Purga policial por el caso Pomar y la inseguridad

Scioli pidió la renuncia de la cúpula de la Bonaerense
Apremiado por las derivaciones del caso Pomar, el gobernador bonaerense Daniel Scioli ordenó al ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, el pedido de renuncia de la cúpula de la Policía, incluida la del jefe de la fuerza, Carlos Paggi, y el relevo de tres comisarios responsables de la búsqueda de la familia en el área de Pergamino y distritos vecinos.

La presunta negligencia terminó de convencer a Scioli de un cambio en el área más sensible de su gestión. En la Gobernación admiten que reaccionó por las evidencias de cierta impericia policial. Ayer, temprano, decidió trasladarse a la Casa Rosada para una reunión con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Ambos realizaron un relevamiento de las operatorias conjuntas de seguridad en el Conurbano e Interior, ante la demanda social de mayor prevención y represión del delito. También abordaron las consecuencias por errores en la investigación sobre la desaparición de la familia Pomar. Y hubo coincidencias, según los voceros del encuentro, en el riesgo de una "salida de cauce" del problema.

Al mediodía, Scioli recibió a Stornelli en su residencia. Allí se decidió el gesto más contundente: los pedidos de renuncia a los 15 comisarios generales, incluido Paggi. Los últimos episodios de homicidios en ocasión de robo registrados en el Conurbano habían minado la confiabilidad de la cúpula. Sin embargo, el hallazgo tardío de los cuerpos y la camioneta en una hondonada cerca de Pergamino condicionó el ánimo del gobernador. ¿La prueba? A las 14 estaba redactada la resolución con la disponilbilidad del comisario mayor Roberto Gabín, de la Departamental de Pergamino; el comisario inspector Julio Golpe, de la DDI de esa ciudad, y el comisario Carlos Marano, del destacamento vial de San Andrés de Giles.Los tres estuvieron durante las tres semanas al frente de la instrucción y a las órdenes de la fiscal del caso, Karina Póllice.

Las salidas son para "preservar la investigación de Asuntos Internos", según el comunicado del Ministerio. Allí debería determinarse el número de rastrillajes terrestres y aéreos hechos durante casi un mes de búsqueda.

Paggi aseguró ayer que el personal actuó "debidamente", aunque por la mañana, el director de Investigación Criminal, Paul Starc, había admitido en declaraciones radiales, según un cable de la agencia DyN, que "en algún lado falló" la investigación y señaló que se procura establecer "quiénes son los responsables de los rastrillajes que se realizaron por esa zona".

Las presunciones sobre este caso incentivaron la restructuración iniciada hace una semana, cuando Stornelli desplazó a 50 directores civiles con funciones en el Ministerio de Seguridad para "optimizar los recursos". También había avanzado en el corrimiento de los jefes de la Departamental Lanús y la Dirección de Narcotráfico, y en el enroque de funcionarios en el oeste y el sur del Conurbano, donde se registraron episodios recientes de violencia criminal. Ahora, el foco está en la plana mayor, a excepción de los subsecretarios, que son cargos políticos.

Las 15 renuncias de los superintendentes quedan en evaluación. En los hechos, conforman un gesto del gobierno, antes que una medida de depuración. Paggi permanecería en el cargo y también tendrían garantizada la continuidad responsables de otras áreas.

Sobre el escritorio de Stornelli están las renuncias de: Ernesto Rubén Araguez (Coordinación Operativa), Antonio Torreira (Investigaciones), Claudio Fernández (Narcotráfico), Salvador Baratta (Zona Norte), Roberto Castronuovo (Zona Sur), Mario Valente (Oeste), Celestino Barragán (Interior), Ernesto Giménez (Vial). Representan el núcleo duro de la conducción porque tienen el poder de mando sobre el 80% de los 55 mil agentes provinciales. Los otros seis comisarios manejan sectores administrativos y de formación.

En la reunión de ayer, Scioli habría trasmitido al ministro Stornelli: "No queda margen para más errores".

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