Punteros políticos cambian planes por favores personales

De trabajos domésticos a servicios sexuales
ras la crisis de 2001, una desocupada con hijos menores se inscribe en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, para cobrar un subsidio de $ 150 mensuales. Con la amenaza de quitarle el beneficio, el puntero político encargado de certificar que ella cumple con la contraprestación laboral que exige el programa, le cobra $ 15 por mes y, en algunas ocasiones, la presiona para que asista a marchas o actos partidarios.

La historia, a la que se le pueden agregar distintos nombres propios y lugares geográficos, es el modelo típico de los casos de clientelismo registrados en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el mayor programa de asistencia social de la Argentina, con 668.000 beneficiarios en la actualidad y más de 2 millones en sus primeros meses, en 2002.

Según un estudio que acaba de terminar el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) además de los pedidos de dinero y de las presiones para asistir a marchas o piquetes, los destinatarios del programa deben soportar que les exijan tareas en casas particulares, siempre bajo la amenaza de darles de baja el subsidio. A los hombres los usan como jardineros o albañiles. A las mujeres, que en algunos casos sufren acoso sexual, las utilizan como empleadas domésticas.

Cippec está entre los mejores cinco think tanks privados de América latina, según el reconocimiento que le dio el año pasado la Universidad de Filadelfia.

Con el título "El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza", el informe es el primer estudio cualitativo y cuantitativo de la utilización política de los planes sociales, una especie de radiografía inédita del fenómeno. Se hizo a partir del análisis de una muestra de 448 denuncias de las 4891 que tramitaron, entre 2002 y 2007, en la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises), que dirige Guillermo Marijuán. El 59 por ciento de esos sumarios llegó a la Justicia.

El primero y quizás más importante descubrimiento del estudio es que la mayor cantidad de casos de clientelismo, el 79,5 por ciento, se produce no durante las etapas de inscripción o pago, sino en la de la contraprestación laboral. En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar, esta contraprestación consiste en el cumplimiento de actividades comunitarias, de capacitación o microproductivas, en jornadas de cuatro a seis horas por día. El control está a cargo de los organismos públicos o privados donde se realizan las actividades, en general, agrupaciones políticas o municipios.

"Cuanto más rutinarias, repetitivas y sostenidas en el tiempo son las acciones en cada etapa, mayores son los incentivos y las oportunidades para las prácticas clientelares", concluye el informe, elaborado por Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola. "En teoría, la decisión de excluir a una persona por inasistencia en el cumplimiento de la contraprestación debía pasar por un proceso formal de revisión con el objetivo de prevenir medidas arbitrarias. Pero en la práctica la amenaza de un coordinador puede ser más efectiva y convincente que cualquier proceso administrativo para prevenir decisiones arbitrarias", agrega.

Con esa lógica, los autores relativizaron el impacto del pago electrónico en la transparencia del programa, dado que esa herramienta sólo evita el clientelismo en la etapa del cobro del subsidio.

Pero, al margen de la etapa en que se detecta, ¿en qué consisten las prácticas clientelares, tantas veces denunciadas? La más común, de acuerdo con el estudio de Cippec, es el cobro de un porcentaje del subsidio, que abarca el 45,4 por ciento de los casos denunciados. En casi dos terceras partes de ese universo (63,2 por ciento), se exige entre el 10 y el 20 por ciento del plan, es decir, entre 15 y 30 pesos al mes. Pero hay veces (3,4 por ciento) en que la extracción llega hasta los 75 pesos.

A esa irregularidad le siguen las amenazas, que alcanzan el 21,6 por ciento del total; la contraprestación irregular, con el 19,6 por ciento; el proceso de pago irregular, con el 8,3 por ciento; el uso político de los programas, con el 3 por ciento; el acoso sexual, con el 0,5, y otros, con 1,6.

Los autores aclararon que las amenazas operan en general como instrumentos para alcanzar otros fines, como el cobro de dinero o el cumplimiento de una contraprestación irregular. Dentro de esta última categoría, la práctica más denunciada, con el 69,4 por ciento, es la de exigir a los beneficiarios del programa que participen en marchas y piquetes.

Le sigue la de obligar a los titulares del beneficio a trabajar en casas particulares (22,3%), como empleadas domésticas las mujeres y como jardineros o albañiles los hombres, o en negocios. "Mientras las marchas y los piquetes implican la politización partidaria de los programas sociales -dice el informe-, los negocios privados y el trabajo en el espacio doméstico representan lisa y llanamente la privatización de los programas públicos."

Un delito silencioso

Para los autores, los casos de acoso sexual están subrepresentados, dado que "se trata de un tipo de violencia de género que se caracteriza por presentar un importante subregistro de denuncias, ya que son pocas las víctimas que hacen la denuncia por temor a ser revictimizadas".

Dos terceras partes de los acusados son punteros políticos barriales, que en el estudio de Cippec son mencionados como los coordinadores del plan que mantienen una relación directa y cotidiana con los beneficiarios por medio del control de los registros de asistencia a las actividades de contraprestación. En menor medida, también se denuncia a empleados municipales (9,9%) y a los bancos que hacen el pago (8,1%).

El estudio de Cippec consigna también que, pese a la situación de gran vulnerabilidad en que se encuentran, los principales denunciantes de irregularidades, con el 71,4 por ciento, son los propios beneficiarios de los subsidios, en su mayoría, mujeres.

NOVIEMBRE DE 2002

Sexo por planes sociales

Se denunció que en el interior de Tucumán, a cambio de la entrega de los planes sociales, se pedían contraprestaciones indebidas y, en algunos casos, se exigían relaciones sexuales.

JULIO DE 2004

Municipios bajo sospecha

El fiscal Guillermo Marijuán denunció ante la Justicia que más de 3000 empleados de más de 100 localidades de la provincia de Buenos Aires percibían un plan social, pese a no estar desempleados.

AGOSTO DE 2004

La intendenta que cobraba

La justicia federal procesó a una intendenta formoseña que había inscripto a parte de la planta del municipio en el programa para desocupados y que después les descontaba los 150 pesos del subsidio.

SEPTIEMBRE DE 2004

El millón de pesos perdido

La Justicia logró que la entidad crediticia devolviera a la Anses casi un millón de pesos de planes sociales que había sido derivado a una cuenta de orden interno del banco.

OCTUBRE DE 2005

Para conseguir fiscales

El fiscal Guillermo Marijuán denunció que unos concejales kirchneristas de San Martín entregaban planes sociales a cambio de que los beneficiarios actuaran como fiscales en las elecciones legislativas.

AGOSTO DE 2008

Electrodomésticos por votos

El fiscal federal Federico Delgado pidió la citación como sospechosos de dos funcionarios de Alicia Kirchner: Carlos Castagneto y Marcela Vessvessian. Los acusó de haber repartido electrodomésticos con fines electorales días antes de las elecciones de octubre de 2005.

Comentá la nota