El 12 de marzo el Senado sesionó por última vez para sancionar la ley que redujo las jubilaciones de jueces y diplomáticos, a un día de haberse declarado el coronavirus pandemia mundial. En Diputados no llegó a abrirse el recinto antes de la cuarentena que prohíbe reunir a sus 257 miembros en un espacio cerrado.

Lo que siguió fue una pelea entre el oficialismo y la oposición sobre si es preferible sesionar en salones amplios o habilitar las votaciones remotas, que mantiene el Congreso sin reglas del juego para aprobar leyes y Alberto Fernández administrando la pandemia con decretos. 

Ya hubo más de 30 y tampoco se trataron en la bicameral de trámite legislativo, que preside el diputado kirchnerista Marcos Cleri. Aunque tiene mayoría y los 16 legisladores podrían esparcirse en un salón amplio del Congreso, nunca la convocó porque en el oficialismo no quieren viajar por el país a contramano de los consejos del Ministerio de Salud. Muchos podrían llevar el virus a sus provincias. 

Destrabar esa discusión demorará no menos de quince días. Si la Corte resolviera favorablemente el pedido de Cristina será necesario un cambio de reglamento y Cambiemos puede volver a pedir una sesión presencial para llevarlo a cabo. Los jefes Luis Naidenoff y Mario Negri siguen resistiéndose a votar por sistema remoto y ya proponen sedes fastuosas para sesionar, como el Centro Cultural Kirchner. 

Mientras tanto,  casi todo el Gabinete de Alberto Fernández expone en teleconferencias ante las comisiones de Diputados y Senadores, pero sin chances de tratar los proyectos para atemperar la crisis económica que se fueron acumulando, no sólo de Cambiemos sino también de algunos oficialistas. Es el caso del senador del Frente de Todos Dalmacio Mera, quien presentó uno para reducir un 50% las cuotas de las ART de las MiPyMEs paralizadas por no estar incluidas entre las actividades consideradas esenciales.

Su compañera santafesina María de los Ángeles Sacnun, una de las confidentes de Cristina Kirchner, presentó otro proyecto para que las ART reconozcan al coronavirus como enfermedad laboral. El ministro de Trabajo Claudio Moroni recogió el guante y en su teleconferencia ante el Senado anunció que firmaría un decreto para garantizar ese derecho. Lo hizo a las pocas horas.

Alfredo Cornejo. 

El problema de cajonear proyectos es que el oficialismo no podrá evitar los reproches cuando se decida a retomar las votaciones en una sesión regular, ya sea de forma presencial o virtual. Además, pronto la oficina de presupuesto del Congreso (OPC) empezará a medir el costo fiscal de las iniciativas y el Gobierno expondrá sus prioridades de gastos. 

Este miércoles sucedió un hecho inédito en el Senado: se conformó la comisión de Salud con un voto a mano alzada por zoom para elegir como presidente al radical Mario Fiad, quien pidió volver a reunirla al martes. Varios preguntaron si era legal lo que estaban haciendo y el secretario parlamentario Marcelo Fuentes se comprometió a chequearlo. No estaba claro. 

Cristina confirmó que quiere sesionar por internet y le pidió garantías a la Corte

Los senadores de Cambiemos presentaron un proyecto para eximir del 30% a los gastos en el exterior a los argentinos varados por el cierre de fronteras, luego replicado por los diputados de esa fuerza Luis Petri y Waldo Wolff, que el lunes escucharon sus historias en una teleconferencia. En el Gobierno nunca respondieron y si se abriera el recinto no faltará una cuestión de privilegio para exponer el tema. 

El jefe del PRO, Humberto Schiavoni se puso al frente del reclamo para pedir "un programa integral" destinado al sector turístico, uno de los más castigados por el cierre de fronteras.  Su par de Diputados, Cristian Ritondo, había sido el primero en reclamar la emergencia del sector, con prórrogas y facilidades para el pago de impuestos y aportes patronales.

Y este jueves los diputados radicales Alfredo Cornejo y Gustavo Menna presentaron un proyecto de ley para proteger hasta el 31 de diciembre a los servicios de "hotelería, gastronomía, agencias de viajes y turismo y prestadores de servicios turísticos". Piden "un régimen extraordinario de emergencia laboral, tributaria y financiera para las empresas que se desenvuelven en la actividad". 

En el oficialismo también exigen explicaciones sobre cómo harán los hoteles para no cerrar: se lo plantearon a Moroni las senadoras Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Silvina García Larraburu (Río Negro). No tuvieron respuesta pero le avisaron que su teléfono se repartirá entre los operadores del rubro en sus provincias. 

El radical mendocino Julio Cobos estuvo activo y reclamó una ley para aplicar la receta médica digital, que no es legal porque jamás se trató el que presentó el año pasado el diputado oficialista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud. 

Cambiemos presentó proyectos para pedir facilidades tributarias a pymes que sólo pueden tomarse con leyes, porque la Constitución prohíbe decretos sobre temas impositivos. Ni bien se desató la pandemia, el diputado radical Luis Pastori prouso eximir de aportes y cargas patronales por tres meses a las MiPyMes, monotributistas y autónomos. Morini aseguró que esos beneficios ya corren por sus resoluciones pero en la oposición quieren revisarlas con lupa.

El senador oficialista Dalmacio Mera, pide que las pymes paguen menos por las ART. 

El PRO presentó en Diputados cinco proyectos para colaborar con la emergencia. Incluyen la exención de impuestos a monotributistas de todas las categorías durante abril, mayo y junio. Hasta ahora sólo hubo un aporte del Gobierno a las categorías A y B. También proponen suspender por seis meses ejecuciones fiscales y eliminar punitorios sobre las moras.

Los dirigidos por Ritondo solicitan créditos de 20.000 pesos a los trabajadores con garantías del Banco Central, ayudar a los varados del exterior -una batalla insignia de Cambiemos- y querían declarar a los Bancos servicio esencial. Alberto ya lo hizo. 

Esta semana, la cordobesa Soher El Sukaria, del PRO, presentó una iniciativa para suspender por tres meses los autoplanes de ahorro, con un alto nivel de impagos. La radical Roxana Reyes solicitó un fondo para atender a los argentinos varados dentro del país y su correligionario Hugo Romero otro para asistir a municipios. 

El diputado rionegrino Luis Di Giácomo, que integra el bloque aliado dirigido por José Luis Ramón, pidió una pensión especial para los familiares de los trabajadores de salud que fallezcan por coronavirus, una de las preocupaciones de Ginés González García. Ramón, además, reclama que el Banco Central anule los intereses de las tarjetas de crédito durante la pandemia. Si ayuda para aprobar una ley, como hizo desde diciembre, este bloque requerirá al menos una respuesta a sus planteos. 

Graciela Ocaña. 

En Cambiemos hay infinitos pedidos de informes sobre las compras de kits de testeo rápido, pese a las explicaciones del ministro sobre su falta de precisión para detectar la presencia del virus.

El último lo presentó la diputada Graciela Ocaña. "La cantidad de reactivos adquirida por el Ministerio de Salud y la cantidad de tests que se realizaron en el país durante el mes de marzo resulta exigua si la comparamos mundialmente", denunció.

También pidió conocer la cantidad de vacunas contra la gripe que compró el PAMI, de qué tipo (trivalentes o tetravalentes) y las razones por las que las farmacias y centros de vacunación de todo el país denuncian faltantes de las dosis. Y un grupo de diputadas del PRO, lideradas por María de las Mercedes Joury, le solicitaron a Ginés que al menos use testeos rápidos para los trabajadores de la salud. No hay fecha para que le respondan.