La información que se difundió es equívoca y en alguna medida incorrecta. Sin embargo, aún corrigiendo las imprecisiones en las cifras difundidas, lo datos son inquietantes. De hecho, esta situación puede ser una de las involuciones más graves del sistema democrático desde 1983.

Esta nota, lector, un tanto tediosa, está destinada a dar precisiones sobre el tema y, por tanto, a fundar la preocupación que expreso.

La primera confusión proviene de no distinguir entre el monto aprobado en la ley de presupuesto y el que fue efectivamente devengado. En otras palabras –más sencillas pero menos exactas–, una cosa es el gasto que se autoriza y otra el que se realiza. La diferencia no es menor. Por ejemplo, en 2008 el presupuesto de inteligencia militar del Ejército autorizado fue de 150 millones de pesos, en cambio, el devengado (lo que efectivamente se gastó) fue 87 millones.

Si guardamos esa proporción, de los 333 millones autorizados por la ley de presupuesto para las tareas de inteligencia del Ejército para 2013, es probable que se ejecuten 193 millones. Es menos, pero es mucho, es desproporcionado respecto a los otros gastos de defensa, es difícil de justificar y es poco claro. Por poco claro quiero decir que se puede sospechar (a la luz de nuestra historia y de los acontecimientos recientes) que su uso no tiene que ver con cuestiones estratégicas, sino más bien con espionaje interno. Más grave aún, el análisis de los documentos del Ministerio de Economía y del BCRA indicarían que en 2011 aparecen devengados para Jefatura II, inteligencia táctica operacional, 210 millones más.

Para medir la desproporción de estos gastos veamos algunos datos generales.

En Chile, los montos devengados en 2011 por gastos en personal representaron el 65% del total, mientras que las adquisiciones –compra de equipamiento, incluidas armas– fueron el 24% del gasto. En el caso argentino, para el mismo año, el porcentaje del gasto laboral fue 79% y el gasto en adquisiciones apenas fue 2,2%.

Como se ve, la disparidad más notoria con Chile es en la compra de material militar. En nuestro país resulta claro que el capital con que cuenta el sistema de defensa se reduce años tras año, ya que lo que se adquiere es menos que lo que se pierde por utilización u obsolescencia.

Naturalmente, esta “desinversión” tiene consecuencias importantes en la capacidad de defensa. Por ejemplo, el caza bombardero más moderno que tiene la Argentina es el A4-AR (una versión renovada del A4-M Skyhawk). De los 36 aparatos con que contaban nuestras fuerzas, habitualmente sólo dos son operacionales. Como es imaginable, el resto de nuestra capacidad aérea se encuentra en la misma situación.

Otra manera de evaluar la caída de la capacidad defensiva es el tiempo de vuelo para entrenamiento que tienen los pilotos.

En la actualidad, Francia está llegando a las 15 horas mensuales de vuelo y los Estados Unidos entrena a sus pilotos con 12 horas por mes. En nuestro país el tiempo promedio de entrenamiento es de 1 hora por mes. Ese nivel no sólo es bajo para mantener una apropiada capacidad operacional, sino que está en el límite de lo que un piloto debe volar por razones de seguridad personal.

Es probable que estos datos provoquen en algunas personas reacciones del tipo “y para qué queremos a los militares” o “aún si se gastara más no cambiaría nada en nuestra capacidad de defensa”. Esas son reacciones entendibles, pero que simplifican y caricaturizan una realidad compleja y difícil de administrar. Un país de casi tres millones de kilómetros cuadrados sin capacidad de defensa es un país en peligro. Argentina no es Costa Rica (50.000 kilómetros cuadros), que pudo en 1948 disolver su fuerza armada.

Cómo se logra tener una razonable capacidad defensiva con las limitaciones de recursos que contamos, no es algo que tenga una respuesta sencilla. Sin embargo, se puede hacer sin que esto implique que se quiten recursos a otras áreas prioritarias de la sociedad argentina. Tener un sistema de defensa útil no significa que haya que pagarlo con un mal sistema educativo, de salud o de seguridad social. En estas áreas sociales, Brasil o Chile avanzaron considerablemente y no descuidaron, sino más bien lo contrario, su capacidad de defensa.

No tiene sentido el gasto desmedido en inteligencia militar cuando en el área de defensa existen prioridades en las que se juega el mantenimiento de una capacidad mínima para la defensa nacional.

Por lo tanto, el gasto en inteligencia militar es un despropósito cuando se ve la situación del resto de la asignación de los recursos. Es un gasto desmesurado e injustificado para las tareas a las que se dice que está asignado.

Cuando se comparan el gasto en equipamiento y el de inteligencia en el Ejército, la desproporción resulta evidente. En 2011, el gasto devengado para adquisiciones de material (artillado y no artillado) fue 71,7 millones de pesos y, el que correspondió a inteligencia, 162,1 millones de pesos.

En una situación en la que no hay, como se las denominaba en el pasado, “hipótesis de conflicto”, se gasta más del doble en inteligencia militar que en reequipamiento –tomando en cuenta que este último apenas supera para el conjunto de la defensa nacional el 2% del gasto total–.

Esta tendencia, en lugar de corregirse, se acentúa. El prepuesto autorizado para 2013 destinado a inteligencia aumentó y lo que resulta aún más “incompresible” es que en 2012 había 618 personas dedicadas a esta actividad en el Ejército. ¿Qué inteligencia o espionaje hacen 618 individuos cuando no hay nada que espiar? ¿A qué se dedican? ¿Es una actividad legal? ¿Está controlada por el Congreso a través de la comisión destinada a la supervisión de estas actividades?

Lamento informarle que para este año ya no son 618 personas dedicadas a esta inclasificable tarea, ahora son 738.

En breve: estamos frente a un gasto injustificable, en un área de muy alta sensibilidad política y con un monto desproporcionado respecto a otros gastos de alta necesidad.

A partir de los cambios en la jefatura del Estado Mayor, el general Milani no sólo comanda al Ejército, sino que además sigue a cargo de la jefatura de Inteligencia.

Es útil tener presente que uno de los avances más importantes que se hicieron durante la transición democrática fue quitarle a las Fuerzas Armadas toda capacidad para intervenir en cuestiones de seguridad interior. A la luz de estos datos y de la falta de explicaciones, no es improbable que estemos retrocediendo en una cuestión esencial.

Por otro lado, la ausencia de debate en el Gobierno y la oposición sobre el estado de la defensa nacional no es menos inquietante; como los discursos del miércoles de la Sra. Kichner y el Sr. Milani, que –sin decirlo– traían a la memoria el nefasto recuerdo del operativo Dorrego que reunió, hace décadas, a Montoneros y el Ejército.