Quejas de los "postulantes pobres".

En la Coalición Cívica y en otras fuerzas dicen que hay "desigualdades" por el dinero del empresario.
En 1992, el multimillonario norteamericano Ross Perot anunció al electorado que gastaría de su bolsillo 100 millones de dólares para financiar su candidatura presidencial. Meses después, obtuvo un sorprendente 19 por ciento de los votos, aunque su irrupción dio inicio a un extenso debate sobre los límites de la financiación privada de las campañas y la actividad política.

Diecisiete años después, idéntico debate se instaló en el tablero político argentino. El diputado Francisco de Narváez defendió públicamente la potestad de invertir parte de su fortuna personal en actividades de promoción de su imagen. Y se niega a informar sobre sus gastos a la prensa. El gesto le valió críticas del ex presidente Néstor Kirchner, que afirmó: "Hay un empresario que podrá tener mucha plata, pero nunca podrá tener el consenso de la provincia".

¿Es cuestionable invertir el dinero propio en campañas políticas? Algunos partidos de centroizquierda opositora cuestionaron la iniciativa de De Narváez por establecer una "desigualdad de oportunidades" con su poderío económico.

"Con esto, la política termina siendo algo para los ricos. Podrá tener derecho legal a usar su dinero, pero hay límites jurídicos a los tiempos y los gastos de campaña. De hecho, De Narváez vive en campaña", afirmó Margarita Stolbizer, candidata de la Coalición Cívica y rival directa de De Narváez en la contienda del 28 de junio. En el mismo sentido, el diputado provincial de ARI Sebastián Cinquerrui evaluó que el empresario "tiene un concepto aristocrático de la política; el que tiene dinero está habilitado, y el que no, se queda sin posibilidades".

Para el diputado Eduardo Macaluse (SI-Buenos Aires), "que los dueños de los grupos económicos ya sean candidatos habla de una institucionalidad menos consistente, aunque tengan derecho a presentarse". Y añadió: "Es obligatorio rendir cuentas, por eso estamos en contra del financiamiento privado de la política. Termina pasando esto porque la política se basa en personas más que en ideas".

Distinta fue la posición del senador radical Ernesto Sanz (Mendoza): "Tiene absoluto derecho a hacer lo que hace. Es elogiable que siendo un empresario que podría estar paseando por el mundo decida ir a La Matanza, gastar tiempo y dinero en oír los problemas de la gente".

Para el senador y virtual candidato a su reelección en junio, "el principal problema del financiamiento de las campañas es el tributo a la tevé" y la carencia de una pauta publicitaria igualitaria en ese rubro.

Con parecido énfasis, el diputado Luis Galvalisi (PDP-Capital) afirmó: "Me parece perfecto que tenga la plata y quiera invertirla en su carrera política. ¿Dónde está el pecado si es dinero declarado que se pone de su propio bolsillo? Muchos critican por criticar, tal vez por envidia", se despachó el diputado e integrante del bloque Pro en Diputados.

El diputado de la CTA, Claudio Lozano (proyecto Sur-Capital), añadió: "Este caso, como el de Mauricio Macri y Roberto Urquía, representa la participación directa del establishment empresarial en la política. Es difícil esperar que representen al conjunto y no a sus intereses".

Entre los aplausos y los rechazos, Pablo Secchi, director de Instituciones Políticas y Gobierno de Poder Ciudadano, hizo hincapié a LA NACION en las fallas del sistema de control. "Hecha la ley, hecha la trampa: De Narváez no dice que está haciendo campaña, pero la hace. Está burlando la legislación, aunque no lo diga."

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