"Nos quedamos sin nada, destruyeron nuestro patrimonio"

Bajo la amenaza de muerte a sus hijos, Rodolfo Iaccarino debió ceder 25 mil hectáreas y un avión. Los tres hermanos, que estuvieron detenidos-desaparecidos entre 1976 y 1978, hoy exigen la restitución de un predio ocupado por una cancha de golf en Córdoba.
Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino son víctimas del terrorismo de Estado: estuvieron detenidos-desaparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978. Los tres hermanos, que hoy superan los sesenta años, eran empresarios platenses y la dictadura los despojó de bienes valuados en nueve millones y medio de dólares mediante una compleja trama donde intervinieron militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos. Bajo la amenaza de que sus tres hijos serían arrojados al Río de la Plata, Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino firmó la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo que, en conjunto, tienen una valuación actual que supera los 125 millones de dólares. Como todo pago, le entregaron a la familia unos 300 mil dólares en tres documentos y 28 hectáreas de una cancha de golf del Sierras Hotel en Alta Gracia, Córdoba, que se encuentra en manos de una sociedad civil. Los hermanos reclaman ahora su devolución. En el lugar habitan familias de posición desahogada que ven cómo, treinta años después, sus legítimos dueños buscan una reparación histórica que también conlleva una reparación moral: "Nos cortaron el proyecto de vida", explica Carlos, el menor de los tres hermanos.

Alejandro, el segundo de los Iaccarino, aún se pregunta: "¿Por qué fuimos elegidos?". Lo secuestraron el 4 de noviembre de 1976 y pasó por catorce centros clandestinos de detención donde sufrió todo tipo de vejámenes, incluidas las torturas que le propinaron en Coti Martínez y el despojo de sus bienes que le notificaron en la Brigada de Lanús. En diálogo con Página/12, relata lo que vivió cuando tenía 30 años y comenzaba una incipiente carrera como empresario: "Un día nos vinieron a buscar a la comisaría 23. Así llegamos al centro de detención clandestino Coti Martínez, tabicados y esposados nos golpearon duramente, luego nos lanzaron al piso, y ahí vimos el rostro de la muerte. Unos días después me llevaron a la sala de tortura encapuchado y esposado, me desnudaron arrojándome sobre un catre elástico metálico, envolvieron mis tobillos y muñecas con gomas y sobre estos gruesos alambres sentí cómo las cuatro palancas tensaban mi cuerpo. Allí empezó la picana a taladrar todas las zonas más sensibles de mi cuerpo. Nadie que no haya sufrido ignominias de esta clase puede imaginárselas".

Toda la familia fue secuestrada por la dictadura: el padre y sus hijos Rodolfo y Carlos en Santiago del Estero; Alejandro y la madre, Dora Emma Venturino de Iaccarino, en La Plata. "Nosotros estuvimos los primeros dieciséis meses con detenidos comunes. No sabíamos cómo venía la mano. No estábamos en el mundo político, estábamos en el mundo de los negocios. Y hasta que no llegamos a la cárcel número 9, porque antes habíamos pasado por Coti Martínez y el Infierno, la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué? No entendíamos cómo se iba formando el terrorismo de Estado. Y eso nos traía mayor temor, hasta que vino un italiano de apellido Chezzi, un testaferro de los militares, que nos dijo: ‘si quieren salir, lo que deben hacer es entregar el campo de Santiago del Estero y el avión’."

Alejandro y Carlos Iaccarino acaban de regresar de Córdoba, donde fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez, y su subsecretario, Darío Olmo. La visita a los funcionarios resultó satisfactoria para ellos, aunque aclaran: "No fuimos a Alta Gracia porque temíamos que se desatara un conflicto. No íbamos a tomar posesión de lo que ya poseemos. Las 28 hectáreas las tenemos desde hace 32 años, faltan dos o tres trámites para que todo esto termine", cuenta Alejandro.

Una escritura firmada el 24 de agosto de 1979 confirma su aseveración. La protocolizó el escribano Adolfo Barceló en Alta Gracia. En ella se lee que el ciudadano paraguayo Vicente Antonio García Fernández compareció "como presidente de la Sociedad Anónima ‘Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia’, con domicilio en calle Maipú 510, 2 piso, de la Capital Federal" y a solicitud de los Iaccarino manifestó que "según boleto de fecha 9 de octubre de 1977, han adquirido de la ‘Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia’ SA, firmando como presidente en esa oportunidad el señor Bruno Chezzi (CI 4.912.755), una fracción de terreno conocida como Cancha de Golf del Sierras Hotel, con una superficie de 28 hectáreas, 1010 metros cuadrados".

El punto B de la escritura es el que más robustece la posición de los tres empresarios y compromete el usufructo de las 28 hectáreas por parte de la sociedad civil Alta Gracia Golf Club que preside el contador público Javier Ruarte. Dice: "Que la mencionada fracción está pendiente de escrituración, habiendo los señores Iaccarino abonado íntegramente todo el precio convenido, y a quienes se les ha otorgado la posesión, que por este acto la empresa viene a ratificar".

