Sobre llovido, mojado. Por su condición de minoría en el Congreso, el Poder Ejecutivo aceptó someterse a lo largo del año a negociaciones de toma y daca para poder avanzar con leyes clave, como la de pago a los holdouts, el blanqueo y el Presupuesto 2017. Para conseguir los votos necesarios, el Tesoro debió conceder buenas tajadas a los gobernadores peronistas, entre reintegros de coparticipación, obras y reparto de montos adicionales. Otras tajadas se fueron en exenciones a sectores empresarios, como las de la ley pymes. El déficit fiscal no se detuvo y hay pronósticos de crecimiento para el año próximo. Ahora, la oposición le apunta con un desafío exponencial: dos proyectos que suenan atractivos para extensas capas de trabajadores formales, desocupados y subocupados totalizarían un costo fiscal de casi 130 mil millones de pesos.

Según estimaciones del Gobierno, son los baches que dejarían el año próximo la ley de emergencia social (más de $ 50 mil millones) y la reforma del Impuesto a las Ganancias ($ 75 mil millones), en caso de aprobarse tal como quiere la oposición. De esa suma, Hacienda contempló apenas la cesión de $ 27 mil millones por la módica reabaja que planea en el impuesto a los trabajadores, de acuerdo a las cuentas proyectadas en el Presupuesto, que en una semana serán aprobadas en el Senado y vienen de ser acordadas con los gobernadores.

“Insostenible”, “es nuestro límite”, repiten voceros de Cambiemos. Con todo, la necesidad de llegar a fin de año sin desbordes sociales reabre canales de diálogo, como el de ayer entre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con movimientos piqueteros, y el inédito de mañana entre esas agrupaciones y el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot (ver página 8). El telón de fondo es la ley de emergencia social, que tras ser aprobada el miércoles en el Senado ingresó a paso lento ayer en Diputados. Allí se establece la exigencia de crear un millón de empleos sin decir de qué barril sacar los fondos. Fue una movida del Movimiento Evita, conformado por ex ultra K, acompañada por el resto del coro opositor, para beneficiar a los sectores más postergados. El massismo y el PJ disidente de Diego Bossio ofrecieron sus votos decisivos para conseguir quórum ( los mismos que suelen facilitar las leyes del Ejecutivo) a cambio de unir ese reclamo al de la ley que favorece a los trabajadores mejor pagos.

Por eso, se agregó el apuro por definir una reforma del Impuesto a las Ganancias que el oficialismo pensaba extender hasta después de verano. La única barrera que por ahora tienen a mano los diputados de Cambiemos es apelar al reglamento para impedir que el resto del mundo reúna los dos tercios necesarios para avanzar con ambos proyectos sin dictamen previo. Con todo, el debate estará instalado, y de cara a algunos sectores sociales puede deparararle costos sociales inevitables.

Un dato llamativo es que ni las fuerzas más colaborativas del Gobierno mostraran contemplaciones en esta embestida. Referentes oficialistas venían advirtiendo que la convivencia pacífica en el Congreso hasta entrada la campaña electoral del 2017 que amasaban los más optimistas era una ilusión. “Estaba anunciado que iban a despedir el año con un hecho político”, alegan. Es la campaña, Macri.