de la facultad. "Hay que minimizar los riesgos de desviación con publicidad, oralidad y transparencia", dijo.

Conti coincidió: "Es evidente que hoy hay intercambio entre jurados y concursantes. No se puede probar, pero existe. Los concursantes ponen determinadas frases y se lo dicen a los jurados para que los reconozcan. El anonimato no garantiza nada".

Recondo discrepa. "Es una excusa. Hay que terminar con la corrupción, no con el anonimato", sostiene.

El proyecto se presentó el jueves último, en el plenario del Consejo. El clima entre radicales y oficialistas ya no era tan bueno, y la reunión se realizó en un ambiente de extrema tensión. Los kirchneristas acusaron a sus pares -opositores, abogados y jueces- de no defender al Consejo. "Afuera existe una crítica despiadada, montada en una infamia, y ustedes lo saben. Ni la Corte ni nadie puede decir que elegimos a los jueces que se nos antoja", dijo Fernández. Durante una hora, el plenario se convirtió en un espacio para la catarsis del kirchnerismo. Volvió la calma cuando Conti presentó el proyecto de reglamento para que se analizara "lo más rápido posible" y Sanz anunció que el radicalismo lo apoyaba. Todos saben que no se aprobará de inmediato, pero confían en que funcione como una buena señal política.

Claves

* Consejo de la Magistratura . Cuando se produce una vacante, abre el concurso. Los postulantes se anotan, rinden un examen, se evalúan sus antecedentes y se forma una terna de candidatos que se remite al Poder Ejecutivo.

* Poder Ejecutivo . El Presidente elige a uno de los tres candidatos que le envió el Consejo y lo informa al Senado.

* Senado . Debe dar su acuerdo para que el candidato se convierta en juez. Después, un decreto presidencial lo pone en funciones.

* El proyecto de cambio . Con la nueva iniciativa, cada etapa del proceso tiene un plazo en el que debe cumplirse y se limita la posibilidad de pedir postergaciones. Además, casi todos los tiempos se acortan.

* La prueba escrita . Ya no sería anónima ni sorpresa. Los jurados elaborarán cinco casos a resolver por los concursantes y los publican en Internet, donde los candidatos podrán verlos.

* Antecedentes . Se le daría más importancia a cómo desempeñó sus tareas previas el concursante, su compromiso con el cargo que haya ocupado, sus valores democráticos, su vocación por los derechos humanos y la edad. Se incluye como un dato por tener en cuenta el promedio final de sus calificaciones académicas.