Andrés Sebastián Carrizo y Nelson Ricardo Alvarado comparecieron ayer en la audiencia judicial tras haber sido detenidos en la tarde del martes por la Brigada de Investigaciones, como sospechosos de haber protagonizado el tiroteo que se desató en las 232 Viviendas durante el mediodía de esa jornada.

El Ministerio Público representado por los funcionarios de Fiscalía Natalia Gómez y Christian Olazabal le imputaron a Carrizo y Alvarado el delito de lesiones graves con arma de fuego que tuvo como víctima a Luis Humberto Hernández, quien se hallaba acompañado en el momento del ataque por Carlos Enrique Altuna, que salió ileso.

En el incidente que investiga la Fiscalía, habrían tenido participación tres personas, Alvarado, Carrizo y un tercero que no ha sido identificada, todos portando armas calibre 9 milímetros, según el relato del Ministerio Público.

La Fiscalía tendrá seis meses para culminar la investigación y en ese lapso deberá obtener testimonios de habitantes de las 232 Viviendas que puedan situar a Carrizo y a Alvarado en el hecho e incluso puedan ubicarlos en los lugares de ataque. La juez Olavarría les sugirió a los representantes fiscales que le hagan saber a la policía que esos testigos pueden declarar bajo testimonios reservados. Es que los investigadores sostienen que a los vecinos los invade el miedo en el barrio y temen declarar cuando se registran incidentes como el del martes.

En relación a la causa, la Brigada de Investigaciones allanó durante la tarde del martes viviendas en Florencio Sánchez al 2.900, Juan Moreira 1046 -domicilio de Carrizo- y Segundo Sombra 1078- domicilio frecuentado por uno de los imputados-.

Producto del procedimiento se secuestró un Renault Clio en el que encontraron una escopeta recortada 12/70, 10 cartuchos de bala de un calibre no especificado y 27 cartuchos de otro calibre.

Gómez planteó ante la juez que el caso que se investiga es un hecho grave porque ocurrió en plena luz del día, con tres armas de fuego, en presencia de personas civiles y con el peligro de atentar contra la vida de menores de edad presentes en el patio externo de los departamentos.

 

ANTECEDENTES Y CONDENAS

Gómez también recordó que Carrizo ya tiene una condena impuesta en un juicio abreviado celebrado el 18 de abril de 2013 por tenencia de arma de fuego. Dicha condena fue de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de haber sido declarado reincidente.

Además, al ser detenido el martes, Carrizo tenía vigente un pedido de captura por no presentarse a una audiencia preliminar por una causa de robo.

Respecto a los antecedentes de Alvarado, la funcionaria fiscal relató que accedió a una suspensión de juicio a prueba -no puede cometer delitos durante un año- a fines de 2014 por una causa de tenencia de arma de fuego.

Los dos, según la Fiscalía, tienen al menos cinco causas abiertas por abuso de armas y delitos contra la propiedad.

Carrizo, que recibió ayer la defensa de Cristina Sadino, se abstuvo de declarar, pero la abogada sostuvo que presentará documentación que acredite que a esa hora estaba trabajando en el puerto. Es que su representado se desempeña como estibador agremiado al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

Mientras, Alvarado que fue representado por el abogado Alejandro Fuentes accedió a declarar frente a la juez, pero no a recibir preguntas de la Fiscalía.

El Ministerio Público pidió la prisión preventiva para ambos imputados por dos meses como medida cautelar por peligro de entorpecimiento en la investigación y fuga.

Sadino se opuso a la medida de coerción y en forma subsidiaria solicitó la prisión domiciliaria para Carrizo. En tanto, Fuentes también se opuso a la prisión preventiva y dio como domicilio alternativo -alejado al domicilio de las víctimas- el de la madre de Alvarado.

 

PREVENTIVA A UNO Y DOMICILIARIA A OTRO

La juez Olavarría decretó la legalidad de la detención de los imputados porque la misma no fue cuestionada por las defensas y disintió con los peligros procesales planteados por la Fiscalía en relación a Alvarado, que presentó documentación laboral con horarios de salida avalados por la Municipalidad.

Así en el caso de Alvarado dictó 15 días de prisión domiciliaria en la casa de su madre, tiempo en el que se volverá a revisar la medida de coerción y en el que la Fiscalía podrá revisar las cámaras de la estación de servicio en la que el imputado dijo haber estacionado su camión después de la jornada laboral. Sin embargo, le negó las salidas laborales porque con el camión podría acercarse a las víctimas.

En cuanto a Carrizo le dictó la prisión preventiva por 15 días, argumentando peligros procesales de fuga, entorpecimiento y antecedentes condenatorios.