El 22 de agosto del año pasado, Ruarte, quien es gerente del Banco Río de Alta Gracia, testificó en La Plata en el marco de la causa "Iaccarino sobre desapoderamiento de bienes" que tramita en el Juzgado Federal N 3 de Arnaldo Corazza. Durante la audiencia, dos abogados de la familia, Marta Vedio y Pablo Llonto, le preguntaron a Ruarte si había tomado nota de los reclamos por el terreno. Declaró que había recibido una carta documento con la demanda firmada por una letrada y que fue discutida en la comisión directiva de la sociedad civil, luego de lo cual se la pasaron a sus asesores legales para que la respondieran. "Se dio tratamiento a la carta como que no correspondía el reclamo", precisó, y agregó que en sus diez años como presidente "con la cuestión de la quiebra del Sierras Hotel siempre surgen, de vez en cuando, rumores sobre algún que otro comprador en la quiebra o dueño, entre comillas, de las tierras; pero nada formal, solo comentarios de pueblo. Y porque tienen la posesión del club hace más de 30 años, no le dio trascendencia".

La zona donde se encuentra el campo de golf es la más cara de Alta Gracia (las hectáreas que reclaman los Iaccarino podrían valer hasta 30 millones de dólares). Hasta allí, durante la primavera de 1932, llegó la familia Guevara Lynch con el pequeño Ernesto –conocido desde la Revolución Cubana mundialmente como el Che– que jugaba con sus amigos en los terrenos hoy reclamados por los Iaccarino (ver aparte).

El diario local Nuevo Sumario fue el primero que se ocupó del litigio entre los empresarios de La Plata y la asociación civil que preside Ruarte. En un artículo reciente firmado por la periodista Susana Salas informa sobre un intento por ampliar la superficie del predio, a sabiendas de que se avanzó sobre bosque nativo cuya tala está prohibida.

"En tanto, la Municipalidad de Alta Gracia afirma que las acciones del Alta Gracia Golf Club para ampliar su cancha, y la instalación de un loteo privado en el predio, a cargo del Fideicomiso La Rinconada, están en regla; la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba admite que hubo un desmonte ilegal al haberse violado legislación provincial y nacional. El accionar había sido constatado en diciembre de 2008 por el Area de Fiscalización y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, que ordenó el cese de los trabajos. Desde esa repartición se informó que no sólo se desobedeció la orden sino que se reincidió, por lo que el club deberá abonar una multa que rondaría los 100 mil pesos."

Las topadoras utilizadas en el desmonte pueden observarse en clave simbólica. En la tierra yerma que dejaron los militares a sus espaldas proliferaron operaciones como la que denuncian los hermanos Iaccarino. El jefe de familia sufrió un accidente cerebro vascular a los tres días de que sus hijos fueron liberados. La madre permaneció diecisiete días detenida durmiendo en el piso de una comisaría, alimentada a mate cocido. Alejandro recuerda que cuando la llevaron ante el coronel Ricardo Flores Jouvet, el militar ordenó: "Lárguenla, esta mujer está destrozada". El 1 de enero del año pasado falleció a los 90 años.

"Todo comenzó cuando nos colocaron gente de Inteligencia en las sociedades que teníamos. Eran Constructora Sureña Argentina Sociedad Anónima, Ilumbras SRL, Ciatra, que hacía auditorías para empresas, la láctea ILSA, La Marta SA y El Milagro. Sabían hasta de un campo que habíamos comprado en la localidad de Las Tahonas, cerca de Verónica. Y hubo otros empresarios a los que les pasó lo mismo; nosotros contabilizamos 266. Estuvimos detenidos con Ramón Miralles, el ministro de Economía de Victorio Calabró, con Rubén Dieguez, el secretario general de la CGT La Plata y el funcionario Alberto Liberman, todos salvajemente torturados", recuerdan Alejandro y Carlos.

El primero fundó en 1983 la Confederación Económica Argentina (CEA) que presidió durante cuatro años y además integró la misión investigadora de la Comisión Trilateral y el FMI en América latina. Era el hombre de los contactos internacionales en la sociedad familiar hasta que los detuvieron, Carlos el organizador y Rodolfo el responsable del personal, de quien dependían unos 150 empleados. Los tres hermanos fueron dejados en libertad por la dictadura el 4 de septiembre de 1978 y, desde entonces, son guiados por dos ideas: conseguir que les devuelvan el patrimonio que les saquearon los militares y organizar a los empresarios que fueron secuestrados y saqueados durante la dictadura. "Nos quedamos sin nada, destruyeron todo nuestro patrimonio. Yo ahora me quiero jubilar, pero como nos robaron toda la documentación de nuestras oficinas, los papeles no se consiguen. Parece una tontera, pero no nos dejaron ni los muebles", concluye Carlos. Los Iaccarino se reivindican continuadores del ideario del ex presidente Arturo Frondizi, con quien trabajaron durante quince años.

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