¿Quién, en el país, está dispuesto a renunciar a algo?

Por Carlos Pagni

Cada tanto en la Argentina aparece la pretensión de ensayar un "Pacto de la Moncloa" criollo, parecido a aquél que suscribió la dirigencia política de España en octubre de 1977.

Ahora esa idea se recrea a instancias de quien generó el proceso político actual, Eduardo Duhalde, quien tiende su mano a Julio Cobos, el vicepresidente. No es la primera vez que Duhalde ensaya esta experiencia. Intentó llevarla adelante en su gobierno -surgido de una Asamblea Legislativa- incorporando algunos radicales al gabinete.

Antes, a mediados de 2001, Duhalde también dialogaba con Raúl Alfonsín sobre la conveniencia de subsumir a Fernando De la Rúa en un "gobierno de unidad nacional". Alfonsín llegó a imaginar a su interlocutor peronista como jefe de Gabinete y a Jorge Remes Lenicov como ministro de Economía de esa administración. Hacia agosto de aquel año expuso esas ocurrencias en la casa de un amigo del barrio de Saavedra.

Se sabe cómo terminaron esos planes. Imposible alimentar mejor las fantasías de los Kirchner sobre un proceso de desestabilización de su gobierno.

El modelo español en el que se inspira la retórica de Duhalde tuvo peculiaridades que iluminan, por las semejanzas y, sobre todo, por las diferencias, la escena actual.

Aquellos acuerdos, tejidos por el primer ministro Adolfo Suárez, abarcaban casi todos los aspectos de la vida pública peninsular. Había que desmontar el dispositivo autoritario establecido por Francisco Franco y su prolongada dictadura: se garantizó la libertad de prensa, el derecho de reunión, se penalizó la tortura, se disolvió el "movimiento nacional", como se denominaba al franquismo.

Los entendimientos fueron, sobre todo, económicos y sindicales. España había sido maltratada por la crisis del petróleo, padecía una inflación acelerada y comenzaba a registrar un ascendente desempleo.

Sin embargo, la recepción de una experiencia como la de estos pactos a la escena local podría resultar en una frustración. Aquellos acuerdos se realizaron porque en España se daban tres condiciones que hoy a la Argentina le resultan muy esquivas.

Por un lado, una notoria vocación por renunciar al espíritu faccioso. Cada dirigente que suscribió los Pactos de la Moncloa venía de ceder algunas expectativas que parecían centrales para su existencia política. Los republicanos -socialistas de Felipe González y comunistas de Santiago Carrillo- acababan de aceptar la monarquía. Los franquistas -entre ellos el propio Suárez- se resignaron a la legalización del Partido Comunista, producida por el gobierno de manera sorpresiva para evitar la reacción militar. Los monárquicos se inclinaban ante un rey que consideraban ilegítimo: Juan Carlos de Borbón no llegó al poder por la línea sucesoria, que beneficiaba a su padre don Juan, el Conde de Barcelona, sino por una iniciativa del dictador Franco.

La segunda característica del contexto en que se sellaron aquellos acuerdos fue la existencia de fuerzas políticas que, con una pasable organización, daban estabilidad a la agenda que se convenía. La UCD de Calvo Sotelo y de Suárez, el socialismo de González, el de Tierno Galván y el del catalán Triginer, Convergencia Socialista de Cataluña, de Reventós, el Partido Nacionalista Vasco de Ajuriaguerra, Convergencia i Unió de Roca y Jordi Pujol, y Alianza Popular de Fraga Iribarne.

A los partidos deben agregarse las organizaciones empresariales y, sobre todo, las sindicales: UGT y Comisiones Obreras. Ninguna pertenecía al oficialismo, que puso frente a ellas a un negociador eximio, como Rodolfo Martín Villa.

La tercera condición fue la existencia de un garante de última instancia, una figura de convergencia, crucial en el entramado de toda la transición: el rey.

Es bastante evidente que la Argentina requiere de un consenso sin el cual será difícil realizar algunos ajustes y reformas. Un entendimiento que no se agote en el fácil negocio de reaccionar en conjunto contra la imagen negativa de un actor determinante (hoy Kirchner, ayer Menem).

Sin embargo, para esa operación de carácter programático, habría que despejar tres incógnitas. Primera: ¿Quiénes serán los actores de esos pactos? ¿Instituciones con un mínimo de vertebración o líderes aislados en su propio egocentrismo? Segunda: ¿Qué Gobierno será el que convoque y garantice esos acuerdos? El de los Kirchner parece haber renunciado a esa tarea de la que, tal vez, se sienta víctima. Tercera, y principal: ¿Quién, en la Argentina, está dispuesto a renunciar a algo?

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