Pura cháchara

El Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, que había sido presentada por los integrantes del Tribunal Oral Federal. Dijo en su dictamen que no hubo irregularidades, y que la actuación de ambos magistrados fue pertinente. Pelota afuera.
Se trata nuevamente de Roberto Atilio Falcone, Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra, que en medio de su incesante labor judicial se habían hecho tiempo para presentar una denuncia que ponía en duda la labor del juez Eduardo Jiménez del Juzgado Federal nº 2 de Mar del Plata, y también del juez de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza. Los acusaban fundamentalmente de supuestas irregularidades vinculadas con las causas por delitos de lesa humanidad.

Una primera lectura de la denuncia había mostrado que faltaban conexiones lógicas entre las situaciones por ellos aludidas y las pruebas ofrecidas. Pero ante la necesidad de poner claridad en un asunto que parecía consecuencia de la influencia de las series televisivas de último momento, más que de un ejercicio de la jurisprudencia, los jueces denunciados hicieron sendos descargos: evidenciaron la falta de un sostén probatorio y legal de la presentación.

En síntesis, la denuncia pretendía demostrar una supuesta inactividad de la Cámara Federal en las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, por influencias externas sobre el juez Tazza, y también una extraña persecución que se llevaría cabo desde este semanario y la emisora 99.9 contra el TOF, con la complicidad del mismo juez. Se mencionaban además una filtración de información desde el tribunal del juez Jiménez en la causa que investiga un faltante de drogas de la bóveda del Tribunal Federal, y unas confusas idas y vueltas sobre teóricas amistades y enemistades, que dieron razón a excusaciones diversas de los jueces mencionados, como si hubiera parcialidades ocultas. Fantasmas en la noche.

Las respuestas

El primero en responder fue el juez Alejandro Tazza, allá por junio de 2007. Oportunamente destacó el asombro que le causaba la denuncia, y que negaba categóricamente cada uno de los términos incluidos en la ella. Cumplió en decir que ciertos términos de la presentación no se condecían con la realidad.

"La afirmación de la existencia de un supuesto complot pergeñado para desprestigiar a los ilustres miembros del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata no reviste seriedad alguna (…) y no resiste el menor análisis a tenor de los hechos verificables y comprobables", dijo Tazza. Indicó -para comenzar- que no lo unía ninguna relación de amistad personal con el periodista y director de este medio, José Luis Jacobo, como habían querido hacer constar. Y agregó que la mínima vinculación que los une es consecuencia de una presentación que hiciera hace más de diez años el mismo juez Falcone, ahora denunciante.

Precisamente, Falcone hablaba de una supuesta filtración de información desde el juzgado para beneficiar a este medio, que sería consecuencia de la relación de amistad personal antes mencionada. Tazza respondió diciendo:" Si existe relación personal entre Tazza y Jacobo lo ha sido gracias a la intervención, presentación y elogios propinados por el propio Roberto A. Falcone, para con el mencionado periodista. Que dicha relación exista no significa que el doctor Tazza le aporte información indebida al periodista mencionado para amplificar supuestas difamaciones". Además, y para más datos, indicó que no era él quien llevaba adelante las investigaciones administrativas sobre los secretarios por el supuesto faltante de drogas que se había registrado en la bóveda del TOF. Por lo tanto, mal podía haber dado información no pertinente.

Pero sí se sorprende Tazza de que sea Falcone quien niegue una relación de amistad con él, razón de sostén de numerosas excusaciones protagonizadas por el magistrado que parecen de pronto no haber tenido sentido. Pese a su desagrado evidente, pasa a enumerar las causas en las cuales el tribunal lo acusa de haber actuado con intereses parciales, y a demostrar cómo no solamente no fue así, sino que en la mayoría de los casos se trató de cuestiones que estuvieron fuera de su área de decisión.

Se detiene a precisar los plazos que le insumió dar su voto en las causas por delitos de lesa humanidad en los cuales tuvo participación. De todos los expedientes mencionados allí, la mayor de las demoras fue para el nº 3602, que le implicó 17 días para emitir su voto.

Otra voz

A su turno, les había respondido el juez Jiménez diciendo: "los argumentos vertidos por los denunciantes son falsos desacertados, meramente conjeturales o realmente ofensivos, no solamente hacia mi investidura profesional, sino en particular a mi dignidad personal".

La tesis de un complot contra el TOF que lo involucre personalmente le resulta "falsa y antojadiza, como asimismo carente de fundamentos mínimos que puedan sostenerla". Cita que cuando se registró el faltante de una importante cantidad de estupefacientes de la bóveda del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que generó una investigación acerca del obrar administrativo de aquellos magistrados, ni la Cámara Federal de Mar del Plata ni el cuerpo de la Magistratura observaron la actuación de Jiménez en aquella causa penal, sino que por el contrario la calificaron de "prolija".

Respecto de este tema, la denuncia de los integrantes del TOF había dicho que la mención que este semanario hiciera de las oscuras circunstancias que rodeaban la venta de la droga robada de adentro de aquel tribunal, había impedido el normal curso de la investigación. Dijeron que así se había impedido la captura de Walter Galván -el custodio involucrado en el narcotráfico- en flagrancia. Jiménez se ocupa de desdecir tales dichos, e indicar que la nota publicada no modificó sustancialmente los hechos, sino que Galván fue igualmente detenido y procesado. Se podría agregar que lo que verdaderamente se logró con la investigación periodística fue frustrar una quema de supuestas drogas, que se realizaría fuera de los días y horarios hábiles. Si se hubiera efectivizado, habría impedido el recuento de sustancias que debía realizarse al día siguiente, y por lo tanto el hecho permanecería oculto.

Sobre el punto de una eventual filtración de información, Jiménez aclara haber tenido una única entrevista con el director de este semanario, cuando no existía secreto de sumario en la causa. La reunión se realizó en su despacho y en presencia de la actuaria interviniente, Florencia Iriarte. "Cada periodista que ejerce su derecho a informar y editorializar sobre la información que difunde, se habrá de hacer cargo de sus dichos frente a posibles difundidos", agregó. Por supuesto, se aclara además que el juez Jiménez jamás acusó del faltante de drogas a los denunciantes, y que numerosos medios periodísticos del país también reunieron información precisa al respecto, no sólo este semanario que parece ser la manzana de la discordia.

El Consejo de la Magistratura dio por fin su respuesta, y estableció que la posible morosidad en la resolución de causas de lesa humanidad se debe únicamente a la complejidad que las caracteriza, porque conllevan una temática de múltiple elaboración. Dijo además que los jueces cuestionados indicaron que no son amigos de Jacobo, más que de otro periodista, sino que se saludan por la calle como con cualquiera: las elucubraciones y trascendidos no alcanzan para establecer que haya existido una conspiración en contra de los integrantes del TOF. Recomienda el Consejo que, en caso de que ellos encuentren que se ha afectado su buen nombre y honor, la justicia ordinaria prevé los espacios pertinentes para denunciarlo.

Por lo pronto, las notas publicadas por este semanario con respecto al robo y venta de estupefacientes no afectaron el desenvolvimiento de la investigación, que sería el único material achacable para la justicia. El resto es pura cháchara, como dijera un recordado político de la Argentina, que no dio más que para menudear los chistes televisivos. Y de cháchara no está hecha la verdadera justicia.

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