Aunque sin la urgencia que, a partir de la fuga de los implicados por el triple crimen de General Rodríguez de un penal bonaerense, movilizó a la gobernadora María Eugenia Vidal a depurar el Servicio Penitenciario bonaerense, el Gobierno también avanza con cambios profundos en las cárceles federales. Ayer, el titular del SPF, Emilio Blanco, dispuso remover a la cúpula de Administración. 

Se trata de Carlos Eced, hasta ayer a cargo de la Dirección General de Administración: Darío Ferrara, director de Contaduría y Finanzas; y Rubén Paredes, director de Presupuesto; quienes fueron pasados a retiro, según pudo confirmar Clarín de fuentes oficiales. 

En rigor, la resolución de Blanco obedeció a un expreso pedido del subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques, con el aval del ministro de Justicia Germán Garavano. 

Mientras pulen los detalles del proyecto de reforma integral del Servicio Penitenciario que el Presidente enviará al Congreso antes de fin de año, en el Gobierno buscan dar una señal de cambios en materia de transparencia en el Servicio Penitenciario Federal. Especialmente luego de que en septiembre un juez citara a prestar declaración indagatoria a 38 altos funcionarios, en el marco de una causa en la que se investiga por administración fraudulenta en torno a los recursos destinados entre 2012 y 2015 a la alimentación de los internos en el Complejo Federal III de Salta. 

Días después de esa denuncia, Mahiques y Blanco dispusieron un curso "anticorrupción" dictado por dos especialistas británicos, John Podmore y Robert Evans, expertos en políticas penitenciarias y transparencia a nivel internacional. Allí el propio Mahiques dejó una advertencia, en linea con la instrucción que Macri bajó a cada ministerio: "No vamos a tolerar un solo de acto de corrupción. Quienes se aparten de la ley serán corridos de sus cargos, sin que nos tiemble el pulso".

Fuentes oficiales consultadas por Clarín aseguraron que esta medida no obedeció a "ninguna situación irregular" que se haya detectado y la inscribieron entre los profundos cambios que buscan implementar en el manejo de los recursos destinados a las cárceles. "Apuntamos a que haya un recambio generacional y para eso necesitamos promover a los más jóvenes", argumentaron. 

Por lo pronto, afirmaron que ya no habrá más compras de alimentos e insumos sin licitación, bajo la denominada modalidad de "legítimo abono". Y expusieron que, en lo va del año, ya se realizaron licitaciones para aprovisionamiento por más de 150 millones de pesos, cuando en 2015 todo fue a través de contratación directa.

Eso sí, admitieron que los procesos de auditoría sobre los gastos realizados en el pasado "están abiertos" y aseguraron que "si se llega a encontrar o advertir la posible comisión de algún delito, no se dudará en denunciarlo".

Aunque no lo dicen, en el Gobierno se guardan algunas cartas para evitar represalias por la depuración. Sucede que en las cárceles federales están alojados los presos de los casos más resonantes: desde involucrados en causas de corrupción, como el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; u otros vinculados al narcotráfico, como el colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", y los hermanos Cristian y Martín Lanatta; entre otros.