Por: Luis Bruschtein.

El ministro de Economía Martín Guzmán dijo que algunos bonistas se oponen a la propuesta del gobierno y exigen ajuste. El gobierno coincidió y dio el aval para enviar al Congreso el impuesto a los más ricos. Así puede realizar un ajuste, pero no a costa de los más vulnerables. Se calcula que con ese impuesto excepcional se recaudarán entre 2300 y 3800 millones de dólares que serán destinados a combatir la epidemia siempre que los defensores de los más ricos, en este caso el PRO y los radicales, más jueces de la Corte, no lo impidan.

El proyecto sería impuesto a las personas que tienen fortunas mayores a los tres millones de dólares. Quedan fuera todos los trabajadores, todos los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, porque esa cifra involucra solamente a unos doce o quince mil millonarios. O sea que quedan fuera la inmensa mayoría de los argentinos.

Sin embargo, los medios corporativos hicieron tanto escándalo como si las cifras fueran al revés. Es que creen que por fin encontraron la forma de encajarle la marca “K” al gobierno de Alberto Fernández, con la que pretenden redirigir contra el presidente todas las campañas que están haciendo desde hace dieciseis años.

La propuesta para este gravamen extraordinario --porque sólo se aplicará una sola vez-- está impulsada en Diputados por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner. Y Cristina es la que está preparando el debate en el Senado. Más “K”, imposible. Los analistas del sistema, cuestionan la iniciativa porque perjudica a los ultrarricos, lo cual demostraría su marca de origen.

El ministro Guzmán advirtió que los acreedores tratarán de hacer lobby contra la propuesta del gobierno y que algunos de ellos, los más poderosos, han demostrado que tienen acceso a los medios locales. Durante la disputa con los fondos buitre que pretendían cobrar diez veces más de lo que habían gastado, se publicaron en los medios corporativos solicitadas y fake news pagadas por esos fondos. Gracias a Mauricio Macri y su ministro Alfonso Prat Gay terminaron recibiendo treinta veces más de lo que habían invertido cuando compraron los bonos basura.

Este viernes, en vez de titular con la propuesta que difundió el gobierno, Clarín lo hizo con el rechazo de los principales fondos de inversión, lo que era más viejo, como noticia, que la propuesta oficializada. El principal artículo reprodujo el punto de vista y los argumentos de los acreedores y calificó de “hostil” a la propuesta del gobierno.

Empieza a recrearse así un escenario de quinta columna o frente interno, en una situación muy delicada de doble emergencia nacional por la crisis de deuda que dejó el macrismo y por el efecto de la pandemia. Los negociadores hacen equilibrio sobre una cornisa que les deja muy poco margen y encima tendrán que lidiar con las corporaciones mediáticas locales que tratan de presentar como de sentido común a las pretenciones de los prestamistas.

Repetir que los fondos de inversión no le creen a Alberto Fernández cuando dice que el país no puede pagar es pensar que el público que recibe ese mensaje es infradotado. Los acreedores también viven en este mundo paralizado, con su principal potencia económica entrando en una crisis inédita que hundirá a diestra y siniestra la economía mundial. Si no le creen al Presidente, están en problemas graves de desconexión de la realidad.

Con la pandemia se triplicó el déficit ya importante que dejaron el PRO y los radicales: “¿Dónde hay un mango/ viejo Gómez?/ los han limpiao/ con piedra pómez”, cantaba Tita Merello y así quedará el país tras la pandemia. Si no creen están en problemas. Y los medios corporativos no pueden ser tan poco serios como para no señalarlo, por lo menos. Lo que dijo Guzmán suena más realista: los prestamistas aceptan que no hay dinero, pero exigen entonces que haya más ajuste.

La situación es lo suficientemente grave como para encontrar respuestas excepcionales, como el impuesto a las grandes fortunas. Como esta propuesta ronda la bancada oficialista de Diputados desde hace varios días, se convirtió en el blanco de ataque de los voceros mediáticos macristas más agresivos que ya se enrolaron en el lobby de los acreedores. En esa línea, presentaron al impuesto como un monumento al populismo, copiado del comunismo o el socialismo.

Pero en realidad ha sido una herramienta que han usado países y gobiernos que no son para nada comunistas ni socialistas. En Alemania, cuando cayó el muro y se produjo la reunificación, se aplicó un impuesto extraordinario del cinco por ciento a las grandes fortunas, que terminará de cobrarse en el 2021.

La reunificación y el impuesto provocaron en ese momento fuertes polémicas por los altísimos costos. Sin embargo, ese impuesto que sostuvo la economía de las dos Alemanias mientras se consolidaban permitió que ahora sea la mayor potencia económica, por lejos, de Europa y la única de esa región que puede terciar en la disputa de Estados Unidos con China. Los millonarios que todavía están pagando recuperaron con creces lo que pusieron.

Y otro ejemplo está más cerca en la geografía, pero más lejos en el tiempo: Cuando San Martín era gobernador de Cuyo y organizaba el Ejército de los Andes, el gobierno de Buenos Aires le cortó los víveres. Al mismo tiempo, la economía cuyana se había perjudicado con el cierre de la aduana con Chile. San Martín recaudó entonces un impuesto de cuatro reales por cada mil pesos de las grandes fortunas de la región.

Los ricos detestaban a San Martín porque les liberaba los esclavos para incorporarlos al Ejército y les cobraba esos impuestos. Pero cuando liberó Chile y reabrió la aduana, esos empresarios recuperaron lo que habían puesto, aunque no dejaron de odiar al Libertador y denunciarlo como un tirano corrupto.

Las políticas de ajuste consisten en recortar del gasto estatal en salud y educación pública, en salarios y en jubilaciones. Lo que recaude el impuesto a las grandes fortunas evitará ese camino. Los detractores de la medida dicen que es antieconómica porque perjudica “a los que producen”. La experiencia demuestra lo contrario, porque la economía se perjudicó cada vez que ajustaron salarios y jubilaciones. Y también advirtieron que nadie pagaría el impuesto y que sería frenado en la Justicia. La experiencia demuestra que eso sí pueden hacerlo, como sucedió con la ley de medios antimonopólica.

Anticipándose, Cristina Kirchner pidió a la Corte que se expida sobre la validez constitucional de sesionar en forma virtual. El impuesto es para combatir la epidemia. Mientras dure la cuarentena, el Congreso no se puede reunir físicamente. Y cuando termine no tendrá tanto sentido. La Corte puede alargar el trámite para obturarlo. Por lo pronto solicitó la opinión de la Procuración.

Los legisladores del PRO y del radicalismo, que han demostrado su influencia sobre jueces y fiscales, ya adelantaron que se oponen a sesionar de manera virtual y también al impuesto a los ricos. El pedido de la ex presidenta a la Corte busca evitar que se impida funcionar al Congreso durante la epidemia y que, para proteger a los ricos, la oposición lo judicialice eternamente.