"Hay quienes promueven que no haya desarrollo en el Chaco Salteño".

El productor rural Fernando Cenci, quien tiene su finca en el departamento Rivadavia, acusó a las organizaciones no gubernamentales Greenpeace, Asociana y Fundapaz de estar "trabajando en pro del estancamiento de la zona".
Realizó similar acusación contra el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, Guillermo Baudino, y la antropóloga Catalina Buliubasich, ex secretaria de Política Ambiental: "Promueven que no haya desarrollo en el Chaco Salteño", sostuvo.

El decano de Ciencias Naturales había afirmado que la ley de ordenamiento territorial de la provincia "es genocida". Baudino y la rectora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Stella Bianchi, analizaron esta ley para elaborar un amparo que se presentó en febrero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Baudino habla con una ligereza tan grande. Yo diría que más genocida es desconocer la situación que están pasando los aborígenes", afirmó Cenci, quien aseguró que los indígenas quieren que haya emprendimientos productivos porque les genera empleos. Sin embargo, reconoció que tras el acondicionamiento de las fincas, habrá una disminución de la fuente de trabajo.

Sobre Greenpeace y las dos organizaciones que trabajan con los aborígenes en la zona, Asociana (de la Iglesia Anglicana) y Fundapaz (de la Católica), sostuvo que "constantemente están haciendo diferencias, que son aborígenes, que son blancos, que son verdes". Y las acusó de pretender que las comunidades se mantengan sin mejorar su calidad de vida. Recordó que los índices de pobreza "más grandes se dan en el departamento Rivadavia", el que, según sus consideraciones, no habría sido tan castigado por los desmontes, por lo que, concluyó, "no se puede correlacionar el desmonte con la pobreza". "Hay un ánimo de confrontación, de pelea, innecesario", aseguró. Sostuvo que en su caso no quiere eso:

"La idea no es ni de confrontar ni de destruir el medio ambiente, ni discriminar".

Cenci es ingeniero agrónomo. Santafecino, dijo que vendió todo cuanto tenía para adquirir tierras en el Chaco Salteño, la finca Balbuena, de 11 mil hectáreas de las cuales unas 3 mil son suyas. La autorización de desmonte en esta finca fue impugnada, junto a otros 17 permisos, por comunidades aborígenes, con el apoyo técnico de Asociana.

El productor afirmó que en su finca se estaba haciendo un desbarejado que tuvo que ser suspendido, por la orden de la Corte Suprema, y que eso deja sin trabajo a gente del lugar. Sobre el permiso de desmonte, sostuvo que lo tramitó en marzo de 2006 y salió en noviembre de 2007, poco antes de que se aprobara la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos. "Estuve dos años tramitando el permiso, salió justo en noviembre y me metieron en la misma bolsa (de las autorizaciones sacadas de apuro antes de que se aprobara la ley) como un delincuente", se quejó

En su opinión, "la solución no es parar los desmontes porque sí nomás", dado que en la zona no hay otra fuente de trabajo que la explotación del monte. "En el Chaco Salteño hacen falta políticas de estado que apunten al desarrollo sustentable", afirmó. Dijo que, en cambio, en la zona "el Estado está ausente y por eso está pasando esto".

Cenci informó que con otros productores están formando una nueva organización, la Integración Forestal Agropecuaria del Chaco Salteño (IFACSA), en la que "queremos integrar a todos los sectores".

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