Pidieron 77 cargos, pero solo le dieron 29. Los organismos internacionales señalan que el porcentaje del presupuesto para la justicia no debe ser menor al 5%.

"Históricamente nuestro presupuesto ha sido por demás austero", dijo el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía ante los diputados de la comisión de hacienda de esta Legislatura. Fue al evaluar la partida presupuestaria dispuesta para la Justicia en el proyecto del Poder Ejecutivo para el año venidero. "Siempre hemos tenido en términos porcentuales la mitad del presupuesto del que gozan provincias como Río Negro o Neuquén", se lamentó el ministro, al revelar que lo estipulado para 2017 es de ochocientos setenta y un millones de pesos.

Según Fernández Mendía "los organismos internacionales sugieren que el porcentaje de presupuesto para la justicia no debe ser nunca menor al cinco por ciento y, de hecho, en las provincias patagónicas es del 6 por ciento sin embargo en La Pampa se destinará sólo un 3,4 por ciento del presupuesto total de la provincia".

"Entendemos que la situación que nos ha planteado el poder político de que realmente las arcas del Estado no están como uno quisiera -manifestó el ministro- que la economía nacional ni la provincial están en su mejor momento, comprendemos esa situación, pero tenemos una visión distinta", aseguró.

"En un Estado eficiente tendría que poder dialogarse entre los tres Poderes en cuanto a la gestión de los recursos", afirmó Fernández Mendía.

El STJ había solicitado incrementar el personal de magistrados, funcionarios y empleados en 77 cargos -uno, nueve y diecisiete, respectivamente- e incluso el proyecto del STJ solicitaba "para dar cumplimiento eficientemente con las pautas de ascenso establecidas por disposición de la subsecretaría de trabajo" 97 cargos más.

Ante esa demanda el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo le respondió con el otorgamiento de 29 cargos, "con lo que se puede decir que hemos tenido suerte porque a otros sectores no le han dado. Así que en ese sentido no nos quejamos, es más estamos agradecidos, pero más agradecidos estaríamos si nos hubieran permitido participar de la determinación de la distribución de esa provisión. Con las limitaciones que hay tendríamos que poder ver entre todos cómo podemos optimizar", dijo Fernández Mendía.

El ministro también señaló que "algunas partidas no contemplan las reales necesidades del Poder Judicial, por ejemplo en el rubro alquileres, ustedes saben que estamos alquilando varios locales y que este año es un año de renovación y seguramente ningún propietario nos va aumentar sólo un 11 o 15% como estipula el presupuesto".

"Si nos vemos obligados a mantener reuniones mensuales si no quincenales con el Poder Ejecutivo para ir resolviendo cuestiones ligadas al funcionamiento y economía de nuestra Justicia, es un indicio de que algo no está andando bien", aseguró Fernández Mendía.

El presidente del STJ, ante la prensa dijo que “nos preocupa la situación de los jueces sustitutos, lo ideal sería que tengamos jueces naturales, pero como se tarda mucho en cubrirlos no queda otro remedio que recurrir a los sustitutos".

Habló de las categorizaciones reclamadas por los empleados judiciales, "la columna vertebral de nuestro sistema al que permanentemente se le exige un esfuerzo adicional e injustamente se le niega el estímulo que significa la paulatina recategorización de los mismos".

En la misma comisión, esas palabras fueron refrendadas por el secretario general del sindicato de trabajadores judiciales Ceferino Riela, quien una vez autorizado a hablar se refirió a "lo pesada que hoy se torna la tarea poco visibilizada de quien atiende a los justiciables y a los magistrados hoy todo se judicializa y hasta es peligroso llevar adelante esta tarea. Nuestro reclamo es hasta oficial mayor. Por más que hoy el ministro Ernesto Franco esté desconociendo horrorosamente los acuerdos paritarios, nosotros no renunciaremos jamás al derecho a la carrera judicial".

El presupuesto 2017 dispone 395.299.774 pesos para el STJ; 196.297.731 pesos para el ministerio público; 6.5116.568 pesos para las cámaras de apelación; 154.036.199 para juzgados de primera instancia; 59.225.617 para juzgados de paz; 112.885 pesos para jurado de enjuiciamiento y 2.446.137 pesos para tribunal electoral.