El Gobierno cayó en otro acto de esquizofrenia al desmentir el escándalo del espionaje a tuiteros críticos que reveló Clarín y propalar al mismo tiempo a través de la agencia Télamnuevas denuncias contra ellos.

El escándalo estalló luego que el periodista Daniel Santoro revelara que el Gobierno envió un pedido de cooperación judicial a la agencia norteamericana Homeland Security para conocer los datos personales de un grupo de tuiteros que apoya al fiscal José María Campagnoli, suspendido por investigar a Lázaro Báez.

Este departamento es una poderosa dependencia de la Casa Blanca -el tercer ministerio en tamaño- creado tras el 11-S con el objetivo de proteger a ese país de los ataques terroristas. Bajo su órbita están las 24 agencias federales de seguridad.

Según la nota de Santoro, el proceso comenzó en enero cuando la fiscal Cristina Caamaño, enviada por el kirchnerismo para intervenir la fiscalía de Campagnoli en Núñez-Saavedra, hizo una denuncia contravencional por hostigamiento contra un grupo de tuiteros. 

Miembros del equipo de Campagnoli, a su vez, hicieron una denuncia penal contra Caamaño por abuso de autoridad. En su apuro por quedar bien con la Casa Rosada, esta fiscal llegó al extremo de desarticular a este equipo de investigadores y esparcirlos en distintos destinos.

Luego la fiscal Daniela Dupuy impulsó una causa en su fuero -es el que investiga los ruidos molestos, por ejemplo- y solicitó al jefe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, Walter Bernal, que arbitre “todos los medios a su alcance” para recabar datos de los tuiteros denunciados. Se trata de @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @andres uno (1) a cinco (5) días de arresto ”.

Desmentida esquizofrénica

Luego que estalla el escándalo por la nota de Santoro, la Cancillería que encabeza Héctor Timerman sacó un comunicado para atacar a Clarín con el palabrerío tradicional: “El presente comunicado, a la vez que sirve para informar que la Cancillería no ha realizado las gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos descriptas por Clarín, sirve para alertar a la población que no se deje engañar por campañas de medios y personas que invocando poseer información tienen como único objetivo engañar a sus consumidores”, señaló en su texto el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La de hoy es una más, seguramente no la última, que luego se demuestra están basadas en datos falsos o, directamente, inventados”, dice otro pasaje del comunicado de Timerman.

Así, con este insólito parte, la Cancillería logró atacar a los medios sin brindar absolutamente ninguna explicación. En el borde del ridículo, el comunicado de Timerman llega a decir incluso que el artículo de Santoro está "basado en datos falsos o directamente inventados" cuando la nota está basada en un documento (Ver facsímil) que el Homeland Security mandó a la empresa Twitter en San Francisco y ésta a los tuiteros críticos investigados en una causa contravencional.

El pedido al Homeland Security fue tan ridículo, que Washington comunicó a los tuiteros que apoyan al fiscal Campagnoli que se cerró la investigación en su contra porque se trata de opiniones políticas y no temas penales.

Santoro volvió a escribir sobre el tema y aseguró que “el intento de desmentida de Timerman habla de una "campaña" como si el pedido del gobierno argentino no existiera y él no fuera parte de la misma administración que puso en marcha este mecanismo de cooperación internacional -preparado para investigar la pedofilia- no hubiese existido”.

El burdo recurso del Gobierno para desligar a la Cancillería fue operado a través de la agencia oficial Télam, que en un cable aseguró que “la solicitud fue de la propia justicia” y que “en rigor, la denuncia fue presentada en el mes de marzo por la fiscal Caamaño luego de recibir decenas de amenazas a través de la red social Twitter, con el objetivo que se procediera a investigar la existencia de los delitos de hostigamientos y informáticos”.

Quien es Caamaño

Cristina Caamaño fue funcionaria de la actual gestión nacional: En 2010, Cristina Kirchner la llevó al recién creado Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, luego de su trabajo como fiscal en el crimen de Mariano Ferreyra, que terminó con la condena del sindicalista José Pedraza a 15 años de prisión.

La Presidenta había sacado esa cartera de la órbita de Aníbal Fernández y le ofreció entonces a Caamaño el cargo de titular de la secretaría de Seguridad. Con la llegada de Sergio Berni, pasó a cumplir funciones como secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, hasta que le aceptaron la renuncia con la llegada al frente del ministerio de María Cecilia Rodríguez.

El 13 de diciembre del año pasado, la Procuración General de la Nación designó a Caamaño en la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, en reemplazo de Campagnoli, que fue destituido de su cargo tras un pedido de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.

Pese a los vínculos innegables entre Caamaño y el Gobierno, según Télam la propia fiscal reafirmó la posición de la cancillería argentina y señaló que “el gobierno nacional no tuvo ningún tipo incumbencia en este caso, todos los procedimientos y pedidos de información fueron cursado por la justicia porteña a través de las divisiones de delitos informáticos”.

Y lo más curioso de la desmentida es que la propia agencia oficial confirmó que Caamaño volvió a denunciar hoy a los tuiteros: la fiscal aseguró a Télam que “desde el día de ayer comenzaron a amenazarme nuevamente desde Twitter con frases como “nos querés mandar al FBI hija de puta” o “devolvele la fiscalía a Campagnoli”, y al principio me tomó por sorpresa ya que desde el día que radiqué la denuncia, no volví a estar en contacto con la causa”.

Caamaño se volvió a perder la oportunidad de utilizar la herramienta de bloqueo de usuarios que brinda Twitter, como en marzo, cuando prefirió recurrir a la inteligencia norteamericana pese a la la retórica antiimperialista que intenta instalar Cristina Kirchner.