En su sesión del pasado martes en La Plata, el Consejo de la Magistratura aprobó la terna de candidatos de la que saldrá el nuevo Fiscal General del Departamento Judicial Azul, cargo que quedara vacante cuando en 2013 se jubilara su por entonces titular, el Dr. Eduardo Serradell, y que actualmente en forma interina ejerce el fiscal Cristian Citterio.

Dos de los aspirantes a ocupar ese puesto son funcionarios que actualmente trabajan en el ámbito del Departamento Judicial Azul: el defensor Oficial Marcelo Sobrino y el fiscal Gustavo Morey.

La terna se completó con la elección del Dr. José Luis Ennis, un platense de 37 años de edad que actualmente es subsecretario de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Recorriendo lo que está siendo ese camino, que como punto de llegada tiene al edificio situado en la calle Colón de esta ciudad, surgen diferentes aspectos entre quienes son los tres aspirantes designados hace dos días desde el Consejo de la Magistratura.

Entre esos datos está que tanto el funcionario judicial azuleño Marcelo Sobrino como el platense José Luis Ennis rindieron el examen en la misma oportunidad, durante el año 2013.

Aquella vez, había sido el Dr. Ennis quien obtuvo el mayor puntaje entre los aspirantes, ocasión en la cual hubo más funcionarios pertenecientes al ámbito del Departamento Judicial Azul que también rindieron y aprobaron, aunque finalmente no llegaron a integrar lo que ahora es esta terna.

Distinto es el caso del fiscal tandilense Gustavo Morey, que ya desde antes tenía aprobado el examen que ahora le ha servido para convertirse en uno de los postulantes al cargo que actualmente en forma interina está ejerciendo el Dr. Cristian Citterio, quien una vez que su sucesor sea elegido volverá a ejercer funciones exclusivamente en la fiscalía que tiene sede en General Alvear, lugar al que había llegado antes de convertirse en el máximo responsable de los fiscales en las once ciudades que forman parte de la jurisdicción del Departamento Judicial Azul.

Tres aspirantes para un cargo

De los tres aspirantes es el Dr. Gustavo Morey quien tiene más antigüedad en el Poder Judicial: veintiún años.

Siempre desarrolló su carrera judicial en Tandil, adonde ingresó a trabajar en Tribunales como empleado.

Sus primeros pasos como empleado administrativo los dio en el por entonces Juzgado Criminal y Correccional que estaba a cargo del Dr. Guillermo Arecha, hoy juez penal y actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal que funciona en la vecina ciudad.

La reforma del año 98 lo convirtió ya en funcionario, siendo elegido en ese entonces secretario del Juzgado de Transición que estaba a cargo del Dr. Pablo Galli, otro de los actuales integrantes del TOC de Tandil.

Después fue secretario del Juzgado Correccional que está a cargo del Dr. Carlos Pocorena, hasta que en el año 2000 se convirtió en el fiscal titular de la UFI 8, cargo que actualmente continúa ejerciendo mientras aspira convertirse en el jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial local.

El Dr. José Luis Ennis es, de los tres aspirantes, el funcionario judicial más joven para ocupar el cargo en la Fiscalía General.

Su ingreso al Poder Judicial data del año 2000 y ha desarrollado hasta el momento toda su carrera en La Plata, ciudad en la que nació.

Al igual que el Dr. Morey, ingresó como empleado a Tribunales. En su caso, en la Fiscalía General. Luego, ya siendo funcionario, desempeñó tareas en la Fiscalía de Casación. Desde el año 2009 es subsecretario de la Procuración General bonaerense.

El tercero de los candidatos es el azuleño Marcelo Sobrino, quien fuera juez de Faltas Municipal cuando el intendente de Azul era el peronista Juan Atilio Barberena.

Ese primer paso por la función pública lo llevó luego, ya durante el año 1999, a ingresar al Poder Judicial.

Sobrino, que tiene 48 años de edad, fue instructor judicial en Olavarría, en la fiscalía que por ese entonces estaba a cargo del ya fallecido César Arbío.

Después fue secretario del Juzgado Correccional número 2 que conduce el Dr. Héctor Torrens.

Fue a fines del año 2003 que juró como defensor Oficial, cargo que actualmente sigue ejerciendo después de que, en forma interina, estuviera al frente de la Defensoría General del Departamento Judicial local, entre los años 2007 y 2009.

Más allá de los antecedentes y las carreras desarrolladas por cada uno de los aspirantes, la que viene ahora es una etapa crucial en esta elección.

Ya no sólo interesan y cuentan los puntajes que puedan haber obtenido cada uno de los aspirantes en los exámenes que rindieron.

El sistema en el que están inmersos, a veces perverso porque no siempre premia al mejor, implica que ahora hay que entrar a jugar esas cartas donde los contactos y los avales políticos que cada uno de los aspirantes posea se convierten en decisivos hacia ese objetivo para convertirse en jefe de los fiscales de la región centro de la provincia de Buenos Aires. Y encima, como si fuera un condimento más en la carrera hacia la Fiscalía General, está de por medio este 2015, un año electoral.

El dato

Tal como sucede habitualmente en este tipo de mecanismos de elección, el pliego para la designación de uno de los candidatos deberá pasar ahora por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, antes de que se conozca quién se convertirá en el jefe de los fiscales en el ámbito del Departamento Judicial Azul, elección que debería estar resuelta en el transcurso de este año en curso.

UN FISCAL QUE FUE APERCIBIDO

El nombre del fiscal Gustavo Morey estuvo ligado a lo que fueron las actuaciones relacionadas con la muerte de un joven azuleño mientras permanecía detenido en uno de los calabozos de la comisaría segunda de Tandil: Rolando Ariel Sotes, hecho ocurrido en enero del año 2005.

El fiscal Morey tuvo a su cargo las instrucciones de las dos causas penales que por el caso se iniciaron. Una de ellas, vinculada con la investigación de los motivos que derivaron en la muerte del joven. La otra, con lo que años después fue la condena para el comisario Juan Andrés Yeffal, que estaba a cargo de la segunda cuando el joven falleció, por los “vejámenes” que Sotes sufrió en los días previos a su deceso.

La muerte del azuleño aún hoy sigue en la nebulosa. Mientras sus familiares sostienen que el joven podría haber sido asesinado, en principio se informó oficialmente que se había tratado de un suicidio.

En el marco de lo que fueron las instrucciones relacionadas con ese deceso, en agosto del año 2008 la propia María del Carmen Falbo, procuradora General de la Provincia, había apercibido al fiscal Morey por su desempeño en el caso.

Todo tuvo su origen en una presentación que hiciera la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Azul a través de los abogados César Sivo y Manuel Marañón, la cual acompañaron los familiares de Sotes.

En esos escritos se cuestionó la actuación del Fiscal y la Procuradora sostuvo que hubo “responsabilidad administrativa del representante del Ministerio Público Fiscal” en el caso, “toda vez que delegara la instrucción de la investigación en personal policial” en un hecho que involucraba a funcionarios de seguridad, entre ellos al por entonces comisario Yeffal.

El ex funcionario policial había sido acusado de torturas y apremios ilegales para con el joven que finalmente fuera hallado sin vida en enero de 2005 en un buzón de castigo de la comisaría segunda de Tandil.

El apercibimiento vino porque quedó demostrado que el Dr. Morey había ordenado una serie de diligencias al mismo personal de la comisaría donde Sotes fue hallado sin vida, entre otras cosas.

Además, el ahora candidato a ocupar la Fiscalía General departamental había sido advertido por supuestamente demorar la investigación del caso, que incluyó que el cadáver de Sotes fuera exhumado para una nueva autopsia.