El 10 de diciembre, cinco funcionarios clave kirchneristas podrán seguir en sus cargos, ya que sus mandatos se extienden más allá del final de Cristina.

El nuevo presidente deberá definir si los mantiene o si aplica los mecanismos previstos en la ley para removerlos. En algunos casos, bastará con firmar un decreto y en otros, la decisión dependerá del Congreso.

"Es una complicación para el nuevo gobierno, sobre todo cuando estos funcionarios han ejercido sus cargos de manera militante y no con profesionalismo", dijo el ex diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR) a La Nación.

El abogado constitucionalista Gregorio Badeni reconoció que su permanencia puede generar un roce o un inconveniente con autoridades que seguramente tendrán ideas o principios contrapuestos.

A continuación, los cinco casos:

1. Alejandra Gils Carbó

La procuradora general de la Nación continuará el 10 de diciembre. Nombrada por la Presidenta en 2012, su pliego fue aprobado por dos tercios de los presentes en el Senado. Además del kirchnerismo, recibió el respaldo de la UCR, el Frente Amplio Progresista y el peronismo disidente.

Al asumir, prometió que actuaría "en forma independiente". Sin embargo, designó fiscales afines al oficialismo e impulsó un juicio político contra José María Campagnoli, por impulsar la investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero. 

La procuradora acumula decenas de denuncias y sus decisiones despertaron fuertes críticas de la oposición y generaron malestar en jueces y fiscales federales, en especial en aquellos que llevan adelante causas por corrupción que involucran al Gobierno.

Para desplazar a Gils Carbó, el presidente debería contar con mayoría en el Congreso para iniciar un juicio político en su contra.

2. Ricardo Echegaray

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es uno de los funcionarios más relevantes en el área económica de Cristina Kirchner. Su mandato finaliza en 2016.

El ex jefe de la Aduana llegó al organismo recaudador en 2008. En 2012, la Presidenta lo ratificó por un nuevo período de cuatro años, mediante el decreto 1399. Su gestión quedó en la mira de la Justicia en la causa por la ex Ciccone y en el caso Báez, y su eventual reemplazo no sería un escollo difícil de superar para el presidente electo en octubre. Puede ser removido por un decreto del Poder Ejecutivo.

3. Alejandro Vanoli

El presidente del Banco Central puede permanecer en su sillón hasta diciembre de 2019. Ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) asumió en diciembre de 2014, tras la aprobación de su pliego en el Senado.

La Casa Rosada lo propuso para cumplir el mandato de Juan Carlos Fábrega, quien renunció luego de que la Presidenta lo acusara en público de filtrar datos a los bancos para desestabilizar la economía. Fábrega había sido designado para un nuevo período en 2013.

Para deshacerse de Vanoli, el sucesor de Cristina Kirchner deberá contar con "el consejo previo" de una comisión especial del Congreso, según establece la Carta Orgánica del Banco Central.

4. José Sbatella

Es uno de los funcionarios kirchneristas más cuestionados por la oposición y podría seguir a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) hasta 2018.

En febrero del año pasado, Cristina Kirchner lo ratificó por otros cuatro años, al frente del organismo que está encargado de la lucha contra el lavado de activos, a pesar de las numerosas impugnaciones que presentó la oposición a su nombramiento.

Acumula varias denuncias penales por su actuación en la UIF y puede ser removido de su cargo por el Poder Ejecutivo por "mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia" o si fuera "condenado por la comisión de delitos dolosos".

5. Martín Sabbatella

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) tiene mandatohasta 2017. Ratificado en noviembre de 2013, la UCR impugnó su nombramiento por falta de independencia.

Según la ley 26.522, el presidente de la AFSCA puede ser desplazado del organismo "por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones". Su apartamiento debe ser aprobado por dos tercios de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.