El ARI quiere que los debates públicos entre candidatos sean obligatorios

El bloque de legisladores del ARI ingresó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para que los candidatos a cargos electivos provinciales y municipales deban participar de un debate público, bajo pena de que la lista que integran sea impugnada e inhabilitada para tomar parte del comicio de que se trate. La iniciativa impulsa una reforma al código electoral provincial.
El bloque de legisladores del ARI ingresó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de que los candidatos a cargos electivos provinciales y municipales deban participar de un debate público, bajo pena de que la lista que integran sea impugnada e inhabilitada pata tomar parte del comicio de que se trate.

La legisladora Verónica de María sostuvo que en virtud del "perfil de las campañas políticas en los últimos tiempos, nos parece importante poder ofrecer la herramienta del debate público para poder contrastar las ideas que se ponen en juego durante una elección, junto con la identificación de problemas y la búsqueda o propuestas de soluciones a esos problemas".

Consideró que si las campañas se reducen a "nada más que afiches, fotos e imágenes de los candidatos, manejados en general por agencias publicitarias o especialistas en marketing, lo que va a pasar es lo que está ocurriendo: un proceso de farandulización de la cosa pública".

El proyecto propone modificar la ley provincial N°201 (Ley Electoral) incorporando como cláusula complementaria el artículo 134, dedicado al debate público.

La iniciativa estipula que "entre el plazo de oficialización de listas para las elecciones provinciales, municipales y comunales, y hasta quince días antes de la fecha de los comicios, el Juzgado de Primera Instancia Electoral y de Registro deberá llamar a un debate público entre los candidatos que encabezan las listas oficializadas", el que deberá ser "transmitido por todos los medios de comunicación públicos provinciales, debiendo ser organizado por las autoridades competentes en la materia".

Sobre la obligatoriedad que impondría la ley, De María la defendió en el entendimiento de que "un candidato no tiene derecho a guardar silencio en campaña política. A las personas se las obliga a votar. Si el ciudadano está obligado a elegir, entonces el candidato está obligado a explicar cuál es su oferta electoral. Porque no hay participación real sin información", aseveró.

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