Las quejas contra Chávez esconden el miedo a los planes de Kirchner

Por Carlos Pagni

Los empresarios argentinos creen que el Gobierno podría avanzar con más estatismo

Es inevitable que el tiroteo de declaraciones que protagonizan en estos días empresarios y ministros termine en un malentendido. Las cámaras corporativas aprovecharon las confiscaciones del presidente de Venezuela para formular una reivindicación abstracta de la iniciativa privada.

El Gobierno respondió con un contundente "no somos Chávez". Una aclaración rápida, hasta creíble, pero insuficiente. Porque, dado el grado de intervencionismo oficial que pesa sobre la actividad privada, el empresariado local necesitaría que Julio De Vido, Florencio Randazzo o Hugo Moyano dijeran "no somos Kirchner". Es el problema de hablar con alegorías: los hombres de negocios que pidieron a la Presidenta que defienda el desarrollo de las empresas argentinas en el exterior querían pedirle, en realidad, que defienda el desarrollo de las empresas argentinas en la Argentina. No se animaron y, por lo tanto, el problema sigue abierto.

Los líderes de las principales compañías creen que, a partir del 28 de junio, podrían quedar ante una combinación endemoniada: que Kirchner ponga una eventual victoria en la provincia de Buenos Aires, por mediocre que fuere, al servicio de una nueva intervención sobre la economía privada. Los problemas que llevaron al Gobierno a modificar el calendario electoral -aumento de la pobreza y del desempleo y un cuadro fiscal asfixiante- están allí, esperando que alguien los resuelva. Dentro y fuera del gabinete se debate qué camino tomará el matrimonio gobernante.

Es verdad que Kirchner no es Chávez. Así como el empresariado argentino no se atreve a exponer una defensa abierta del capitalismo ni la Presidenta ni su esposo han propuesto el programa del estatismo. Al contrario, cada vez que confiscaron activos privados presentaron la decisión como la única salida que les dejó la mala praxis empresarial. Los Kirchner no expropiaron Aguas Argentinas, Aerolíneas ni los ahorros de los jubilados con la euforia tropical del emir bolivariano. Lo hicieron a desgano, como por obligación. Pero en todos los casos el Gobierno se había ocupado de asfixiar a los administradores privados, más incluso que de exigirles un mejor comportamiento.

El intervencionismo pingüino es culposo, ambiguo, por momentos desconfía del Estado. Por eso prefiere la creación de fideicomisos, gracias a los cuales los funcionarios pueden orientar contratos y quedarse con la parte del león de las tarifas, pero asegurándose de que las prestaciones seguirán siendo responsabilidad de los particulares.

Los empresarios argentinos saben que Kirchner jamás va a tomar una empresa manu militari y sin aviso. Pero con sólo incautar los activos que administraban las AFJP convirtió en mixtas a las principales compañías. Desde que se produjo esa operación y el Gobierno puso delegados en los directorios, las cámaras corporativas salieron de su letargo de seis años de conformismo.

Para formular otra advertencia, Kirchner destacó a Guillermo Moreno en la Papelera Massuh, que quedó conectada al gigantesco respirador del Estado. La reanimación consiste en ignorar la deuda y en robarles mercado a sus competidoras, que destruirán los puestos de trabajo que se conserven en Massuh. Pero al Gobierno le basta con hacer del caso una amenaza.

La recuperación

Los líderes empresariales temen la más mínima recuperación de Kirchner. A Paolo Rocca le intervinieron TGN, donde Techint es accionista. A los pocos días, el Gobierno obligó a Siderar a mantener personal contratado a pesar de la fenomenal reducción del mercado del acero. Después le designaron a Aldo Ferrer como director. El jueves, el diputado José María Díaz Bancalari les indicaba a los ejecutivos de la compañía que "recuerden que son una empresa del Estado, por lo menos en un 27%". Cuando ven a Kirchner recorrer el conurbano ufanándose de haber recuperado antiguas empresas públicas, en Techint recuerdan que Somisa es una privatizada.

Ni el "experto en mercados regulados" Sebastián Eskenazi duerme tranquilo. Ingresó en el negocio petrolero gracias a Kirchner, pero YPF ya no le garantiza los dividendos necesarios para saldar la deuda que contrajo con Repsol por las acciones compradas a Repsol (sic). Eskenazi está tentado con salir de YPF. Hay un fantasma que recorre la empresa: la entrada de Enarsa, que podría comprar una participación a Repsol, acaso con fondos venezolanos.

Héctor Magnetto, cabeza del Grupo Clarín, también tiene motivos para inquietarse. No sólo el Gobierno amenaza con una ley intervencionista el negocio de la radiodifusión. También un grupo de empresarios cercanos a Kirchner, cuya cara visible es Gerardo Werthein, se prepara para ingresar en Telecom. No piensan sólo en la telefonía, sino también en la TV por cable, donde Clarín es el principal operador. La guerra por Telecom, en la que compiten también Carlos Slim y un par de enigmáticos fondos de inversión, explica varios detalles de la Argentina actual. Por ejemplo, la predilección de los Kirchner por Telefé -de Telefónica, accionista indirecta de Telecom-a la hora de conceder reportajes.

El miedo también ganó al sistema financiero. Kirchner le pidió a Jorge Brito, el presidente de Adeba, que baje el costo del dinero. ¿Se lo habrá pedido también a Carlos Heller, su candidato-banquero porteño?

La reducción de la tasa es el aguijón con que Moreno ha venido hostigando no sólo a Brito, sino también a Martín Redrado, el presidente del Banco Central. El discurso antibancos tiene hoy tanto éxito que Barack Obama hizo una fiesta para anunciar límites a los intereses de las tarjetas de crédito.

Pero en la City temen que Kirchner traiga un cuchillo bajo el poncho. El Estado está atravesando una angustia fiscal cada vez más exigente y la Argentina carece de financiamiento. Hay funcionarios que prometen que buscarán un acuerdo con Fondo Monetario Internacional. Uno de ellos es Amado Boudou, con la autoridad de quien se imagina ministro de Economía en junio.

Otras cajas

Dado el costo político que supone ese regreso, los banqueros temen que Kirchner se tiente con otras cajas. Por ejemplo, que obligue a los bancos, a cambio de un bono, a ceder sus excedentes de liquidez: unos US$ 13.000 millones, depositados en el Banco Central y contabilizados como reservas.

"Pueden pensar en darle esa plata al Banco Nación para que la preste, demostrando que es mejor que los privados", imagina, espantado, un financista. Y concluye: "Sería un desastre, provocaría una corrida, hasta es mejor darle las reservas al Nación sin tocar a los bancos". Por supuesto, Redrado se opone a esta salida.

Los hombres de negocios saben que sus protestas por Venezuela no alcanzan para ahuyentar sus dramas en la Argentina. Por eso han comenzado a reunirse: el jueves, el grupo de los 7 almorzó en la UIA, donde también hubo contactos con AEA.

Para después de las elecciones, el Gobierno deberá atender un frente más, el empresarial. Aquel Acuerdo del Bicentenario que los Kirchner imaginaron para su segunda administración terminará formándose. Eso sí, contra ellos.

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