Punto de encuentro

Un allanamiento en el Instituto Provincial de la Vivienda, ordenado por un juzgado penal tributario, condujo a la justicia a establecer conexiones insospechadas entre la investigación del Plan Dignidad y causas nacionales por cohecho y evasión. Los papeles son un puente que conecta con Skanska y las facturas falsas para justificar altas coimas que escabullen impuestos. ¿Algo más?
La cuestión de la casas del Plan Dignidad, que fuera construido para implementar el paulatino proceso de reubicación de los habitantes de la Villa de Paso, tiene dos vías diferentes de curso. Por una parte, y en la superficie, el escándalo público que generó la toma de las viviendas por parte de vecinos del barrio Pueyrredon, que hizo sacudir la sensibilidad de la opinión pública. Los habitantes de la ciudad se ubicaron de uno u otro lado, según el conocimiento de esos hechos que hubieran podido concretar.

Por otra parte, la situación causante de aquella toma es el estado en el cual se encontraba el barrio, varias de cuyas viviendas habían sido abandonadas desde hacía más de dos años, en diferentes etapas de construcción. Por supuesto esto desató una verdadera batalla de pobres contra pobres, donde los únicos ilesos resultaron ser los verdaderos responsables de la injusticia: los constructores que habían incumplido.

Como se supo en aquella ocasión, las viviendas habían sido edificadas por una aparente ONG llamada Trabajar, que había recibido fondos suficientes del Estado y no había respondido a los compromisos asumidos: aducía que los pagos debían ser reajustados ya que era imposible mantener el presupuesto original. La cuestión fue que aquel instituto había girado fondos a una organización cuyos miembros ya estaban en la justicia por haber cometido desfalcos similares en la construcción de otros planes, que jamás se habían entregado.

Cuando las investigaciones fueron detrás de y procuraron los nombres del caso, se encontraron con que los responsables habían sido Jorge Trujillo, experto en conseguir contactos que borren su nombre de cualquier lista de responsables de cualquier delito, y ladero de fotos de Florencio Aldrey Iglesias, y su fiel hermano César Trujillo, cuya candidatura a senador es hoy objeto de bombos y platillos, avalada por la lista del Frente para la Victoria que aclama la conducción de Néstor Kirchner. La UOCRA, que tiene a este apellido como principal referente, se había ocupado de aclarar que el gremio como tal nada tenía que ver con la ONG, y que nadie estaba habilitado para recibir dinero en su nombre.

Hasta dónde

La causa siguió su curso, y a fines del año pasado un tribunal federal de la ciudad de La Plata dispuso un allanamiento en el Instituto Provincial de la Vivienda con apoyo de la policía, con el objeto de secuestrar toda la documentación pertinente que refiriera a la licitación y construcción del barrio Las Heras, sectores I y II del partido de General Pueyrredon. Se investigaba el presunto delito cometido por un grupo de personas que creaban sociedades ficticias de forma habitual, las cuales servirían como punto de apoyo para sus actividades ilícitas. Firma la orden el juez Arnaldo Hugo Corazza, pero indica remitir el material secuestrado al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nº1, a cargo de Javier López Biscayar.

El allanamiento se concretó, y los resultados fueron dos cajas de profuso material que mencionaba los barrios Don Emilio y Dignidad. La causa invocada iba en contra de Luis Di Biase por asociación ilícita.

Resultaba curioso que todo el material fuera remitido al juez López Biscayar, el mismo que tiene a su cargo la llamada causa Skanska, en la cual se investiga la existencia de una estructura económica ilegal para financiar organizaciones políticas y enriquecer funcionarios: evasión y cohecho.

Podría sintetizarse la operatoria Skanska de esta manera: existe una asociación ilícita –presuntamente liderada por Adrián Félix López- que proveía a la firma Skanska S.A. de facturas. Ese grupo se escuda en la firma fantasma Infiniti Group. Con esa documentación falsa se habrían respaldado erogaciones de capital para efectuar pagos ilegítimos a funcionarios públicos. De esa manera se simulaban unas operaciones comerciales que, al ser inexistentes, generaban un crédito fiscal espurio a favor de Skanska, y también deducciones improcedentes de la base imponible del impuesto a las ganancias, que a la misma firma le hubiera correspondido tributar. Skanska pagaba menos porque simulaba gastos que eran en realidad coimas.

Es por eso que para el juez, el primer delito a considerar aquí es la evasión, ya que la firma Skanska está eludiendo al fisco por efectuar deducciones improcedentes y computar créditos fiscales inexistentes.

Vuelve a casa

La causa de base investiga la asociación ilícita de la nombrada firma Infiniti Group SA, la cual sería -según se indica- el origen de los cheques y facturas truchas utilizadas para pagar convenientemente las coimas a funcionarios. Al abrir sus archivos, aparecieron mencionadas numerosas firmas de este medio que vuelven a comunicar todas las patas de este tremendo ovillo de relaciones fraudulentas. Porque algunas son empresas de la ciudad de Mar del Plata y negociaron valores con Infiniti Group: Antonio Barillari SA, Textilana SA, así como el mencionado Adrián López y Skanska. También figuran Wall Mart, Banelco, Clínica Bazterrica, Banco de Galicia, Banco Macro Bansud, y una centena de firmas de amplísima trayectoria y reconocimiento en el mercado. Pero en apariencia, Infiniti Group era una empresa dedicada a cuestiones de ingeniería.

El memorándum interno de Skanska dice -a propósito de una adjudicación- que el contador Ullúa – el cliente- les había recomendado la contratación de la ejecución de la ingeniería de detalle y de distintos manuales que solicita el pliego, a gente de su confianza con el "argumento inapelable de que es la forma de conseguir una aprobación más fluida y sin problemas". La recomendación viene de un funcionario público.

Ahora bien, en este marco de cohecho y coimas, el juez confiscó documentos referidos a la construcción de planes de vivienda para los sectores más carenciados de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué relación existe entonces entre los Trujillo, la ONG aparente llamada Trabajar y la causa Di Biase, que llevó a descubrir unas coimas que ya habían sido denunciadas por los diputados Esteban Eduardo Jerez y Esteban Bullrich?

¿Qué es lo que vincula a las grandes listas de negociadores de cheques que alimentan los archivos de Infiniti Group con la empresa constructora de Mar del Plata que dejó las casas sin terminar? ¿Por qué el juez ha reunido todo en una investigación que se empeña en no diversificar y sigue hablando de delitos conexos? Nada puede sorprender ya a las relaciones existentes entre las figuras que operan impúdicamente con los bienes y patrimonios del Estado y las altas esferas del poder político y judicial, pero siempre existe un punto de encuentro que va mucho más allá de lo que una mente creativa podría llegar a idear.

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