Durante el año pasado, unas 250.000 pequeñas y medianas empresas recibieron pedidos de embargos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los números no son de una entidad empresaria, sino del propio Gobierno, del Ministerio de la Producción.

Con esos datos, Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) se fue corriendo a ver al administrador Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho del funcionario y allí el empresario le describió el penoso panorama que están soportando muchas empresas pequeñas. Incluso él mismo Fernández esta directamente afectado. Su fábrica de cierres Lynsa, cada vez tiene más problemas para colocar sus productos en el mercado local, donde las textiles están de capa caída hace ya un par de años. Entre la contracción del consumo interno, el contrabando y el incremento de las importaciones, las empresas que se dedican a la confección de ropa y a los hilados, están agotadas.

Fernandez le reclamo a Cuccioli que le habilite una moratoria especial para pymes, una cuestión que pinta como poco viable en el actual contexto.

La solicitud en realidad, consta de un perdido de suspensión de los embargos judiciales, en caso de que se tramite la moratoria. También reclaman aumento de plazos en las cuotas vigentes, que se incremente la cantidad de planes de pago que puede tener una empresa por vez, y la reducción del interés del financiamiento.

"Este escenario impone la necesidad de avanzar sobre un plan de facilidades. Las pyme argentinas tengan un respiro", afirmó Fernández.