Purga militar en Colombia por una masacre de jóvenes

BOGOTA.? En lo que constituye la mayor purga de las fuerzas armadas colombianas en la historia reciente del país, el gobierno del presidente Alvaro Uribe destituyó ayer a 27 militares, incluidos tres generales, por la desaparición y muerte de por lo menos 23 jóvenes que fueron reportados como "muertos en combate".
La medida, que tiene lugar en momentos en que grupos de derechos humanos acusan al ejército de Colombia de cometer actos ilegales en el marco de su lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, fue anunciada por Uribe; el comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

La decisión fue tomada a raíz de la desaparición, a comienzos de este año, de una veintena de jóvenes de Soacha, una localidad situada al sur de la capital colombiana, y el posterior hallazgo de sus cadáveres en una fosa común en una zona del noreste del país.

El ejército señaló inicialmente que se trataba de miembros de grupos guerrilleros y paramilitares "muertos en combate", pero pronto comenzaron las dudas, ya que sus familiares afirman que no tenían antecedentes judiciales y desaparecieron de forma misteriosa entre enero y febrero.

Ante las sospechas, un comité conformado a principios de mes por el general Padilla asumió las investigaciones del caso y el domingo pasado entregó los resultados.

La comisión encontró que "puede haber integrantes de las fuerzas armadas involucrados en asesinatos, y fallas en procedimientos, en protocolos y en vigilancia", afirmó el presidente Uribe, que además indicó que se comprobó que en algunas instancias del ejército "hubo negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las acciones militares.

"Es una situación que ha permitido que algunas personas puedan estar involucradas en crímenes, resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército", declaró el mandatario.

"Son crímenes que algunas regiones ?continuó? tienen por interés. Asesinan a inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales cuando son los verdaderos criminales los asociados con el ejército para cometer esos crímenes y para desorientar."

Uribe también recordó que su gobierno es el que más ha apoyado en Colombia a las fuerzas armadas y que no tolerará que el prestigio ganado por el ejército por las acciones de los últimos meses contra la guerrilla se vea empañado por violaciones de los derechos humanos. "El prestigio de las fuerzas armadas en el corazón del pueblo y de la comunidad internacional no puede mancharse por los delitos y por las fallas administrativas que algunos de sus integrantes cometan", dijo Uribe.

El grupo de removidos está encabezado por el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, que ejercían como comandantes de la VII y la II División del Ejército Nacional, y la Brigada XXX. Los tres tenían de 33 a 36 años de trayectoria castrense y eran los más altos responsables militares en la región donde se presentaron los supuestos combates en los que murieron los jóvenes.

Además de ellos hay otros 17 oficiales (cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, cuatro mayores, un capitán y un teniente), además de siete suboficiales (tres sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos y un cabo tercero).

Los tres generales se mostraron sorprendidos por la decisión y rechazaron las acusaciones, aunque aseguraron que respetarán la medida.

"Nunca he ordenado ninguna acción de la que tenga que avergonzarme", expresó Coronado, mientras que Pico dijo tener "la conciencia tranquila por lo hecho por el pueblo colombiano en estos años".

"Falsos positivos"

Grupos de derechos humanos denuncian desde hace meses que tienen informes que muestran un alarmante aumento de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, en un afán por mostrar buenos resultados en su lucha contra la guerrilla, escuadrones de ultraderecha y el narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como "falsos positivos??.

Ayer, de hecho, una ONG denunció que cerca de 1300 colombianos han sido ejecutados en forma extrajudicial en su país desde 2002, año en que Uribe asumió la presidencia.

"En los últimos 18 meses hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la fuerza pública", precisó el informe preparado por la Misión Internacional de Observación.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) pidió anteayer a la comunidad internacional suspender la ayuda militar al país por las violaciones de los derechos humanos, y ayer calificó la purga como "un pequeño paso en un largo camino para encontrar la justicia para los miles de colombianos víctimas de violaciones de los derechos humanos".

Los analistas, en tanto, aplaudieron la purga militar, pero solicitaron al gobierno aclarar las causas de la masiva destitución caso por caso.

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