La rebelión de los jefes de la AFIP generó un cimbronazo. Una treintena de directivos del organismo recaudador expresaron su “elevada preocupación” por la causa Oil, que derivó en el procesamiento de personal jerárquico “por haber cumplido con sus funciones y haber desarrollado su trabajo habitual”.

Los jefes de Agencia y Director Regionales rechazan la judicialización de causas que involucran a los agentes de carrera y que derivan en imputaciones personales por las que deben responder con su patrimonio. Hasta ahora, según reveló Ámbito Financiero, se cuentan más de 30 casos judicializados entre personal impositivo y aduanero, donde se constató embargos sobre sus patrimonios y suspensión de haberes.

El detonante fueron los procesamientos de los contadores Gustavo Esperón y Eduardo Nappa en el expediente Oil Combustibles, por el que la AFIP reclama una deuda de $ 8 mil millones. Sin embargo, para los directivos de AFIP este asunto “no difiere del proceder” interno para “cualquier contribuyente” y lamentan que esos dos empleados públicos deban responder con su patrimonio personal por la falta de dictado de normativas específicas.

Se quejaron de que Ercolini procesó a los agentes sin tener en cuenta que no existía normativa que regule requisitos que impuso en su causa judicial, detalló Ámbito.

Por este motivo, los principales responsables de las oficinas de recaudación del área metropolitana unificaron su reclamo y canalizaron su disconformidad a través de una arrolladora carta enviada a fines de abril al titular del organismo, Leandro Cuccioli. Todos juntos concitan el 70% de la recaudación total de la AFIP.

En esa misiva, los jefes manifestaron que esta situación es “muy agraviante” y que no tiene “precedentes” en la organización pública.

Dentro de la AFIP responsabilizan por esta judicialización masiva a la errada estrategia de la gestión de Alberto Abad, de avanzar en sede penal con denuncias públicas y con equipos externos de abogados pese a los que cuenta el organismo.

Textuales y párrafos salientes de la carta

“Se manifiesta nuestra elevada porque se haya judicializado y asignado responsabilidad penal a funcionarios de carrera - Jefes de Agencia y Director Regional - por haber cumplido con sus funciones y desarrollado su trabajo habitual”.

“El estado de indefensión incertidumbre que genera estos procesamientos en todos nosotros es muy agraviante y sin precedentes en nuestra querida organización”.

“Resulta preocupante que se impute una conducta disvaliosa -y dolosa- a funcionarios del área operativa cuando el mismo Organismo, a través del área de Auditoría expresa en la OIP 15/2016 una serie de recomendaciones, desvinculado en forma contundente y taxativa a las áreas operativas”.

“Nuestra preocupación es que aquellas situación que no cuente con un amparo normativo (Instrucciones Generales, Disposiciones, Resoluciones Generales, etc) que determinen claramente el procedimiento a seguir, las áreas intervinientes y/o cuando los controles informáticos no se cumple adecuadamente, toda intervención realizada en base a nuestro leal saber y entender queda sujeta a futuros reproches penales por eventuales delitos contra la Administración Pública, tal como ocurre en la presente causa (por OIL), generándonos una sensación de incertidumbre laboral y agravio generalizado”.

“No podemos dejar de expresar nuestra zozobra, inquietud y aficción por la afectación personal, profesional y familiar que están sufriendo estos funcionarios de carrera Gustavo Esperón y Eduardo Nappa, a quienes injustamente mancharon en su buen nombre y honor, destacando su calidad humana, profesionalismo, probidad y compromiso constante con el este Organismo”.

“En estas tristes circunstancias, es que confiamos que las decisiones de las autoridades competentes estarán dotadas de absoluta legitimidad, velando cabalmente por la observancia de principios constitucionales básicos –tales como el de inocencia y defensa en juicio- así como también nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, e inclusive, fundadas en cuestiones de humanidad”.

“Así, damos por descontado que no se adoptará medida alguna que signifique la afectación en los ingresos de carácter alimentarios que perciben los funcionarios a través de su salario, debiendo tener presente que, no tenemos duda, nos hallamos frente a situaciones judiciales derivadas del ejercicio regular de sus funciones”.